Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1166/2021 de 31 de enero del 2024

PRIMERO.- Objeto del recurso y contenido de la resolución recurrida.

Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de la Resolución del Ministro del Interior, de 1/12/2020, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por el recurrente, al no haber quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951; y al no concurrir ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

SEGUNDO.- Los precedentes de este Tribunal.

Juan Pablo formalizó su petición de protección internacional en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería en fecha 08 de octubre de 2019 junto con su grupo familiar, haciendo extensiva su petición a su hijo menor Alexander. El grupo familiar estaba compuesto por el solicitante, su mujer Salome, su madre Sonia, el padre de su mujer Cornelio.

Este grupo familiar obtuvo varias resoluciones ministeriales desestimatorias, que han sido juzgadas por diferentes Secciones de esta Audiencia Nacional, cuyo criterio hemos de seguir, porque se refieren a las mismas circunstancias vitales y a la misma realidad sociopolítica y delincuencias del país de origen.

Son las sentencias de ocho de marzo de dos mil veintitrés de la Sección Cuarta, dictada en el recurso contencioso administrativo número 107/2021, promovido por D. Cornelio, y la sentencia de la Sección Primera, de once de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el recurso contencioso administrativo número 1597/2021, interpuesto Salome.

Dando por reproducidos los argumentos de ambas sentencias, resaltamos de ellas que con arreglo a las mencionadas pautas (jurisprudenciales) y sobre la base del propio relato de la recurrente, se puede concluir que la extorsión y amenazas alegadas, de las que no se aportan indicio alguno, por parte de componentes de las maras, con una finalidad de carácter económico que no guardan relación con los motivos de asilo, suponen actuaciones que nada tienen que ver con las motivaciones propias de la protección internacional y podrían calificarse de delincuencia común. A lo anterior, añadir, que el agente perseguidor sería un tercero y no componente de las autoridades del país, y si bien es cierto que conforme al artículo 13.c) de la Ley 12/2009, los agentes de persecución pueden ser agentes no estatales, ello se anuda a que los agentes mencionados en los apartados a) y b), "no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves", dicha circunstancia no concurre en el caso de autos, sin que pueda afirmarse que las autoridades del país de origen hayan adoptado una posición de pasividad, desidia a la hora de investigar los hechos.

La decisión ha de ser la misma, la desestimación del recurso, por ajustarse a derecho la resolución recurrida.

TERCERO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas, no procede imponerlas, porque en las dos referidas sentencias ya se han impuesto, y es lo cierto que todos los recursos debieron haberse tramitado en un solo proceso y resueltos en una sola sentencia, y si no se ha hecho así la menor responsabilidad es la de los recurrentes, que no han de sufrir una consecuencia negativa tan reiterativa e injusta.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,