Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 796/2021 de 05 de octubre del 2023

PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de febrero de 2021, por la que se denegó la petición el recurrente para obtener la nacionalidad española debido a la falta de acreditación del requisito de buena conducta cívica.

SEGUNDO: La concesión de la nacionalidad española por residencia es un acto que expresa una de las más relevantes manifestaciones de la soberanía de un Estado, conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones y su concesión se condiciona al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al artículo 21 del Código Civil, puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional.

TERCERO: La resolución recurrida, motiva de manera suficiente la denegación de la nacionalidad sobre la base de la cadena de detenciones policiales que ha sufrido el recurrente, que, en opinión de la administración, ponen de manifiesto la ausencia del requisito de la buena conducta cívica exigido por el artículo 22.4 del Código Civil.

En concreto se indican las siguientes detenciones:

1. Por delito de prostitución el 08/08/2013 y el 03/04/2014 DILG. 2776 DILG. 927 respectivamente

2. El 23/07/2014 por delito de prostitución, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita DILG. 1020.

3. El 15/07/2015 por estafa y asociación ilícita DILG. 3141.

4. El 14/01/2016 por delito de prostitución DILG. 71.

5. El 17/10/2016 por delito de prostitución y contra los derechos de los trabajadores DILG. 2459.

6. El 10/03/2017 por estafa y contra la salud pública DILG. 1205,

7. El 28/03/2017 por delito de prostitución y contra los derechos de los trabajadores DILG. 714.

8. El 11/10/2017 por coacción/lucro sobre la prostitución y contra los derechos de los trabajadores DILG 2325.

9. El 21/09/2018 por delito de prostitución DILG. 2356.

10. El 10/04/2019 por delito de prostitución y contra los derechos de los trabajadores DILG 1024.

11. El 13/06/2019 por delito de prostitución y asociación ilícita DILG. 1684

12. El 02/07/2020 por coacción/lucro sobre la prostitución y contra los derechos de los trabajadores DILG. 606

Una vez establecida la relación de detenciones, la resolución impugnada justifica la denegación de la nacionalidad española por no acreditar buena conducta cívica con los siguientes argumentos:

-Las detenciones por delito de coacción y lucro en relación con la prostitución y contra los derechos de los trabajadores pone en evidencia alteraciones de la convivencia ciudadana y resultan incompatibles con el estándar de la conducta media exigible a cualquier ciudadano.

-No se trata de un hecho aislado, pues las detenciones se han prolongado durante un lapso de tiempo considerable y además, algunas de ellas se han producido de modo coetáneo a la tramitación del expediente.

-En todo caso, el peticionario no ha acreditado la concurrencia de hechos positivos suficientes para desvirtuar tal conclusión.

Así las cosas, no podemos compartir la crítica que el recurrente realiza a la resolución impugnada basada en su falta de motivación.

La simple lectura de la misma permite al recurrente conocer los motivos por los que se le denegó la nacionalidad y también entablar un recurso efectivo contra la misma, haciendo constar los motivos concretos de su desacuerdo, operación que realizó en su escrito de demanda sin mayores dificultades.

En consecuencia, este primer motivo de recurso debe ser desestimado.

CUARTO: Entre los requisitos cuya concurrencia debe acreditarse para poder obtener la nacionalidad por residencia está el recogido en el artículo 22.4 del Código Civil que, al efecto, dispone: "El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española".

La buena conducta cívica es un concepto jurídico indeterminado cuya concreción debe resolverse de forma casuística, a los efectos de compatibilizar el interés particular del solicitante que pretende adquirir la nacionalidad española, con el interés general, que exige que solo puedan acceder a nuestra nacionalidad aquellos extranjeros que hayan acreditado de manera efectiva su buen comportamiento, demostrando de este modo que poseen la actitud y la aptitud necesarias para integrarse adecuadamente en la sociedad española.

La STS de 10 de enero de 2023 recurso de casación nº 2605/2022 FJ 3, reitera doctrina anterior subrayando los siguientes extremos:

1. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

2. La carga de la prueba del requisito de buena conducta cívica incumbe al solicitante (véanse a estos efectos, entre otras, las sentencias SSTS de 10 de junio de 2015, 23 de marzo de 2017 y 17 de junio de 2016).

3. El requisito de buena conducta cívica no sólo ha de concurrir en el momento inicial de la presentación de la solicitud de nacionalidad, sino que también ha de estar presente durante toda la tramitación del expediente, hasta el mismo momento de la concesión de la nacionalidad (véanse en este sentido las SSTS de 10 de junio de 2015 y de 23 de marzo de 2017).

4. No basta con que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que "per se" impliquen mala conducta, puesto que lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, esto es, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87 (en este sentido se pronuncia la STS de 19 de junio de 2015).

5. Entre esos deberes cívicos que razonablemente cabe exigir al extranjero que pretende obtener la nacionalidad española está, indiscutiblemente, el de observar un comportamiento leal con las instituciones y autoridades españolas encargadas de tramitar y resolver el procedimiento de adquisición de la nacionalidad.

6. Por ello, no puede apreciarse la concurrencia de buena conducta cívica en el solicitante de la nacionalidad española cuando se acredite que éste, de modo deliberado, ha ocultado a las autoridades encargadas de la tramitación y resolución del expediente su participación en hechos de entidad suficiente para ser considerados contrarios a las normas de convivencia cívica y a los principios y valores de nuestra sociedad, haya o no recaído sobre ellos condena penal o sanción administrativa, y con independencia de que dicha participación haya tenido o no reflejo en el expediente de nacionalidad.

QUINTO: Ll egados a este punto debemos mostrar nuestra total conformidad con la fundamentación de la resolución impugnada, pues el examen del expediente y la prueba practicada, no permite aceptar el planteamiento del recurrente.

En efecto, como ya se ha señalado, el hecho de que los antecedentes policiales no desembocaran en condenas penales no significa que una sucesiva y constante cadena de detenciones, prolongadas durante siete años y alguna de ellas coetáneas con la tramitación del expediente de nacionalidad, por delitos graves como la coacción y lucro en el ejercicio de la prostitución, delitos contra los derechos de los trabajadores, estafas y contra la saludad pública, sea compatibles con el comportamiento cívico exigible a cualquier ciudadano. Por otra parte, el recurrente debió acreditar respecto de cada una de las detenciones las razones por las que no continuó el procedimiento, extremo sobre el que no desplegó actividad probatoria alguna. Además, la referida continuación en el tiempo de las detenciones, permiten afirmar que no estamos en presencia de un hecho aislado, sino más bien de la conducta pertinaz del recurrente.

Finalmente, el recurrente no aporta ningún hecho positivo que permita desvirtuar las consideraciones anteriores, pues la cotización a la Seguridad Social no es más que el cumplimiento de una obligación legal de la que también obtiene beneficios. Los otros elementos positivos a los que se refiere, como el contar con trabajo y una residencia estable en España o estar casado y con un hijo, se vinculan a la acreditación de la integración en el país pero no a la buena conducta cívica.

Por tanto, valorando las circunstancias existentes y los demás elementos de hecho que constan en autos, no se desvanece el fundamento de la resolución recurrida que, por ello, ha de ser declarada conforme a derecho.

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso, con un límite por todos los conceptos de 1500 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente