Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 47/2020 de 03 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de 16 de noviembre de 2015, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado, por delegación del Ministro de Justicia, que deniega la solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia a Fabio, nacional de Argelia.

Denegación que se fundamenta en que el interesado no ha justificado el requisito de residencia legalmente exigido porque el plazo de 10 años no se ha cumplido con continuidad en el tiempo inmediatamente anterior a la petición ( artículo 22.3 del Código Civil), ya que según consta en la documentación que obra en el expediente el interesado no ha estado en posesión de la preceptiva autorización de residencia desde el 19 de noviembre de 2004 hasta el 11 de enero 2005.

El demandante, disconforme con dicha resolución, alega que el 24 de abril de 2015 solicitó la nacionalidad española por residencia y que el requisito de la residencia legal y continuada se cumple por cuanto de la documentación obrante al expediente resulta que ha permanecido desde 2003 hasta 2015 ininterrumpidamente, a lo que hay que unir la doctrina del Tribunal Supremo aplicada por esta Sala conforme a la cual lo relevante no es la ausencia en sí, sino la fijación de domicilio en España y la vinculación con el territorio.

Por su parte el Abogado del Estado esgrime que el actor solicitó su primera autorización de residencia el 22 de octubre de 2003 que le fue concedida el 12 de abril de 2004, por lo que habiendo pedido la nacionalidad española el 22 de agosto de 2013 resulta claro que no habían transcurrido 10 años de residencia legal ininterrumpida inmediatamente anterior a la petición, como exige el artículo 22.3 del Código Civil, siendo ajustado a derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Lo s artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a una serie de requisitos, entre los que se encuentra, por lo que aquí nos interesa, la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece.

En relación con el requisito de la residencia, exige el artículo 22.3 del Código Civil, que la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Es decir, el cumplimiento de dicho requisito objetivo, como subraya la STS de 17 de febrero de 2011 (Rec. 459/2010) exige la concurrencia de tres circunstancias: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjería que vengan establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud en el que incide la STS de 10 febrero 2015 (Rec. 3025/2012).

Además, conforme el apartado 3 del artículo 22 del Código Civil, el plazo ha de estar completado inmediatamente antes de la petición, « con independencia de las vicisitudes que el procedimiento para la concesión pueda propiciar en relación dicha exigencia» ( STS de 10 de febrero 2015, Rec. 3025/2012), de ahí que no pueda atenderse para completarlo al plazo posterior a la solicitud que haya transcurrido durante la tramitación del expediente.

En el caso de autos, de la documentación aportada resulta que la solicitud de nacionalidad se presentó el 22 de agosto de 2013, conforme señala el Abogado del Estado en la contestación, y no el 24 de abril de 2015, como se indica en la demanda, y la primera solicitud de autorización de residencia (que le fue concedida), se efectúa el 22 de octubre de 2003.

Por tanto, el 22 de agosto de 2013 en que se formula la petición de nacionalidad, no había transcurrido el plazo de 10 años de residencia legal, ininterrumpida inmediatamente anterior a la petición de nacionalidad, exigido por el artículo 22.3 del Código Civil, plazo de 10 años que no resulta controvertido al tratarse de un nacional de Argelia y exigido por el artículo 22.1 del Código Civil.

En consecuencia, el recurso contencioso administrativo interpuesto debe ser desestimado.

TERCERO.- La desestimación del recurso conlleva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, la imposición de costas a la parte actora, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que confiere el apartado 4 de dicho precepto, limita la cantidad máxima a reclamar por dicho concepto a la cifra máxima de 1000 €, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y actuaciones procesales desarrolladas.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación