Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 716/2021 de 30 de noviembre del 2023

PRIMERO : El acto impugnado y el sistema normativo aplicable.

La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de la Sra. Subsecretaria del Ministerio del Interior de fecha 5 de abril de 2021, actuando por delegación del Sr. Ministro, por la que se acordó tener por caducado el procedimiento sobre solicitud de protección internacional iniciado por Dª Gema.

SEGUNDO: El examen del expediente administrativo pone de manifiesto que la recurrente al tiempo de solicitar la protección internacional fijó un domicilio en España, en concreto la CALLE000 nº NUM001, de Fuenlabrada (Madrid). También revela el examen del expediente que su documentación de residencia provisional había caducado el 20 de agosto de 2019 sin que la recurrente se hubiera presentado ante las dependencias administrativas para renovarla.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la administración en ningún momento requirió a la recurrente para que compareciera en sus dependencias a los efectos de renovar dicha documentación.

TERCERO: El artículo 27 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria establece lo siguiente: "Se pondrá fin al procedimiento mediante el archivo de la solicitud cuando la persona solicitante la retire o desista de ella, en los casos y en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso, se podrá presumir que dicha retirada o desistimiento se ha producido cuando en el plazo de treinta días el solicitante no hubiese respondido a las peticiones de facilitar información esencial para su solicitud, no se hubiese presentado a una audiencia personal a la que hubiera sido convocado, o no compareciera para la renovación de la documentación de la que se le hubiera provisto, salvo que demuestre que estos comportamientos fueron debidos a circunstancias ajenas a su voluntad.

No podemos compartir la interpretación que de este precepto realizan la administración y la abogacía del Estado en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de renovación implica de manera automática y sin necesidad de requerimiento previo, la caducidad del procedimiento.

La redacción del precepto es inequívoca cuando condiciona la resolución sobre el archivo del procedimiento a que ésta se haga "en los casos y en los términos" de la Ley 30/1992, en la actualidad 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto de los artículos 68 y 73 de la citada Ley se desprende, sin género de dudas, que la resolución acordando el archivo de un procedimiento en caso de que el peticionario haya incumplimiento algún trámite preceptivo, solo será posible cuando haya precedido un requerimiento de la administración y éste no haya sido atendido. Incluso en la propia resolución, la Administración justifica su decisión, por no haber atendido la recurrente su requerimiento. Como ya hemos señalado, tal requerimiento no se produjo pero es llamativo que la propia administración parte de la base de que el mismo necesario.

Pero es más, el plazo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/2015 para atender los requerimientos de la administración es de 10 días, mientras que el establecido en el artículo 27 de la Ley 12/2009 es de 30 días y el mismo se establece en su párrafo segundo para todos los supuestos que contempla dicha norma, entre lo que se encuentra el de no haber comparecido para la renovación de la documentación de la que se le hubiera provisto.

Al tiempo de la petición de la protección internacional, la administración impuso a la recurrente, entre otras, la siguiente obligación: "Informar o comparecer ante las autoridades cuando sea requerido en relación con su solicitud, renovación de documentos y demás circunstancias relativas a su solicitud" y se añadió, sin matiz alguno, que se presumiría el desistimiento de la solicitud en caso de no presentarse para renovar la documentación de la que se le hubiera provisto.

Esta información es incompleta pues omite informar al solicitante de la obligación de la administración de efectuar un previo requerimiento en caso no presentarse para la renovación de los documentos correspondientes y de consignar que, producido el requerimiento, procederá el archivo en caso de que el mismo no fuera atendido en 30 días. Como evidencia dicho texto, la presunción que facilita la posibilidad de archivar el procedimiento se construye sobre la base de la existencia de un requerimiento previo no atendido.

Realizar una interpretación restrictiva de dicho artículo en los términos propuestos por la defensa del Estado que sostiene que en este caso no es preceptivo el requerimiento previo, implicaría colocar a los peticionarios de asilo en una posición más desfavorable que a los ciudadanos que se dirigen a la administración en procedimiento ordinario con la consiguiente vulneración de los principios de efectividad y equivalencia.

Dado que la recurrente fijó un domicilio en España y que no consta ni siquiera que se haya producido el requerimiento y menos aún que se haya intentado su notificación en dicho domicilio, procede estimar el recurso, acordando que se continue con el procedimiento de la solicitud de protección internacional presentada por Dª Gema.

CUARTO.- Se imponen las costas a la parte actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1º de la Ley Jurisdiccional, limitándolas a 1.000 euros por todos los conceptos.