Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 3044/2021 de 05 de diciembre del 2023

PRIMERO. Resolución denegatoria de la nacionalidad por residencia y pretensiones de las partes.

Con fecha 13 de agosto de 2019, doña Serafina, nacida en Perú, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por delegación Ministro de Justicia, en resolución de 12 de febrero de 2021, desestimó la solicitud al considerar no justificado el requisito exigido por el artículo 22.3 del Código Civil para adquirir la nacionalidad por residencia. Se explica en la resolución que doña Serafina «a la fecha de su solicitud de nacionalidad el 13/08/2019, el tiempo de residencia legal de dos años no se había cumplido con continuidad en el tiempo inmediatamente anterior a la petición ( artículo 22.3 del Código Civil), ya que, según consta en la documentación que obra en el expediente, la interesada no estuvo documentada con Autorización de Residencia desde el 16/10/2016 hasta el 24/01/2018, por lo que sólo podría computarse desde ésta última fecha, considerándose incumplido el requisito de residencia exigido legalmente».

En desacuerdo con lo resuelto, doña Serafina construye su impugnación refiriéndose con carácter general a los requisitos para que proceda la concesión de la nacionalidad por residencia y, para lo que nos ocupa. únicamente hace mención a que llegó a España en el año 2011 y que desde entonces ha residido en nuestro país de forma ininterrumpida, trabajando y cotizando a la seguridad social (hecho este último que no acredita). Y añade que solicitó la nacionalidad en las mismas fechas en que se renovó el NIE y que este último trámite tardó en resolverse.

A la concesión de la nacionalidad se opone la Abogacía del Estado con el argumento de que a la fecha de su solicitud de nacionalidad doña Serafina incumplía el requisito de la residencia continuada y efectiva en España los 2 años anteriores exigidos por el artículo 22.1 del Código Civil.

SEGUNDO.Sobre el requisito del art. 22.3 del Código Civil de la residencia legal en España para la obtención de la nacionalidad por residencia.

De conformidad con lo previsto en los arts. 21 y 22 del Código Civil, para obtener la nacionalidad española, además de la concurrencia de suficiente grado de integración en la sociedad española, buena conducta cívica e inexistencia de motivos de orden público o interés nacional que puedan justificar, en su caso, la denegación, es preciso acreditar la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establecen. En nuestro caso, al ser la recurrente nacional de origen iberoamericano, ese periodo es de dos años.

La residencia legal, para el caso que nos ocupa, es la que está amparada por la legislación de extranjería, de manera que es preciso contar con permiso de residencia. A este respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos recuerda que la expresión «residencia legal» procede aplicarla siempre y cuando la residencia se ajuste a las exigencias prevenidas por la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente en cada momento. Debe señalarse también que la residencia tiene que venir completada por dos circunstancias adicionales: la continuidad o no interrupción del plazo de la residencia, por un lado y, por otro, que corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud.

TERCERO. Criterio de la Sala al respecto del requisito examinado.

En el supuesto que nos ocupa, como ya ha quedado expuesto, el requisito cuestionado es el de la residencia legal con título que la ampare a tenor de la legislación de extranjería, durante el plazo de dos años. Y aunque, según dice la recurrente, llevara 11 años en España cuando formuló la solicitud, se produce la interrupción temporal de la residencia legal que se extiende durante un lapso prolongado sin que la permanencia de doña Serafina en España estuviera cubierta por la legislación de extranjería, periodo que comprende el periodo del 16 de octubre de 2016 al 24 de agosto de 2018, no ajustándose a la realidad y estando desmentido por los datos reflejados en el informe de la DGP obrante en el expediente lo alegado respecto al retraso de la Administración en la tramitación de solicitudes de residencia.

Por más que la recurrente tenga regularizada su situación quedando evidenciada su voluntad de permanecer legalmente en España, el espacio temporal a considerar es el correspondiente al momento de la solicitud de la nacionalidad. El caso examinado no constituye un expediente de mero retraso en la renovación del permiso de residencia (en este caso de familiar de comunitario) y que al momento de la solicitud hubiera residido de forma legal durante un largo periodo y hubiera obtenido diferentes renovaciones de su permiso de residencia, supuesto al que se refiere la jurisprudencia ( STS 28 de noviembre de 2012 -recurso 4845/2010- 14 de noviembre de 2008 -recurso 4976/2004-, 24 de mayo de 2007 -recurso 4988/2003-, 25 de enero de 2005 -recurso 4974/2001- y 22 de febrero de 2003 -recurso 9541/1988). Antes al contrario, al momento de la solicitud de nacionalidad no cumplía, como hemos visto, el requisito apreciado.

En suma, al igual que la resolución recurrida, la Sala considera que la recurrente no concurría el requisito de la residencia legal continuada en territorio español al momento de la solicitud y ello determina la desestimación del recurso.

CUARTO. Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 LJCA procede imponer las costas del recurso a doña Serafina.