Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1476/2021 de 05 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La representación de Benigno y sus hijos Emiliano y Alejandra impugna las resoluciones del Ministerio de Interior de 26 de enero de 2020, 25 de enero de 2022 y 25 de enero de 2022 por las que respectivamente se deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria a dichos recurrentes.

Formalizaron su petición de protección internacional ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid con fecha de 26 de julio de 2018, que fue tramitada a través de procedimiento ordinario del artículo 24 de la Ley 12/2009, de Asilo.

Habían llegado a España, vía aérea, en marzo de 2018.

Adjuntan con su solicitud tanto copia de los pasaportes de la República de Armenia expedidos a su nombre, como del certificado de nacimiento del padre y de los dos hijos, y también copia del título de la Universidad de Benigno en Armenia. Así como traducción u apostilla de todo ello.

El relato de persecución en el que basan su solicitud es esencialmente el siguiente:

El Sr. Benigno, economista especializado en finanzas y crédito, era funcionario del ayuntamiento de Echmiadzin y trabajaba además para unos amigos de la familia Juan María. En 2016, en las elecciones a la alcaldía, se negó a firmar las actas de votación por irregularidades, saliendo finalmente elegido Bernarda como alcalde, hijo del poderoso y temido general Juan María. Por estos hechos sufre represalias por parte de cuatro individuos que le golpean con un objeto contundente, teniendo que estar de baja un par de semanas. Le degradan, le bajan el sueldo en el Ayuntamiento y le amenazan con incluir a su hijo en una lista negra con objeto de enviarle a la guerra en la frontera con Azerbayan.

Posteriormente, cuando se producen una serie de manifestaciones en contra de Juan María, es obligado por él a manifestarse a su favor, por lo que a partir de entonces sus vecinos le consideran simpatizante del Alcalde y ello provoca que destrocen la peluquería de su esposa.

SEGUNDO.- La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España».

Siendo de aplicación la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, cuyo artículo 2 define el derecho de asilo en los siguientes términos: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Y el art. 3 de la citada norma dispone que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

En el artículo 6 de la Ley se pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión, de esa manera, de cualesquiera otros de relevancia menor. En el artículo 7 se establecen criterios para valorar los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Y en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley se describe quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección. En concreto, establece el artículo 13 que los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros: "a) el Estado; b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio; c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves."

TERCERO.- De poner en relación tal relato de persecución con la situación política y social de Armenia, que resulta de las fuentes que de la información sobre el país de origen se detallan en la resolución impugnada, ha de ponerse de manifiesto, tal y como razona dicha Resolución, que desde que tienen lugar los hechos descritos por el solicitante, comprendidos entre los años 2016 y 2018, la situación de Armenia ha cambiado de manera importante con la llegada al poder de Pashinyan , elegido como Presidente en las elecciones parlamentarias de 9 de diciembre de 2018. Cambio que asimismo se ha producido en la ciudad de Echmiadzin, de la que son los actores, ciudad en la que el agente perseguidor descrito ha perdido todo fundamento y vigencia, pues la actual alcaldesa de la ciudad, desde las elecciones de 2018, es Hortensia, del partido del gobierno. En cuanto al poderoso Juan María, al que refiere el relato del actor, el mismo fue arrestado en junio de 2018 acusado, entre otros delitos, de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, cargos por los que ha sido juzgado por el Tribunal de Jurisdicción General de Erevan, así como por evasión de impuestos y mal uso de fondos estatales, entre otros.

Ha de tomarse en consideración, por todo ello, tanto la situación general de Armenia a raíz de las mencionadas elecciones de diciembre de 2018, como la falta de vigencia del agente perseguidor que se describe por el Sr. Benigno, que además no puede considerarse, en la actualidad, que derive ni del Estado ni de agentes terceros frente a los que el Estado no otorga protección, conforme a lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 12/2009, de Asilo, que describe quiénes pueden ser agentes de persecución o, en su caso, de protección.

En definitiva, en virtud de lo expuesto no se desprende la concurrencia de indicios suficientes de que haya existido una persecución personal contra el actor y sus hijos por alguna de las causas contempladas en la Convención de Ginebra de 1951 ni en la Ley 12/2009, y tampoco hay base lógica para afirmar que aquellos pudieran albergar un temor fundado a sufrir persecución en el futuro si regresaran a Armenia ( ex artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009), por las razones expuestas con anterioridad, de lo que se infiere que no está acreditada la necesidad de protección internacional, ni en su modalidad de asilo, ni en la de protección subsidiaria.

CUARTO.- En cuanto a la permanencia en España por razones humanitarias, que también se pretende con carácter subsidiario en la demanda, la misma se encuentra regulada en los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley de Asilo, el último de los cuales dispone que: Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

Así, como ha expresado el Tribunal Supremo en la Sentencia de 26 de julio de 2016 (Rec. 374/2016) " la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen. Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería".

Excepcionales circunstancias, que no se acreditan por los recurrentes, por lo que no es posible apreciar la concurrencia de razones suficientemente fundadas para otorgar a tales demandantes la autorización de residencia en España, conforme a lo previsto en los referidos artículos 37.b) y 46.3 de la Ley de Asilo y su normativa de desarrollo, y también tal petición subsidiaria ha de ser rechazada.

QUINTO.- Pr ocede, de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, la imposición de las costas procesales a la parte recurrente, costas cuyo importe máximo, por todos los conceptos, no puede exceder de 1500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;