Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 136/2021 de 30 de noviembre del 2023

PRIMERO: Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

1. D. Leoncio es experto en radiofrecuencia, con una dilatada formación y experiencia.

2. La Comisión Europea publicó en 2010 una Decisión (2010/267/UE) con objeto de armonizar las condiciones técnicas relativas a la disponibilidad y utilización eficiente de la banda del dividendo digital para prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea.

3. Mediante el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, modificado por el Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, partiendo del marco jurídico del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, se reguló la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión con tecnología analógica, que se llevó a cabo el 3 de abril de 2010.

4. En dicha norma se establecía un proceso de reordenación del espectro y se regulaba la asignación de canales múltiples digitales a los prestadores del servicio de televisión, con el objetivo de que la subbanda de frecuencias de 790 a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69) pudiera quedar reservada para otros usos y servicios antes del 1 de enero de 2015.

5. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 51 establece que la banda de frecuencias 790-862 MHz se destinará principalmente para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas, en línea con los usos armonizados que se acuerden en la Unión Europea, señalando que dicha banda deberá quedar libre para poder ser asignada a sus nuevos usos antes del 1 de enero de 2015.

6. Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 2011, se aprobó el Plan Marco de Actuaciones para la liberación del dividendo digital.

7. La Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un Programa Plurianual de Política del Espectro Radioeléctrico, establece en su artículo 6.4 que los Estados miembros deberán garantizar que la banda del dividendo digital esté disponible para servicios de comunicaciones electrónicas antes del 1 de enero de 2013, permitiéndose en casos excepcionales debidamente motivados la autorización de aplazamientos por parte de la Comisión Europea. España presentó en octubre de 2012 solicitud de aplazamiento de la citada fecha, que fue concedida mediante Decisión de la Comisión Europea de 23 de julio de 2013.

8. Mediante Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, se aprueba un nuevo Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, y se establece un nuevo escenario para la reordenación del espectro y del proceso de liberación del dividendo digital que sustituye al previsto en el Real Decreto 365/2010, 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples digitales de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.

9. Finalmente, el 26 de diciembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 17/2014, por el que se amplía el plazo para el nuevo apagón hasta el 31 de marzo de 2015.

10. El 22 de enero de 2015 D. Leoncio, tanto en su propio nombre, como en representación de las entidades Telecomunicaciones y Domótica Internacional, S.L, y Video Radio Frecuencia, S.L, interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados por los daños supuestamente derivados de la actuación de la Administración del Estado en el proceso de liberación del dividendo digital, solicitando el abono de 3.391.079,45 euros en concepto de indemnización.

11. Mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se desestimó la reclamación precedente.

SEGUNDO: Po r la mercantil se interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad de los actos recurridos por no ser conforme a derecho.

La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

1. Los reiterados incumplimientos en las anunciadas y sucesivas previsiones del Ministerio de Industria y su Secretaría de telecomunicaciones respecto a la liberación del dividendo digital, han mantenido bloqueado el mercado durante tres años.

En ese período se han frustrado las necesarias inversiones realizadas por el recurrente, en capacitación, promoción, reciclado y acopio de materiales que generaron obsolescencia en los amplificadores previstos por causa del cambio inesperado de los canales de frecuencia en diferentes planes técnicos para un mismo cometido.

2. El incumplimiento de los acuerdos contraídos con las instituciones europeas, ha roto las necesarias previsiones del sector.

3. Denuncia la incapacidad del Ministerio de Industria y su Secretaría de Telecomunicaciones para regular un sector y un mercado de extrema importancia para nuestro desarrollo social y económico:

No han dado cobertura a las nuevas tecnologías y a su implantación para integrarlas en la estructura productiva de nuestro país, para mayor eficiencia y competitividad de nuestras empresas.

4. Las nuevas tecnologías de comunicación y telecomunicación a las que el dividendo digital dará cobertura, son la puerta de acceso natural al primer empleo para nuestra juventud, segmento de importancia crítica en nuestra sociedad y que las instituciones mencionadas han mantenido cerrada frente a toda lógica y previsión.

5. Según el párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Economía Sostenible, los gastos derivados de la liberación del dividendo digital serán sufragados por la administración del Estado con los ingresos que se obtengan con la licitación pública del espectro radioeléctrico que quede libre.

6. De los 800 millones previstos en los presupuestos, 600 deberían de haber ido a las comunidades de propietarios para pagar al instalador la adaptación de sus antenas y cabeceras de amplificación, tras adquirir los materiales en los almacenes de material de antenas aprovisionados por los respectivos fabricantes, manteniendo así vivo el mercado y las cotizaciones del sector.

7. En octubre de 2014 se concedieron apenas dos meses para la realización de las actuaciones técnicas aún pendientes, obligando a los operadores del sector a una adaptación rápida y deficiente, que daba ventaja a la fibra y generaba competencia desleal.

8. La no disponibilidad ni subvención para la recepción vía satélite supone una discriminación e infringe el principio de neutralidad tecnológica.

9. El hecho de que la recepción de los canales nacionales no estén en España disponibles vía satélite para el gran público supone una merma muy importante y un atentado para el libre mercado de la antena, además de una limitación para el contribuyente que no tiene parangón en el resto de países europeos homólogos al nuestro.

10. En el BOE del 11-11-2014, página 92898, referente a las ayudas y para que no afecten a las condiciones de comercio y de la competencia, se indica textualmente: "La compensación respetará los principios de neutralidad tecnológica "Los beneficiarios podrán optar por cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso a los servicios de información televisiva como ADSL. SATELITE, CABLE o TDT.

11. Los canales nacionales están disponibles vía satélite pero no accesibles para el gran público.

12. Reclama los gastos de personal y los derivados del mantenimiento de su actividad profesional a lo largo de los sucesivos anuncios de puesta en marcha de la liberación del dividendo incumplidos, que como distribuidor de aparatos y material radioeléctrico y electrónico, han hecho que permanezca abierto y preparado como agente necesario para el sector y por lo anteriormente mencionado, para el sistema económico nacional.

13. Reclama por los daños ocasionados a su patrimonio con un valor de: 2.291.079.45€ acreditados en tasación colegiada de la empresa del año 2010 en cuanto al valor del fondo de negocio de Telecomunicaciones Domótica Internacional SL, imagen, calidad y red comercial más los bienes embargados o en procedimiento de embargo por un valor de 550.000€. Las sanciones por incapacidad en el pago de liquidaciones a trabajadores y las demoras por el mismo motivo en el pago a otras administraciones.

Además de 250.000€ en concepto de lucro cesante y 300.000€ de depreciación de su stock, lo que hace un total de 3.391.079.45€ a falta de las deudas pendientes de pago con la administración de hacienda y la seguridad social.

TERCERO: La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

CUARTO: Pr acticada la prueba declarada pertinente fue señalado el día 28 de noviembre de 2023 para la deliberación, votación y fallo, actuaciones que tuvieron lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

QUINTO: Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.