Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 1665/2021 de 04 de octubre del 2023

PRIMERO.- Según se ha hecho constar en el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia, el hoy demandante, nacional de Venezuela, solicitó protección internacional en España, tramitándose el correspondiente expediente y recayendo resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministro del Interior, que denegó la protección internacional, pero concediendo autorización de residencia en España, por motivos humanitarios, en los términos previstos en el articulo 37.b) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, y en el articulo 125 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado mediante Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Solicitada la renovación de la autorización de residencia, fue denegada por resolución de 14 de octubre de 2020, de la Subsecretaria del Interior, dictada por delegación del Ministro del Interior, "al ser notificada por el Cuerpo Nacional de Policía la existencia de una reseña por un delito de prostitución y corrupción de menores/incapaces", sin perjuicio de que el interesado pueda continuar la residencia en España, pero en el marco de lo dispuesto en la legislación de extranjería.

Es importante resaltar desde un primer momento que, según el escrito iniciador del procedimiento y el mismo escrito de interposición, es esta resolución administrativa de 14 de octubre de 2020 la que se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, no la resolución que denegó la protección internacional, y ello por cuanto que con la demanda se pretende "la concesión de la condición de refugiado" y, subsidiariamente, "el permiso de residencia por razones humanitarias", razonándose sobre la disconformidad a Derecho de la resolución administrativa que denegó la protección internacional, existiendo temores fundados en relación con la situación del país de origen que han de dar lugar a dicha protección, o a la protección subsidiaria.

Por eso, acertadamente, en la contestación a la demanda se advierte de que el acto denegando la protección internacional es un "acto firme y consentido", cuya legalidad no cabe ahora examinar, siendo conforme a Derecho la resolución que rechaza la renovación de la autorización de residencia en España, respecto de la que nada se objeta por la parte demandante.

SEGUNDO.- Delimitado el proceso en la forma que antecede, resulta claro que la Administración ha denegado en la resolución aquí impugnada, no la protección internacional, sino la renovación de la autorización de residencia en España que se había concedido por razones humanitarias, que constituye una manifestación de protección nacional sobre una base discrecional, conforme a la normativa de extranjería, situándose al margen del sistema de protección internacional, acorde al considerando 15 y artículo 3 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, y tal y como ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias de 9 de noviembre de 2010 (B y D, acumulados, C-57/09 y C-101/09) y de 18 de diciembre de 2014 -2-(M?Bodj, C-542/13, y Abdida, C-562/13).

Tal y como recalca el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 23 de mayo de 2019 (Bilali, C-720/17), del artículo 2, letra h), in fine, de la Directiva 2011/95 se desprende que ésta no se opone a que una persona solicite protección en el marco de "otra clase de protección" que esté fuera de su ámbito de aplicación. Así pues, esta Directiva admite que los Estados miembros de acogida pueden conceder, en virtud de su Derecho nacional, una protección nacional que permita a las personas excluidas del estatuto de protección subsidiaria permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trate. La concesión de ese estatuto de protección nacional por parte de un Estado miembro no está comprendida, sin embargo, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

En cuanto tal protección nacional, los artículos 37.b) y el 46.3 de la Ley 12/2009, se refieren a una autorización de permanencia en España por motivos humanitarios, en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Dichas autorizaciones tienen su propia regulación y son completamente ajenas al procedimiento de protección internacional, recogiendo el primero de los preceptos indicados un supuesto general y el segundo uno específico, en cuanto su ámbito de aplicación está limitado a "los menores y otras personas vulnerables", que, de entrada, no se ha acreditado que sea el caso.

En el supuesto de autos, el fundamento de la denegación de la renovación de la autorización, consistente en la existencia de una reseña policial, no ha sido desvirtuado en el proceso, lo que conduce a la desestimación del recurso contencioso-administrativo, sin que a ello obsten las referencias que, ahora sí, se hacen en el escrito de conclusiones de la parte demandante a la resolución efectivamente aquí impugnada, puesto que la Administración ha exteriorizado las razones de la denegación, dando así al interesado la oportunidad de rebatirlas, lo que no ha hecho, a lo que hay que añadir, que, según la jurisprudencia, las razones humanitarias han de ser otras de las esgrimidas para la solicitud de asilo y de protección subsidiaria (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2019 -casación 5805/2017-).

TERCERO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso contencioso-administrativo, por lo que, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, las costas han de imponerse a la parte que ve rechazadas sus pretensiones, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, dada la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 500 euros la cuantía máxima a reclamar.

POR TODO LO EXPUESTO