Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 627/2020 de 05 de diciembre del 2023

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la sobre Resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de fecha 28 de febrero de 2020, que desestima el Recurso de Revisión frente a la Resolución de 15 de marzo de 2016 dictada por el Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Antecedentes del presente recurso:

1.- Al amparo de lo dispuesto en la Orden ITC/ 3098/2006, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización durante el periodo 2007-2013 (B.O.E. de 10/10/2006), por resolución de 2 de junio de 2011 dictada por el Director General de Industria se concedió a HISPANA DE PALETS. S.L. una ayuda consistente en un préstamo reembolsable por importe de 622.612,00 euros para el desarrollo de la actuación "NUEVA FABRICA DE PALÉS DE MADERA", cuyo presupuesto financiable asciende a 1.245.224,00 euros (Exp. REI-050000-2011-19).

El objeto de dicho proyecto es la implantación de un nuevo centro productivo para la fabricación de palets de madera en San Roque (Cádiz), lo que incluye la adquisición de los terrenos, la construcción de la nave, de las oficinas y la adquisición de diversa maquinaria para poder fabricar los palets (compresor de tornillo, módulo de clavado y tren automático para limpieza y cortado, entre otros).

2.- Una vez finalizada la fase de verificación técnico económica del proyecto, con fecha 27 de enero de 2016 se adoptó el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro y por resolución de 15 de marzo de 2016 dictada por el Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa se acordó la revocación total del importe del préstamo concedido a HISPANA DE PALÉTS, S.L. por incumplimiento total de los objetivos para los que fue concedida la ayuda, exigiendo la devolución al Tesoro Público de su importe íntegro con la exigencia adicional de 140.683,68 euros en concepto de intereses de demora.

Dicha resolución fue publicada en el registro electrónico del Departamento con fecha 5 de abril de 2016 y la misma no fue leída por su destinatario, por lo que se considera rechazada dicha notificación con fecha 15 de abril de 2016, al haber transcurrido 10 días naturales sin haber accedido a su contenido.

3.- Con fecha 27 de septiembre de 2016, tuvo entrada en la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga el recurso o extraordinario de revisión interpuesto por Francisco Javier Quero Martínez, en representación de HISPANA DE PALETS, S.L., contra la citada resolución de reintegro, en el que expone los hechos y fundamentos de derecho que estima oportunos, solicitando que se anule la resolución impugnada que se suspenda su ejecución en tanto se tramita y resuelve el recurso.

SEGUNDO : Alega la recurrente en su demanda: vulneración de los principios de principio de seguridad jurídica y confianza legítima.

La Resolución impugnada inadmite el recurso extraordinario de revisión contra la resolución de 15 de marzo de 2.016 del Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, dictada por delegación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, por la que se acuerda el reintegro total.

El artículo 136 de la Ley 39/2015, establece:

"Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1"

Por su parte el artículo 125.1 del mismo Texto Legal, dispone:

"1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme."

La recurrente no señala en su demanda, cual de los supuestos legalmente contemplados es aplicable al supuesto que nos ocupa, y justificaría la aplicación del recurso extraordinario de revisión.

Como reiteradamente ha declarado nuestro Tribunal Supremo, el recurso extraordinario de revisión es un recurso excepcional que, aparte de una interpretación estricta de los motivos invocados, impide examinar cuestiones que debieron invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional contra el acto que puso fin a la vía administrativa, pues lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica, dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que permitiría soslayar la vía de los recursos ordinarios.

La recurrente sostiene que la Administración le generó la confianza necesaria de que las actuaciones realizadas eran correctas y que a través de informes certificó el cumplimiento de los requisitos, o de la mayor parte de ellos, generando una confianza en que se estaba obrando correctamente.

Ahora bien, estas alegaciones vienen referidas a la Resolución originaria, relativa a la inversión realizada, no al recurso de revisión. Por lo tanto, esas alegaciones debieron realizarse en la impugnación ordinaria frente a Resolución de 15 de marzo de 2016.

Pero, además, esa confianza legitima alegada, decae si consideramos, como correctamente se sostiene en la contestación a la demanda, que el informe de 15 de diciembre de 2015, declara, tras una visita de las instalaciones, que las mismas (nave industrial y oficinas), cuya construcción era objeto de ayuda, estaban sin finalizar y los aparatos y equipos de producción no se encontraban en ellas. No podemos apreciar la existencia de vulneración de la confianza legítima ni de la seguridad jurídica.

Lo cierto es que, de lo actuado resulta que la recurrente ha incumplido totalmente con el objetivo para el que se le concedió la ayuda, consistente en la construcción y puesta en marcha de un centro productivo para la fabricación de palets, en el tiempo fijado.

Al margen de las reflexiones anteriores, que se realizan porque son cuestiones planteadas por las partes, lo cierto es que ni se argumenta ni se acredita que se den los presupuestos del Recurso Extraordinario de Revisión, en los términos legalmente previstos, y, por ello, la Resolución impugnada es ajustada a Derecho en cuanto declara la inadmisión de tal Recurso Extraordinario.

Procede la desestimación del recurso.

TERCERO : Procede imposición de costas a la actora, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por ser la presente sentencia desestimatoria.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: