Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1094/2021 de 31 de mayo del 2023

1. Dña. Ofelia, nacional de Colombia, impugna la resolución del Ministerio del Interior, de fecha 25 de julio de 2020, que le denegó el Derecho de Asilo, así como la Protección Subsidiaria.

La hoy demandante presentó su solicitud de protección internacional, el 21 de agosto de 2019, ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Oviedo, siendo admitida a trámite e instruida por el procedimiento ordinario.

Tal y como figura en la entrevista inicial (páginas 6 y 7 del expediente administrativo), los hechos relevantes que motivaron su petición fueron los siguientes:

"LA SOLICITANTE VIVIA JUNTO A SUS PADRES, HERMANA Y UNA SOBRINA EN CALI, TRABAJABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA "CREMAS Y HELADOS JC" HASTA SEPTIEMBRE DE 2016 Y POSTERIORMENTE EN TECNI ESTRUCTURAS LIMITADAS TAMBIEN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EN MARZO DE 2016 COMENZO A TRABAJAR EN LA EMPRESA CREMAS Y HELADOS JC, EN AGOSTO DE ESE AÑO CUANDO SE ENCONTRABA TRABAJANDO RECIBE UNA LLAMADA EN SU TELEFONO PERSONAL DE UN NUMERO DESCONOCIDO, UN HOMBRE QUIEN DICE SER SUBCOMANDANTE DEL ELN COMUNICANDOLE QUE SU COMANDANTE QUIERE HABLAR CON ELLA, QUIEN LE DICE QUE HA VISTO SUS REDES SOCIALES (LA SOLICITANTE PUBLICABA EN SU FACEBOOK CRITICAS HACIA EL GOBIERNO DE COLOMBIA), Y LE GUSTABAN SUS PENSAMIENTOS POLITICOS, LOS CUALES ERAN AFINES A LA IDIOLOGIA POLITICA DEL GRUPO Y QUE QUERIA REUNIRSE CON ELLA EN UNA HACIENDA DENOMINADA " DIRECCION000" VIA BUENAVENTURA LOS TUBOS, QUE SI DESEA DISPONER DE UN VEHICULO O UNA ESCOLTA QUE DISPONDRIA DE ELLA, YA QUE CONOCIAN DONDE VIVIA ASI COMO TRABAJABA, LA SOLICITANTE LE RESPONDIO QUE NO LE INTERESABA NINGUN TIPO DE RELACION CON ESE GRUPO, POR LO QUE DICE QUE LO PENSARA YA QUE SABIAN DONDE VIVIA. LA SOLICITANTE SE PONE EN CONTACTO CON SU MADRE PARA PREGUNTAR SI ALGUIEN HABIA LLAMADO A CASA PREGUNTANDO POR ELLA, RESPONDIENDO QUE SI QUE HABIA LLAMADO UN AMIGO QUE VENIA DE PALMIRA QUE NECESITABA SU TELEFONO YA QUE HACIA MUCHO QUE NO TENIAN CONTACTO, POR LO QUE SU MADRE LE FACILITO EL NUMERO DE SU TELEFONO. LA SOLICITANTE COMENTA CON SU JEFE Y COMPAÑEROS LOS SUCEDIDO, CONTESTANDOLA QUE NO ERA NORMAL QUE TENIA QUE ACUDIR A LA POLICIA, ASI COMO LLAMAR A SU PADRE PARA QUE LA ACOMPAÑARA A CASA. AL DIA SIGUIENTE LA SOLICITANTE ACUDE AL GAULA PARA EXPONER LO SUCEDIDO, Y LE RESPONDEN QUE NO PUEDE INTERPONER LA DENUNCIA YA QUE OCURRIDO FUE UNA LLAMADA TELEFONICA EN LA CUAL NO HA HABIDO NINGUN TIPO DE EXTORSION, QUEDANDOSE CON EL NÚMERO TELEFONICO QUE LA LLAMO, Y LE DICEN QUE POSIBLEMENTE LA LLAMADA FUE REALIZADA DESDE LA CÁRCEL, TAMBIEN LE DIJO QUE NO CAMBIASE EL NUMERO DE TELEFONO YA QUE NO HABIA NINGUNA AMENAZA, Y QUE ELLOS HARIAN UN SEGUIMIENTO DE SU NUMERO. EN SEPTIEMBRE. EN SEPTIEMBRE LE FINALIZA EL CONTRATO CON LA EMPRESA.

EN NOVIEMBRE COMIENZA A TRABAJAR NUEVAMENTE Y TODO TRANSCURRE CON NORMALIDAD. EN ENERO DE 2017 COMIENZA A RECIBIR MENSAJES DE TEXTO (LOS CUALES APORTA) EN LO QUE LE DICEN QUE ES OBJETIVO MILITAR. EN FEBRERO, CUANDO LA SOLICITANTE SE ENCONTRABA EN SU TRABAJO, SU MADRE LA LLAMA Y LE DICE QUE HA VENIDO UNA CHICA PREGUNTANDO POR ELLA Y QUE VOLVERIA POR LA NOCHE, QUE ESTA MISMA CHICA VOLVIO EN VARIAS OCASIONES PERO EN NINGUNA DE LAS MISMAS SE ENCONTRABA LA SOLICITANTE EN EL DOMICILIO. EN FEBRERO DE 2018 CUANDO LA SOLICITANTE REGRESA A CASA, OBSERVA COMO UN TAXI SE DETIENE ENFRENTE DE. SU CASA OBSERVANDO EN LA PARTE TRASERA A UNA CHICA CON UN UNIFORME DE TRABAJO , LA SOLICITANTE SE ACERCA Y LES PREGUNTA SI LES PUEDE AYUDAR, LA CHICA DICE QUE ESTA BUSCANDO A Ofelia, LA SOLICITANTE LES CONTESTA QUE ES ELLA, LA CHICA LE DICE QUE Ofelia ES UNA CHICA ALTA, RUBIA Y DE PIEL BLANCA, LA SOLICITANTE REITERA QUE ESTAN EQUIVOCADOS POR LO QUE SE VAN DEL LUGAR. AL ENTRAR A SU CASA LE COMENTA A SU PADRE LO OCURRIDO, ESTE LE DICE QUE LA SITUACION COMIENZA A SER PREOCUPANTE POR LO QUE TIENE QUE SALIR DEL PAIS. LA SOLICITANTE CONTINUA CON SU VIDA FINALIZANDO SU CONTRATO DE TRABAJO EN ABRIL, PERO NO LE PAGAN LA LIQUIDACION NI SU SUELDO. PASAN LOS MESES Y HABLA CON UN AMIGO Remigio, QUIEN LE COMENTA QUE TIENE FAMILIA EN ESPAÑA Y QUE PENSABA VENIR DE VACACIONES, LA SOLICITANTE LE DICE QUE SI PUEDE VENIR EN LA MALETA, CONTESTANDOLE QUE SI QUIERE LE COMPRA EL BILLETE DE AVION PARA VENIRSE A LO QUE SOLICITANTE ACCEDE, APORTANDO ELLA EL DINERO NECESARIO PARA ENTRAR COMO TURISTA. LLEGA A ESPAÑA EN OCTUBRE DE 2018, RECIBIENDOLA UNA TIA SUYA EN LANGREO, VIVIENDO CON ELLA COMO TURISTA HASTA QUE SE LE TERMINA EL TIEMPO COMO TURISTA, YA QUE NO LA QUIERE

EMPADRONAR PORQUE SE ENCUENTRA ARREGLANDO SU DOCUMENTACION, SE TRASLADA CON UNA AMIGA DE SU TIA, DONDE VIVE ACTUALMENTE, QUIEN LA ESTA AYUDANDO EN LO QUE PUEDE, DE VEZ CUANDO SU PADRE LE ENVIA DINERO DESDE COLOMBIA. DESCONOCE SI HAN VUELTO A PASAR POR SU DOMICILIO A BUSCARLA YA QUE SUS PADRES NO ESTAN PRACTICAMENTE EN ELLA. QUE SOLICITO LA CITA PARA PROTECCION INTERNACIONAL EN MAYO DE 2019, YA QUE EL MARIDO DE SU TIA LE HABLA DICHO QUE NO PODIA SOLICITARLO POR ENCONTRARSE YA EN ESPAÑA, Y QUE LES METERIA A ELLOS EN PROBLEMAS, POSTERIORMENTE EN LA CRUZ ROJA LE INFORMAN DE TODO LO CONTRARIO".

2. La resolución administrativa impugnada fundamenta su decisión denegatoria en la apreciación de no haberse acreditado la existencia de un temor fundado de persecución por los motivos previstos en el artículo 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre y, en consecuencia, en la no concurrencia de los requisitos para el reconocimiento del Estatuto de Refugiado.

Después de tomar en consideración la información del país de origen de la solicitante y, en concreto, informes de diversas organizaciones especializadas sobre el paramilitarismo en Colombia y de los nuevos grupos armados que han surgido en los últimos años, calificados como grupos criminales transnacionales y, de otra parte, las medidas específicas desarrolladas frente a esas actividades criminales por el Gobierno de Colombia, la resolución impugnada analiza los motivos de persecución alegados por la solicitante para rechazar que existan en este caso los motivos de persecución que tengan que ver con la pertenencia a un grupo social determinado, tal y como se defina en la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

Así, se considera en los FFJJ CUARTO, QUINTO y SEXTO, lo siguiente:

"CUARTO. De acuerdo con sus alegaciones, la persona solicitante habría sufrido la acción violenta por parte del ELN.

Aunque el ELN persigue una finalidad política, los objetivos generales del agente de persecución por sí solos no bastan para demostrar una persecución por motivos políticos. Para ser susceptible de protección, es necesario que el acto de persecución o el temor de padecerlo de la persona solicitante se produzca como consecuencia de alguno de los fundamentos previstos en la Convención de Ginebra. Es decir, que no es suficiente con que haya temor de una persona de ser perseguida por el ELN y que el ELN tenga una finalidad genéricamente política; es indispensable que el temor de ser perseguido de la persona solicitante se produzca por sus opiniones políticas, ya sean reales o imputadas. Se debe tener en cuenta que, como grupo armado ilegal, los hechos violentos cometidos por miembros de la guerrilla podrían estar orientados a una finalidad meramente delictiva, sin estar necesariamente vinculados a un objetivo político primordial.

Así, por ejemplo, dos formas habituales de actuación de este grupo son la extorsión y el intento de reclutamiento y/o colaboración. En principio, y por su propia lógica, ninguna de estas acciones se encuadra entre las finalidades protegidas por la Convención de Ginebra.

Por lo que se refiere a la extorsión, se trata de una acción con finalidad fundamentalmente económica o de financiación. El Tribunal Supremo en numerosas sentencias ha considerado que la extorsión no es causa de protección internacional salvo en determinados casos, cuando se cumplen de forma acumulativa los siguientes requisitos:

En primer lugar, se requiere que la finalidad de la extorsión y amenazas no se agote en dicha acción, esto es, no procure únicamente un beneficio económico a sus autores sin más. La extorsión, para que sea tenida en cuenta de cara a la protección internacional, debe tener un carácter medial o instrumental al servicio de una finalidad superior, como puede ser financiar la actividad terrorista de un grupo organizado que pretende alterar el orden político en su país de origen ( Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2009).

En el caso de Colombia, la información de país de origen muestra cómo la situación ha transitado de una situación de conflicto a una de posconflicto en la que los actos delincuenciales están desconectados de la lógica de la disputa del poder político. Así, en la presente solicitud no se puede considerar que la lógica del extorsionador vaya más allá de la finalidad económica o el control de un territorio y en ningún caso se puede entender que tengan como objetivo la aplicación de una ideología o la lucha política. En este sentido se han manifestado, por ejemplo, las recientes SAN n. rec. 377/2018 de 24 de mayo de 2019; SAN n. rec. 260/2015, de 7 de junio de 2019; SAN n. rec. 634/2018,de 11 de junio de 2019; SAN n. rec. 601/2018, de 26 de julio de 2109.

En segundo término, para que la extorsión sea causa de protección se requiere el concurso de otras circunstancias que individualicen al sujeto frente al conjunto de ciudadanos que le confieran un perfil relevante socialmente (como pueden ser los periodistas o los defensores de los derechos humanos), en cuyo caso no se podría valorar la posibilidad de un desplazamiento interno en condiciones de seguridad y dignidad y la capacidad de protección por parte de las autoridades del país quedaría reducida.

En el presente supuesto, la persona solicitante no ha alegado poseer características que la individualicen sobre el resto de los ciudadanos y que puedan ser indicio de que la extorsión no está fundamentada exclusivamente en motivos económicos sino en alguna de las causas de la Convención. Se trata, además, de una persona cuyo desplazamiento a otro departamento o localidad en el que no actúe el grupo criminal que le extorsiona hubiera sido suficiente para acabar con la persecución que manifiesta sufrir.

En cuanto a los intentos de reclutamiento o de colaboración con los grupos armados, la finalidad de estos actos no es castigar o reprimir una característica que el grupo perseguidor considere ofensiva. El grupo armado quiere que las personas reclutadas luchen con ellos o colaboren en sus fines ilícitos que son, en último término, la finalidad del acto de reclutamiento y de las amenazas por desobediencia. No hay odio político, religioso, nacional o étnico. Estas organizaciones de carácter paramilitar tienen la necesidad de ejercer una fuerte disciplina sobre sus miembros y sobre posibles personas reclutadas precisamente porque no tiene tras de sí la fuerza coactiva del Estado. Se trata de un mero instrumento del grupo armado para conseguir sus fines ilícitos, que generalmente son de control social y económico. Tampoco en este caso existe, pues, un vínculo de los supuestos actos de persecución con los motivos de persecución protegidos por la Convención de Ginebra.

Pues bien, en el presente caso no se observa una relación de causalidad entre el acto de persecución por parte del ELN y el fin político que esa guerrilla persigue con las opiniones políticas (reales o imputadas) de la persona solicitante. Antes bien, las acciones temidas se identificarían con actuaciones de naturaleza delictiva que no guardan relación alguna con los motivos de la Convención de Ginebra.

QUINTO. Descartada la motivación de la persecución en la raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, los hechos reseñados en el expediente únicamente podrían ser subsumibles en la pertenencia a un grupo social determinado. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, y la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 13 de diciembre de 2011, establecen dos requisitos acumulativos para considerar que existe un grupo social determinado: que las personas integrantes de dicho grupo compartan una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien compartan una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les pueda exigir que renuncien a ella, y que dicho grupo posea una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

Ninguno de estos requisitos es identificable en el presente caso. A este respecto, hay que señalar que no consta que la persona solicitante tenga un perfil de activista social y/o líder comunitario en su municipio de residencia. Las acciones de naturaleza delictiva descritas por ellos se inscriben en un entorno de delincuencia y peligrosidad que, a pesar de su gran alcance, tienen como finalidad obtener un beneficio económico y mantener el control de las diferentes zonas donde tienen su área de dominio. Este tipo de actuaciones pueden estar dirigidas contra todo tipo de personas, de diferentes perfiles y características, sin que quepa afirmar que quienes son víctimas de las mismas puedan conformar un grupo social por este hecho, teniendo en cuenta la normativa vigente y la doctrina y jurisprudencia que la interpretan.

Además, del artículo 6.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, se desprende que no es suficiente con que haya temor fundado a padecer actos de persecución y que la persona solicitante pertenezca a una etnia, nacionalidad, religión, grupo social determinado o tenga una opinión política; es necesario que los actos de persecución estén basados en -o al menos sea una razón relevante- alguno de los motivos del art. 7. En efecto, para que tenga encaje dentro de la institución del estatuto de refugiado, la persecución, aunque sea realizada por un agente tercero no estatal, ha de estar relacionada con uno de los motivos de la Convención de Ginebra. Esto es, no basta con que exista un temor fundado de persecución y un motivo de persecución (p. ej., profesar una religión o tener cierta opinión política), sino que lo esencial es confirmar que la persecución se haya producido o se pueda producir como consecuencia de una causa de la Convención de Ginebra (p. ej., que se tenga temor de ser perseguido por profesar una religión o por tener cierta opinión política). En un caso como el presente, el motivo de la persecución no podría ser la pertenencia a un posible grupo social determinado: el agente perseguidor no pretende discriminar a la persona solicitante por poseer una característica inmutable, ni la pone en el punto de mira por realizar una cierta actividad a la que no se le puede exigir que renuncie etc. La prueba es que no solo se ven afectados por este tipo de actuaciones las personas con el perfil de la persona peticionaria. Es decir, que no hay nada en la persecución alegada que apunte a que el motivo de dicha persecución puede tener que ver con algo parecido a la pertenencia a un grupo social determinado tal y como se define en la Ley 12/2009, de 30 de octubre. Se trata, simplemente, de un acto de persecución motivado por fines ajenos a la Convención de Ginebra, sin que en la elección de la víctima haya discriminación o intento de represión de una "característica protegida" que la persona solicitante no pueda cambiar o no se le pueda exigir que cambie. Este tipo de actos de persecución están totalmente desconectados de una motivación en el sentido de la Convención, con independencia de que, como un mero ejercicio teórico, se pueda construir un grupo social determinado para la persona perseguida -la clave es que no se le persigue por pertenecer a ese grupo.

Por todo ello, se entiende que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución por los motivos previstos en el art. 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre y, en consecuencia, no concurren los supuestos para el reconocimiento del estatuto de refugiado.

SEXTO. Los miembros de la guerrilla del ELN que habrían causado el temor fundado de persecución deben ser considerados agentes terceros y no componentes de las autoridades del país. A este respecto, tanto el artículo 13 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, como el artículo 6 de la Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre, determinan que podrán ser agentes de persecución individuos u organizaciones no estatales si puede demostrarse que el Estado o los partidos y organizaciones que controlan el Estado no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o daños graves.

Siendo el Estado colombiano el competente para conocer la situación alegada, la información de país de origen muestra que las autoridades de ese país no son indiferentes ante la actuación de estos grupos armados organizados. Por el contrario, los poderes públicos destinan cuantiosos recursos humanos y materiales para la persecución y el enjuiciamiento de los responsables, estableciendo diversos cauces para que los ciudadanos soliciten protección a las autoridades.

Por todo ello, se entiende que no habría quedado acreditado un temor fundado de persecución por los motivos indicados y, en consecuencia, no concurren los supuestos del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, por lo que se valora de forma desfavorable el reconocimiento del estatuto de refugiado.

Por último, se entendió que tampoco concurrían las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria con arreglo al artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre.

3. En la demanda, como primer motivo de recurso, se alega la nulidad de la resolución impugnada por carecer de la debida motivación al ser ésta incongruente. Entiende la demandante que la Administración no ha motivado correctamente la resolución que se impugna, lo que puede dar lugar a una nulidad de pleno derecho conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley 30/92.

En lo tocante al fondo, se discrepa de la fundamentación de la resolución recurrida, alegándose que concurren indicios suficientes de persecución política, al haber sido la demandante objeto de amenazas de muerte por parte de miembros del ELN tras su intento de reclutamiento, así como por la imposibilidad de desplazarse a otra zona del país, pues estaría continuamente vigilada por el grupo perseguidor.

Alternativamente, se considera en la demanda que debería ser reconocida la protección subsidiaria, ya que hay un riesgo real entendido como riesgo concreto y no abstracto al que alude el artículo 4 de la Ley 12/2009 de sufrir alguno de los daños graves, si la demandante regresa a Colombia, a los que se refiere el artículo 10 dicha Ley.

A lo que se opone el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, rebatiendo tanto los defectos procedimentales alegados como, en cuanto al fondo, en línea con la argumentación de la resolución impugnada que, además, considera plenamente motivada e improcedente tanto la petición de asilo como de protección subsidiaria así como, en último término y con invocación de la jurisprudencia sobre el particular, el otorgamiento de la protección instada con carácter subsidiario, al no existir datos de los que deducir que la recurrente se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

4. Abordamos en primer lugar el reproche que se hace en la demanda a la resolución impugnada por ausencia de motivación.

En efecto, y frente a lo que en la demanda se alega, no puede apreciarse falta de motivación de la resolución impugnada ni tampoco incongruencia omisiva , ya que la misma dando respuesta a lo pedido por la solicitante, contiene una exposición detallada de los Hechos y de los Fundamentos de Derecho en los que se particulariza y se da cumplida razón de la decisión del caso a la vista de las alegaciones del solicitante basadas fundamentalmente en amenazas y extorsiones por parte de una banda criminal, sin identificar, de las que operan en la ciudad colombiana de Pereira, descartando la propia resolución que tuvieran finalidad política. Todo ello para concluir que no se aprecia la existencia de motivos contemplados en el artículo 3 de la Ley de Asilo para poder otorgar el asilo solicitado ni tampoco la protección subsidiaria, por no darse los motivos del artículo 10 de la propia Ley 12/2009. Y, de acuerdo con reiterada jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, para determinar si la motivación del acto es o no suficiente resulta preciso tomar en consideración si, de acuerdo con las circunstancias concurrentes, en el supuesto enjuiciado se expresan datos suficientes para conocer las razones o fundamentos del acto.

En este caso no puede dudarse de que los datos contenidos en la resolución recurrida han sido suficientes para conocer las razones tanto fácticas como jurídicas de la decisión administrativa, como lo prueba el hecho de que en este caso su destinataria ha demostrado un cabal conocimiento de los motivos que, en definitiva, llevaron a la Administración a adoptar la decisión que ahora impugna y frente al cual la demandante ha podido alegar cuanto he entendido conveniente a su derecho, sin que por ello haya sufrido indefensión.

En definitiva, en este caso no puede dudarse de que los datos contenidos en la resolución recurrida y, además, por la remisión al informe de la Instrucción obrante también en el expediente administrativo, han sido suficientes para conocer las razones tanto fácticas como jurídicas, de la decisión administrativa, como lo prueba el hecho de ese cabal conocimiento de los motivos que, en definitiva, llevaron a la Administración a adoptar la decisión que ahora se impugna, sin incongruencia alguna y frente a la cual la demandante ha podido alegar cuanto ha entendido conveniente a su derecho, sin haber sufrido indefensión.

5. La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España»

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, en su artículo 2 define el derecho de asilo como "la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."

El referido artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que "la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Los requisitos establecidos en el art. 1 de la Convención y I.2 del Protocolo son :

«Que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».

En el artículo 6 de la Ley se pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión, de esa manera, de cualesquiera otros de relevancia menor. En el artículo 7 se establecen criterios para valorar los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Y en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley se describe quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.

6. En el caso que analizamos, lo cierto es que los hechos relatados por la recurrente no son subsumibles en las causas establecidas en la Convención de Ginebra de 1951 ya que, en definitiva, la demandante no ha acreditado, ni siquiera indiciariamente, haber sufrido una persecución personal en el sentido que la citada Convención y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo, otorgan a dicho término. O lo que es lo mismo, la demandante no ha sufrido una persecución personal por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género o de orientación sexual, ni se desprende de su declaración la existencia de un temor fundado a sufrirla. La demandante alega que esos actos y amenazas habrían sido perpetrados por agentes terceros pertenecientes a grupos de delincuentes vinculado al Ejército de Liberación Nacional que operan en la ciudad de Cali, lugar en el que residía. Por ello, y frente a lo que en la demanda se alega, la resolución administrativa analizó el relato propuesto por la solicitante, poniendo de manifiesto que no se había justificado que esas características que se alegaron le individualizasen sobre el resto de los ciudadanos colombianos y que pudiera ser un indicio de que los actos delictivos no estaban fundamentados exclusivamente en motivos económicos y de estrategia para mantener el control de las diferentes zonas donde tienen su área de dominio determinados grupos de delincuentes, al igual que de la guerrilla, vinculados al narcotráfico.

En el caso que analizamos, y como ya anticipábamos, lo cierto es que los hechos relatados por la recurrente no son subsumibles en las causas establecidas en la Convención de Ginebra de 1951 ya que, en definitiva, la demandante no ha acreditado, ni siquiera indiciariamente, haber sufrido una persecución personal en el sentido que la citada Convención y la Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo, otorgan a dicho término. O lo que es lo mismo, la solicitante no ha sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género o de orientación sexual, ni se desprende de su declaración la existencia de un temor fundado a sufrirla, tal y como, por lo demás ya se reconociera por la propia demandante en la entrevista que obra en el expediente administrativo y de la que más arriba dejamos constancia.

La Ley de Asilo 12/2009 establece en su artículo 13 que los agentes de persecución pueden ser, además del Estado, las "organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio", y los " agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves".

