Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 117/2019 de 03 de mayo del 2023

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio de Asuntos Exteriores de e 31 de octubre de 2018 y su confirmación en reposición, por la que se conceden subvenciones correspondientes al ejercicio 2018 a Entidades Privadas sin ánimo de lucro para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la política exterior española.

Alega la recurrente:

1.- Omisión del trámite de audiencia por la Administración demandada en el desarrollo del procedimiento de concesión de subvenciones.

2.- Falta de motivación de la Resolución de la Resolución de 31 de octubre de 2018.

3.- Arbitrariedad de la Resolución de 31 de octubre de 2018, que vulnera los principios de concurrencia competitiva.

SEGUNDO : Omisión del trámite de audiencia por la Administración demandada en el desarrollo del procedimiento de concesión de subvenciones.

La recurrente, con cita del artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo, sostiene que debió dársele traslado de la propuesta de resolución, a fin de que pudiese alegar lo que estimara oportuno y presentar, en su caso, los documentos y justificaciones pertinentes.

No podemos olvidar las normas contenidas en la Orden AEC/415/2018, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, y que rigen la concurrencia competitiva de los aspirantes a obtener la subvención. Esta Orden, en su artículo 8.6, dispone:

"6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva."

En el mismo sentido el artículo el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece:

"Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva."

La recurrente sostiene que el "Informe de Valoración" emitido por la Comisión de Valoraciones supone, fuera de toda duda, un claro ejemplo de "datos o argumentos nuevos". Pero tal informe no contiene datos o argumentos nuevos, valora los datos y argumentos aportados por el interesado.

Efectivamente, el artículo 8.4 de la Orden AEC/415/2018, establece:

"4. La Comisión de Valoración, tras la comparación y análisis de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el artículo siguiente, emitirá un informe de valoración dirigido al órgano instructor en el que se concretará el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes."

La actividad de la Comisión de Valoración consiste en analizar los datos y argumentos ofrecidos por los interesados en obtener la subvención, y se dirige al órgano instructor, no a los interesados.

El análisis que la Comisión de Valoración realiza sobre las restantes peticiones de subvención, no puede considerarse, en ningún caso, aportación de hechos, datos o argumentos nuevos, pues consiste en el examen de los datos aportados por los solicitantes.

En conclusión, no se han considerado otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la recurrente en el proceso de concesión de subvenciones, en lo que a su solicitud se refiere, que es el supuesto contemplado en las normas antes citadas, y, por ello, es conforme a Derecho, prescindir del trámite de audiencia.

TERCERO : Falta de motivación de la Resolución de la Resolución de 31 de octubre de 2018.

El artículo 10.2 de la Orden AEC/415/2018, dispone:

"2. La resolución habrá de ser motivada de acuerdo con lo que disponga la convocatoria, haciendo alusión a los criterios de valoración de las solicitudes, determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda."

Fuera de toda duda que la Resolución que resuelve sobre la concesión o denegación de la subvención debe ser motivada.

Ahora bien, en cuanto al contenido de tal motivación, debemos tener en cuenta el contenido del artículo 35.2 de la Ley 39/2015, que establece:

"2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte."

Por lo tanto, existe una integración del contenido del expediente con los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, de suerte que obtiene relevancia en el ámbito de la motivación, el informe de la Comisión de Valoración que analiza las distintas solicitudes.

En el supuesto que analizamos, consta en el expediente en el documento nº 9, acta de la Comisión de valoración de 8 de octubre de 2018, así como la propuesta del informe de valoración, documento nº 10 donde se concreta la valoración obtenida por el proyecto de la Fundación ahora recurrente y los restantes participantes.

Concluimos que la Resolución está suficientemente motivada, conociendo la recurrente las razones por las que se le ha denegado la subvención.

CUARTO : Arbitrariedad de la Resolución de 31 de octubre de 2018, que vulnera los principios de concurrencia competitiva.

Sostiene la recurrente en su demanda que:

"(...) de los 5 puntos posibles en cada uno de los criterios de evaluación (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Orden AEC/415/2018), que en la convocatoria determinan un total de 25 puntos posibles, tan sólo se otorga un "3" en uno de los 5 criterios, concediéndose infundadamente un "2" en otros 4 y un "1" en el restante. En definitiva, la valoración en cuestión supone que, de un total de 25 puntos posibles, se otorgue a mi representada un 10 sobre 25. (...)

Dicho criterio excluye finalmente, de modo arbitrario, a mi mandante del acceso a las subvenciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 10.5 de la Convocatoria, que dispone que "[s]ólo podrán ser beneficiarias de las subvenciones aquellas entidades cuya valoración general haya superado, al menos 3 puntos de los 5 posibles", concediéndosele, casualmente, exactamente 2 de 5 posibles. En definitiva, se parte de una conclusión, la exclusión discriminatoria de una entidad por motivo de su pensamiento o base ideológica, para construir a partir de la misma el razonamiento dirigido a justificar la misma: esto es, la infravaloración, sin explicación que se precie, de las cualidades de su Proyecto al objeto de excluirlo de la convocatoria."

En resumen, la recurrente considera que la puntuación que le ha sido otorgada, al ser muy baja, según su criterio, es arbitraria y obedece a una discriminación por razones ideológicas.

Pero para llegar a esa conclusión, sería necesario algún elemento objetivo añadido al de una puntuación baja, que bien puede obedecer a las características del proyecto presentado.

En este apartado de la demanda, la recurrente muestra su disconformidad con la puntuación obtenida por su proyecto, pero el desarrollo de su razonamiento parte de valoraciones subjetivas que, aunque respetables, no pueden sustituir el criterio de la Comisión de Valoración. Tampoco esta Sala puede sustituir tal criterio. Realizamos un enjuiciamiento de la legalidad del acto administrativo, por lo tanto, no podemos fundarlo en apreciaciones subjetivas de valoración del proyecto.

En la demanda, no se imputa a la valoración la infracción de ninguna norma jurídica, por lo que debemos entender que la misma se ajusta a Derecho.

QUINTO : Procede imponer las costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: