Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 904/2021 de 06 de octubre del 2023

PRIMERO.- La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que "la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

Siguiendo lo que hemos afirmado en anteriores ocasiones (por todas SAN 8-11-2019, recurso 663/17 y SAN 7-10-2021, recurso 2133/2019), podemos señalar que la STJUE de 1 de marzo de 2016, asunto C-443/14, Alo Osso, apartados 29 y ss, indica expresamente que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (Convención de Ginebra) constituye un texto pertinente para la interpretación de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (Directiva de reconocimiento).

La referida sentencia también cita como texto pertinente para interpretar la Directiva de reconocimiento, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 18) y los tratados a los que se hace referencia en el artículo 78 del TFUE. Dicha norma hace referencia expresa al Protocolo sobre el Estatuto del Refugiado hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 así como "a los demás tratados pertinentes", entre los que por su relevancia debe citarse el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y sus Protocolos adicionales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 cuyo máximo intérprete es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( CEDH).

Sin perjuicio de lo anterior, la fuente primaria y básica del derecho que deberá tenerse en consideración para resolver este tipo de litigios en el ámbito de la Unión Europea es, tal y como indica el artículo 19 del TUE, la jurisprudencia del TJUE dictada con ocasión de la interpretación de la normativa de la Unión.

La normativa básica de la Unión a estos efectos la constituyen la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (Directiva de procedimiento) y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (Directiva de reconocimiento).

La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al tiempo que desarrolla el artículo 13 de la Constitución realiza la trasposición de la normativa europea y, en las materias no armonizadas, incorpora disposiciones de protección adicionales como la autorización de residencia por razones humanitarias. Este bloque normativo se completa con el RD 203/1995, de 10 de febrero en la medida que se considere compatible con la referida Ley.

SEGUNDO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la conformidad a derecho de la Resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro, de 19 de octubre de 2020, denegando el derecho de asilo y la protección subsidiaria a la parte recurrente, nacional de Honduras.

El relato formulado, se recoge en la resolución impugnada, señalando:

<< Relata que el 27 de octubre de 2017, al salir de comprar de una tienda, dos chicos en una motocicleta le siguieron y le dispararon, alcanzando únicamente la moto.

Comenta que pensó que había sido un robo, pero que a los dos días de este hecho, al volver a la misma tienda le ocurrió exactamente igual, disparándole hasta en seis ocasiones. Señala que fue a denunciar los hechos, pero se lo denegaron alegando que quería denunciar para tener los papeles e ir a EEUU.

Menciona que unos días después, le llamó su primo y le contó que había ido a su casa un chico con una moto, el cual le estaba buscando para matarle. Afirma que desconoce los motivos de estas persecuciones e intentos de matarle, que lo único que hacía era estudiar y trabajar en el taller, que nunca le han ofrecido pertenecer a ninguna pandilla.

Manifiesta que por estas razones se fue de su ciudad, yendo a las montañas con su padre, mientras reunía dinero para salir del país>>.

En la resolución recurrida se examinan las alegaciones formuladas y se señala:

<

En cuanto a las medidas de cumplimiento de la legislación, el Gobierno hondureño ha impulsado de forma efectiva una política general de seguridad ciudadana y para el refuerzo de la prevención de la delincuencia y la violencia social, así como su respuesta a ellas. La asignación para el sector de la seguridad supone alrededor del 13,6% del total del presupuesto para el año 2017. Asimismo, cerca del 90% del denominado "impuesto de seguridad" ha sido dedicado a financiar instituciones del sector de la defensa y la seguridad, principalmente la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

En mayo de 2018 fue creada la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, integrada por agencias e instituciones de seguridad del Estado, cuyo objetivo es favorecer la coordinación entre los distintos actores en la lucha contra este tipo de organizaciones criminales.

Los datos oficiales e independientes muestran que la tasa de homicidios ha venido registrando un descenso continuado desde 2011, situándose la Tasa Nacional de homicidios de 2018 en 41,4 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la información ofrecida por el Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras. Asimismo, han sido adoptadas medidas intensivas en materia de seguridad, en particular reforzando las fuerzas armadas, lo que ha supuesto un notable incremento de la presencia militar. Pero también la Policía Nacional ha sido objeto de depuración y reorganización internas desde el año 2016. Desde su nombramiento en abril del año 2016, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional ha suspendido a 280 policías, de los que el 82% pertenecían a la alta oficialía.

La documentación recolectada sobre la vinculación de policías en actos ilícitos es remitida al Ministerio Público (MP) y Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para que estas instituciones abran las investigaciones y procesos judiciales respectivos contra los implicados. Además, han sido habilitados distintos canales (correo electrónico, aplicaciones informáticas y vía telefónica) para la presentación de denuncias contra la corrupción policial, al tiempo que garantizan la confidencialidad del denunciante.

(....) Aun dando credibilidad a los hechos alegados por la persona solicitante, ésta invoca unos motivos de falta de seguridad y delincuencia, los cuales no están incluidos entre las causas para el reconocimiento del estatuto de refugiado Así, las alegaciones describen una situación en la que no se aprecia la existencia de un temor fundado a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

(....) Asimismo, no puede afirmarse que las autoridades del país de origen hayan adoptado una posición de pasividad o tolerancia frente al fenómeno del crimen organizado, sino que, antes al contrario, han desarrollado una serie de medidas normativas e institucionales para combatirlo, y ello sin perjuicio de la mayor o menor eficacia en los resultados de este combate del Estado contra las organizaciones criminales y de eventuales casos de corrupción que hayan podido detectarse en el aparato del Estado. Por tanto, sin desconocer las situaciones de inseguridad pública que pueden producirse en el seno de la sociedad hondureña, no se puede considerar que concurran los elementos necesarios para el reconocimiento del estatuto de refugiado>>.

En fecha 19 de octubre de 2020, se dicta la resolución impugnada, denegando el derecho de asilo, en la que también se afirma que no concurre ninguna de las causas que podrían dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria.

TERCERO.- Con base en las normas legales detalladas en el fundamento jurídico primero, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y vistos los concretos hechos acreditados en los autos, la Sala considera que el recurso no puede prosperar. La resolución recurrida da una respuesta razonada y fundada a las alegaciones efectuadas en el expediente. Ya se ha reflejado, de las fuentes consultadas en vía administrativa, la situación de Honduras, que recoge la resolución impugnada, pudiendo resaltar la creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, a lo que podemos ahora añadir el informe sobre Honduras, presentado en el 36º periodo de sesiones de la ONU, mayo de 2020, "Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos", en el que se resaltan los Avances que se realizan, entre otros aspectos en seguridad ciudadana, protección de desplazados y regreso de migrantes. También resulta ilustrativo el informe anual de resultados del UNCT de 2020, en que se resalta la disminución del número de homicidios, pero sigue existiendo una importante afectación de la población, siendo la violencia una preocupación importante. También se resalta que "La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana". La evaluación final del documento señala: <>.

En nuestro caso, se relata de forma genérica la situación del país de origen, y se hace referencia específica a hechos concretos de persecución o amenazas por extorsión, si bien se trata de agentes no estatales. Reiteramos lo que ya hemos afirmado con anterioridad, pues la extorsión económica, o con fines de colaboración o favorecimiento, por parte de grupos de delincuencia común, la amenaza, así como la situación general de inseguridad que pueda vivirse en el país de origen, no constituye persecución incardinable en la legislación reguladora de la protección internacional, salvo supuestos específicos. Así, hemos recogido en anteriores ocasiones la sentencia ya citada ( sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2016, recurso 2821/2015), que matiza:

<>.

Lo hasta aquí señalado, es claramente indicativo de la improcedencia de otorgar protección internacional en el presente supuesto. Nos remitimos, en todo caso, a lo afirmado por la resolución impugnada. El nivel de violencia y delincuencia que se afirma sufrir en Honduras, puede obtener respuesta efectiva por parte de las autoridades de su país de origen, toda vez que en caso de denuncia de la situación que se genera, dichas autoridades activan programas de protección y ayuda a las víctimas y las fuerzas de seguridad actúan ante la denuncia de los hechos, como se refleja en la resolución objeto de recurso. En definitiva, dichos hechos debemos entenderlos excluidos del ámbito de protección de la Convención de Ginebra y nuestra legislación de asilo. (Por todas SAN de 1 de febrero de 2019, recurso 602/17; SAN de 24 de mayo de 2019, recurso 274/16; SAN de 19 de julio de 2021, recurso 1574/19; y SAN de 4 de abril de 2023, recurso 664/21).

En definitiva, el recurrente no acredita persecución incardinable en el artículo 3 de la Ley 12/2009; No se ha justificado que las autoridades de Honduras se mostraran pasivas o ineficientes en la investigación y sanción de acciones delictivas ( STS 15 febrero 2016); Ni se pone de relieve una situación personal del solicitante que le identifique como persona activa o significada en contra de los grupos delincuenciales, ni se entiende susceptible de protección internacional el clima general de inseguridad del país de origen.

También conviene precisar que no se efectúa razonamiento alguno sobre la posibilidad de traslado interno. Efectivamente, en otras ocasiones hemos resaltado:

<

1. Al evaluar la solicitud de protección internacional, los Estados miembros podrán establecer que un solicitante no necesita protección internacional si en una parte del país de origen este: a) no tiene Fundados temores a ser perseguido o no existe un riesgo real de sufrir daños graves, o b) tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves tal como se define en el artículo 7, y puede viajar con seguridad y legalmente a esa parte del país, ser admitido en ella y es razonable esperar que se establezca allí.

2. Al examinar si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido o corre un riesgo real de sufrir daños graves, o tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves en una parte del país de origen según lo establecido en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta las circunstancias generales reinantes en esa parte del país y las circunstancias personales del solicitante en el momento de resolver la solicitud, de conformidad con el artículo 4. A este fin, los Estados miembros garantizarán que se obtenga información exacta y actualizada de fuentes pertinentes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

Por su parte, el ACNUR desarrolla el concepto de desplazamiento interno en sus Directrices sobre protección internacional número 4: La "alternativa de huida interna o reubicación en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.... entendiendo que "el concepto de una alternativa de huida interna o reubicación se refiere (...) a una zona específica del país donde no haya riesgo de temores fundados de persecución y donde, dadas las circunstancias particulares del caso, es razonable esperar que el individuo pueda asentarse y llevar una vida normal" (párrafo 6)>>. ( SAN 5 febrero 2021, recurso 161/19).

Por último, entendemos que tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley. Dicho precepto establece que el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de la misma Ley.

Sin embargo, la parte recurrente no ha formulado motivo alguno, fuera de los ya analizados, de suficiente entidad -y menos con carácter de fundados- como para creer que el regreso a su país pudiera determinar riesgo de sufrir tales daños.

CUARTO.- En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,