Esa regulación que se ajusta al Derecho de la Unión Europea, concretamente del artículo 6 de la Directiva 2011/1995 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. Regulación comunitaria sobre este punto que tiene un importante precedente en las "Veinte directrices sobre el retorno forzoso", adoptadas el 4 de mayo de 2005 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, cuya Directriz 2 (sobre la "adopción de la orden de expulsión") disponía que " Una orden de expulsión sólo se expedirá cuando las autoridades del Estado de acogida hayan considerado toda la información pertinente de que dispongan, y estén convencidas, por lo que cabe esperar razonablemente, que el cumplimiento o la ejecución de esta orden, no expondrá a la persona cuando sea devuelta a [...] un riesgo real de ser asesinado o sometido a tratos inhumanos o degradantes por parte de agentes no estatales, si las autoridades del estado de retorno, las partes u organizaciones que controlan el Estado o una parte sustancial del territorio del Estado, incluidas las organizaciones internacionales, no tienen la posibilidad o voluntad de proporcionar una protección adecuada y eficaz " (a estas "veinte directrices" se refiere expresamente, en su considerando 3º, la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular).

Y siguiendo las pautas jurisprudenciales en orden a una valoración circunstanciada de los hechos alegados en este caso nos llevan a concluir que no pueden considerarse suficientemente acreditados los elementos necesarios para el reconocimiento del asilo solicitado. Por ello, hemos de concluir que no existen indicios suficientes de persecución en los términos del artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados que determinen la concesión de la protección internacional solicitada.

Por lo demás, y según la información del país de origen, no consta que las autoridades colombianas permanezcan inactivas frente a los grupos a que alude el recurrente. La propia resolución impugnada reseña una pluralidad de medidas de las que se desprende que la Administración colombiana ha desplegado un amplio esfuerzo encaminado a terminar con la lacra de las organizaciones paramilitares de la guerrilla colombiana y, en especial, a adoptar medidas de protección a las víctimas, sin que la insatisfacción de la recurrente en este caso por el nivel de protección dispensado, haga acreedora a ésta última del Derecho de Asilo en España.

7. De la misma forma, no se dan los requisitos para la protección subsidiaria, en cuanto a los motivos fundados para creer que la demandante se enfrentarían a un riesgo real en caso de regresar a Colombia, de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 10 de la Ley de asilo, ni, como hemos dicho existe un agente de persecución en los términos del artículo 13 de la Ley.

Descartado el apartado a) del artículo 10 de la Ley de asilo -condena a pena de muerte- respecto al apartado b): «tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes», se exige, además de la gravedad, la individualización, y en este caso no hay ninguna concreción de alguna conducta que pueda calificarse como trato inhumano o degradante el caso de retorno a su país de origen.

En cuanto al apartado c) del mismo artículo 10 de la Ley 12/2009, «amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno», por regla general, un riesgo meramente relacionado con la situación general de delincuencia e inseguridad de un país, no es suficiente. La Directiva 95/2011 añade al conflicto que sea «armado», si bien indica que los riesgos a los que en general se ven expuestos la población de un país o un sector de la población no suelen suponer en sí mismos una amenaza individual que pueda calificarse como daño grave .

La situación de conflicto armado interno en Colombia, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, no se resolvió de manera definitiva con el acuerdo de paz y desarme firmado en 2016. Según informe de ACNUR de noviembre de 2018, hay una grave violencia asociada con varios grupos armados que siguen operando en distintos puntos del territorio colombiano. La población civil ha sufrido graves abusos a manos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC, grupos sucesores del paramilitarismo y grupos criminales vinculados al narcotráfico. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8 millones de colombianos a otras partes del país, a lo que ha de unirse la llegada masiva de venezolanos -más de 1,8 millones-.

El Tribunal Supremo «entre otras sentencias 17 de junio de 2013 (casación 4355/2012) y 31 de octubre de 2014 (casación 407/2014) y las que en ellas se citan» ha indicado que, en trance de resolver los recursos contra las resoluciones administrativas de asilo, ha de ponderarse la evolución de las circunstancias en el país de origen desde la formalización de la petición hasta el momento en que el Tribunal haya de pronunciarse. Precisamente, para garantizar que el recurso ante el tribunal de instancia sea efectivo, también los órganos jurisdiccionales deben evaluar la información del país de origen acorde a lo dispuesto en el artículo 4.3.a) de la Directiva de reconocimiento y artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva de procedimiento para garantizar que «el examen de las solicitudes y la adopción de las resoluciones se efectúen de forma individual, objetiva e imparcial».

La sentencia del TJUE de 17 de febrero de 2009, Elgafaji (C-465/07) interpretó este motivo de protección subsidiaria considerando que más que actos de violencia determinados, dicha disposición contempla más ampliamente «las amenazas [...] contra la vida o la integridad física» de un civil, inherentes a una situación general de «conflicto armado internacional o interno», calificada de violencia indiscriminada», término que implica enfrentamientos entre las tropas regulares de un Estado y uno o varios grupos armados o entre dos o más grupos armados entre sí que generen amenazas que puede extenderse a personas sin consideración de su situación personal. El grado de violencia indiscriminada que caracteriza el conflicto armado existente debe ser apreciado por las autoridades nacionales competentes a las que se ha presentado una solicitud de protección subsidiaria o por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro ante los que se ha impugnado la decisión de denegación de tal solicitud, llegando al extremo que existen motivos fundados para creer que un civil expulsado al país de que se trate o, en su caso, a la región de que se trate, se enfrentaría, por el mero hecho de su presencia en el territorio de éstos, a un riesgo real de sufrir las amenazas graves a las que se refiere el artículo 15, letra c), de la Directiva.

En el «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en Colombia durante 2020», en su versión actualizada a fecha 23 de febrero de 2021, se reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia para incorporar un enfoque basado en los derechos humanos en su respuesta a la pandemia, reflejado en varios informes presentados por el Gobierno y valora los esfuerzos sostenidos del Gobierno para afrontar el ingreso de cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015.

Colombia continúa enfrentando violencia endémica, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020. En varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas del 23 de marzo en favor de un cese al fuego mundial, pero solo por un mes. La ausencia de una presencia integral del Estado en estas regiones del país limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de proteger a la población y garantizar derechos básicos como los derechos a la vida, al acceso a la justicia y a la participación en los asuntos públicos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Observó un aumento de las masacres y violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica. Preocupa al ACNUDH la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluidas aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. La defensa de los derechos humanos en Colombia continúa siendo una actividad de alto riesgo. ( https://www.hchr.org .co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/A_H RC_46_76_S.pdf)

El último informe sobre Derechos Humanos realizado por la organización no gubernamental Human Rights Watch en Colombia, de 2021, refiere que en 2020, la población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes para protegerlos.

En 2020, el ELN siguió cometiendo crímenes de guerra y otros graves abusos contra civiles, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil. Entre los graves problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos y condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas. (https://www.hrw.org/ es/world-report/2021/country-chapters/3773969)

Pese a todo ello, en este caso, la realidad colombiana no ha llegado a ser considerada como de violencia general de tal intensidad que llegue al nivel de que cualquier persona que fuese devuelta a la región de que se trate correría riesgo simplemente por su presencia para calificarla de «conflicto armado interno». En la demanda no se ofrece ningún argumento para combatir los razonamientos que al respecto ofrece la resolución recurrida de que la violencia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia. Los desplazamientos forzados en Colombia se calculan en 7,7 millones de colombianos que han tenido que huir de sus hogares y viven actualmente desplazados en otras partes del país. La violencia se ha centrado especialmente en la población civil y es particularmente acentuada en las zonas rurales y más pobres del país, habitadas mayoritariamente por población afrodescendiente, indígena o campesina.

En definitiva, las concretas circunstancias relatadas por la recurrente no tienen encaje en el apartado 10.c) de la Ley de asilo referido, que sólo podría estimarse si la situación de aquella pudiera calificarse de víctima potencial de un conflicto armado interno, lo que no es el caso.

Procede, por tanto, confirmar también la denegación del estatuto de protección subsidiaria.

8. Las costas se impondrán a la recurrente con arreglo al artículo 139.1 LJCA, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad moderadora prevista en el propio precepto (art. 139.4) deberán limitarse a la cantidad máxima de mil euros (1.000 €) por todos los conceptos.