Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 862/2022 de 31 de enero del 2024

PRIMERO.- Se impugna la Resolución de 17 de abril de 2022, dictada por la Subsecretaria de Interior por delegación del Ministro del Departamento, por la que se deniega el derecho de asilo y protección subsidiaria.

El recurrente, de nacionalidad peruana, formalizó su petición de protección internacional el 12 de noviembre de 2021 ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, tras su llegada a España el día 23 de septiembre 2021. La petición fue admitida a trámite, siguiéndose por el procedimiento ordinario previsto en el artículo 24 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

En la solicitud de protección internacional adujo que perdió su trabajo en la empresa en la que trabajaba debido a la aprobación de una ley por el Gobierno y le ha sido muy difícil encontrar trabajo. Además, ha recibido amenazas por parte de un cliente de la empresa en la que trabajaba, el cual adelantó un dinero para un proyecto antes de la pandemia, pero que no ha podido realizarse como consecuencia de ella. El cliente está vinculado con el narcotráfico y le amenaza con que se atenga a las consecuencias si no devuelve el dinero. Las amenazas proceden de este sujeto o de una mujer, que le llaman por teléfono de forma anónima, razón por la cual no ha llamado a la policía.

Decidió venir a España porque tiene un primo aquí que le ha ayudado con el coste del viaje.

La resolución impugnada se fundamenta en que no ha quedado establecida la existencia de una persecución contra el solicitante, ni una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951. De la misma forma, se entiende que tampoco concurre ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

SEGUNDO.- La parte recurrente solicita en su demanda que dicte sentencia por la que se declare la nulidad de todos los actos administrativos posteriores al 12 de noviembre de 2021, acordando la retroacción de las actuaciones a ese momento.

Aduce a tal efecto que no consta en las actuaciones que el solicitante disfrutara de asistencia letrada más allá de haber marcado con una cruz la renuncia a tal asistencia, siendo así que la renuncia ha de ser expresa y no implícita.

Añade que no consta la notificación al solicitante de los distintos trámites del expediente, refiriéndose en concreto a la falta de notificación de la propuesta de resolución y de la propia resolución, lo cual le habría causado indefensión al no poder realizar alegaciones.

Por su parte, el Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, se opone a ésta y sostiene la conformidad a derecho de las resoluciones recurridas, alegando la ausencia de los requisitos que justifican el reconocimiento del asilo conforme a la Ley 12/2009, y de las razones humanitarias a que refiere el artículo 3.3 de dicha Ley.

TERCERO.- Hemos de rechazar primeramente la vulneración de derecho a la asistencia letrada a la que, en efecto, tienen derecho los solicitante de asilo a tenor de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, en el cual se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, entre otros, en los siguientes supuestos:

e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

Por su parte, el art. 16 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, dispone que:

2. Para su ejercicio, los solicitantes de protección internacional tendrán derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita, que se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la tramitación del procedimiento, y que se prestará en los términos previstos en la legislación española en esta materia, así como derecho a intérprete en los términos del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000 .

La asistencia jurídica referida en el párrafo anterior será preceptiva cuando las solicitudes se formalicen de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 21 de la presente Ley .

Según el régimen jurídico descrito, la asistencia jurídica gratuita únicamente tiene carácter preceptivo en los procedimientos iniciados mediante solicitudes formuladas en frontera, lo que no es el caso. De manera que en la tramitación del resto de procedimientos la asistencia jurídica gratuita ha de ofrecerse a los solicitantes de asilo, pero es renunciable por estos.

De esta manera, una vez constatado que el solicitante, tal como por lo demás admite en la demanda, renunció a la asistencia letrada, ha de descartarse la invocada vulneración del derecho.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LRJCA se imponen las costas a la parte recurrente por haber sido rechazadas todas sus pretensiones, si bien, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 del mencionado artículo y teniendo en cuenta el alcance y la dificultad de las cuestiones planteadas, se fija como cifra máxima por todos los conceptos la suma de 1000 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación española,