Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 58/2023 de 07 de noviembre del 2023

PRIMERO.- La sentencia de instancia considera que el acto frente al que se dirigía la solicitud de revisión es el acuerdo de adjudicación del bien del deudor tributario en subasta y no el acuerdo de enajenación. A partir de esto, señala que no habiendo transcurrido el plazo para el recurso ordinario frente a ese acto debió tramitarse la solicitud como una reclamación económico-administrativa o un recurso de reposición.

La Abogacía del Estado basa su apelación en que el escrito presentado tiene todas las características propias de una solicitud de revisión de oficio, porque así se denomina y se encuadra la infracción dentro de uno de los supuestos del artículo 217 LGT; además, la solicitud de revisión se refiere claramente al acuerdo de enajenación, respecto al cual había transcurrido el plazo de impugnación.

SEGUNDO.- Esta jurisdicción tiene una orientación antiformalista que posibilite en el mayor número de casos posibles una revisión de las actuaciones administrativas. El sistema de impugnación de los actos administrativos ya es de por sí lo bastante rígido como para hacer de sus disposiciones una interpretación restrictiva que impida la reacción de los ciudadanos.

Así las cosas, si bien en el escrito se identifica el acto objeto de revisión como el acuerdo de enajenación y se pide la aplicación de un supuesto de nulidad de pleno derecho, también se pide a la administración que encaje la solicitud de revisión dentro de la figura que sea pertinente, y las disposiciones que se dicen infringidas son las relativas al tipo al que fue adjudicado el bien. No hay una oposición al acuerdo de enajenación propiamente tal, aunque sea designado como el objeto de la revisión, sino claramente al precio al que se adjudica el bien.

Por lo tanto, la infracción denunciada afecta al acuerdo de adjudicación, como sostiene el Juez de instancia. Y a pesar de lo confuso del escrito presentado, bien pudo ser tramitado como un recurso ordinario frente a dicha actuación por ser motivos de legalidad ordinaria los que realmente se alegan.

En consecuencia, debemos confirmar lo resuelto por el Juez de Instancia.

TERCERO.- Las costas se imponen a los apelantes por mitad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 1.000 euros.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente