Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 993/2021 de 31 de octubre del 2023

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la contra la resolución dictada por el Ministerio del Interior de 15 de enero de 2020 denegatorias del derecho de asilo y la protección subsidiaria.

La resolución impugnada entiende que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni un temor fundado a padecerla, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo previsto en la Convención de Ginebra de 1951 y en los artículos 3 y 7 de la Ley 12/2009 de 31 de octubre, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado.

De la misma forma, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión de protección subsidiaria.

SEGUNDO. - Se basa la demanda en que el solicitante de asilo alega, no expresamente pero sí se infiere así de su relato, que su vida o integridad física corren peligro, ya que no se ve protegido por sus autoridades, de un país (BH) ni siquiera reconocido por la Unión Europea como tal y que tiene acreditadas y serias deficiencias para proteger a sus ciudadanos al no reunir la totalidad de los estándares de actividad necesaria para la protección en materia de seguridad personal a los ciudadanos que habitan en él.

Entiende que la falta de asistencia letrada, sin que conste que el interesado ha negado que se le proporcione tal asistencia, así como la de intérprete, son elementos relevantes a tener en cuenta para poder afirmar que el expediente de asilo no reúne las condiciones legales, en este caso, contenidas en la Ley de Asilo y su normativa de desarrollo por lo que debe anularse la resolución denegatoria del asilo pretendido.

En cuanto a la protección subsidiaria, la parte entiende que el regreso del recurrente a su país de origen podría acarrearle la muerte, o peligro para su vida e integridad, dadas las actuales condiciones de inseguridad para quien depende de las decisiones aleatorias de grupos descontrolados, aunque sea en el contexto de hechos particulares como aquí ocurre, pero determinados por la falta de protección desde el Estado de los ciudadanos del país de nacionalidad del solicitante de asilo, al no contar este último con protección de las autoridades que se ha puesto de manifiesto en esta demanda.

Según el Abogado del Estado en el escrito de contestación a la demanda, resulta que la resolución recurrida hace un detallado examen de las circunstancias del país, según información suministrada por los organismos e instituciones que detalla, en relación a la situación de los derechos humanos en general e información específica sobre el país, -utiliza como fuente un total 10 direcciones web-, exponiendo la información derivada de las mismas. Además se han tenido en cuenta todas las circunstancias personales que alega, su declaración en la entrevista personal así como la documentación presentada.

Además, en vía judicial ha podido ampliar, y combatir la valoración que de tales datos ha realizado el Ministerio del Interior por lo que ninguna indefensión se le ha causado.

De cualquier modo, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo la de que, en las infracciones procedimentales, no existe indefensión si, a pesar de la omisión de un trámite preceptivo el interesado ha tenido ocasión de alegar a lo largo del procedimiento administrativo, o en vía del recurso administrativo o jurisdiccional, todo lo que no pudo alegar al omitirse dicho trámite ( Sentencia de 20 de junio de 2012; recurso 2.144/2009).

TERCERO. - La Constitución dispone que "La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

Esa Ley a la que la Constitución remite es hoy la 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, que se aplica en la resolución impugnada.

El art. 2 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Tales requisitos son a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo): «Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».

Y el art. 3 de la citada norma dispone que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

El artículo 6 de la norma pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor.

El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Por fin, en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley describen quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.

Para la concesión del estatuto de refugiado, deben cumplirse los siguientes requisitos: (1) uno o varios motivos de persecución por razón de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, (2) actos de persecución o ausencia de protección contra los mismos, y (3) nexo o conexión entre los motivos y los actos o persecución o la ausencia de protección.

CUARTO. - El solicitante de asilo al folio 4 del expediente claramente manifiesta que no solicita el asilo por ser perseguido sino por el hecho de que tiene deudas en su país y que podían matarlo si no las paga; además afirma que vino a España porque le habían dicho que aquí había trabajo pero que nadie le ha perseguido en su país.

Por lo demás, no procede sino confirmar lo dicho por la resolución que se recurre en el sentido de que solicitante se encuentra en nuestro país por lo menos desde el año 2007, y no solicita protección internacional hasta más de diez años después, en noviembre de 2019, sin que en sus alegaciones aporte ningún argumento que explique de manera razonable tal demora.

El tiempo transcurrido entre su llegada y la petición de protección internacional ahora formulada resta credibilidad a la necesidad de la protección demandada puesto que la inmediatez es un elemento clave para evaluar el riesgo real del solicitante, que tiene el deber de solicitar protección en cuanto llega a un país seguro.

Revisado el expediente resulta que al folio 3 aparece la asistencia de interprete en el acto de Información de Derechos así como que renunció a la asistencia de letrado de oficio en dicho tramite por lo que no puede entenderse que se haya producido ninguna irregularidad en la tramitación del expediente; su firma y la del interprete aparecen en todos los folios del expediente por lo que no puede entenderse que se haya producido ninguna irregularidad.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente hasta el limite de 1.000 euros.