Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1604/2021 de 05 de diciembre del 2023

PRIMERO.- El artículo 74.2 LJCA exige, como requisito formal del allanamiento del representante de la Administración, que se presente testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente, con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos, y el artículo 75.2 LJCA añade que, producido el allanamiento, el Tribunal dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo que ello suponga infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

En nuestro caso, en el trámite de contestación a la demanda señala la Abogacía del Estado que se allana parcialmente a la misma, adjuntando la liquidación de intereses que efectúa la administración.

De dicho allanamiento se dio traslado a la parte actora, la cual acepta la cantidad referida de 15.755,73 euros, resaltando que la diferencia se sitúa básicamente en el IVA, que la administración no computa, pero que fue abonado por la actora en su momento, no obstante lo cual acepta el allanamiento.

Resta por examinar si resulta aplicable el artículo 1.109 del Código Civil, respecto de los intereses que se reclaman y se reconocen por la administración y en esta resolución, a cuyo efecto hemos señalado en anteriores resoluciones (por todas, SAN 15 septiembre 2017, recurso 214/16; SAN 5 junio 2020, recurso 963/17; y SAN 10 febrero 2023, recurso 1154/20):

<Código Civil, las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero y de 3 de abril de 2001, entre otras, indican que dicho precepto es aplicable supletoriamente a la contratación administrativa, sin que sea exigible un previo acto administrativo, pues tales intereses se generan "ex lege", a fin de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al acreedor cuando éste tenía derecho a percibir una cantidad exigible y líquida, como aquí ocurre, en cuanto con una simple operación matemática pudo calcularse lo debido (la cantidad era liquidable), una vez deducida la petición en vía administrativa. Por tanto, han de abonarse los intereses de la cantidad líquida reclamada, y ello desde la interposición del recurso jurisdiccional, que tendrá consideración de interpelación judicial a los efectos del artículo 1.109 del Código Civil ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 y de 20 de febrero de 2001)>>.

En el presente caso, la estimación total de la demanda, aceptado el allanamiento parcial por parte de la actora, en función de lo expuesto, entendemos que permite la aplicación de dicho precepto, por lo que procede el abono de la cantidad de 290,08 euros por dichos intereses, según el cálculo efectuado por la actora, que no resulta contradicho por la demandada.

Por las razones expuestas, procede estimar el recurso y anular el acto administrativo impugnado, condenando a la administración demandada en los términos que se recogen en el fallo de esta resolución.

SEGUNDO-. En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la administración demandada. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,