Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1247/2021 de 08 de noviembre del 2023

1.- En el presente recurso se impugna la resolución del SUBSECRETARIO de INTERIOR, por delegación del Ministro del Interior, de 30/07/2020 por las que se acuerda denegar la solicitud de protección internacional (Expediente: NUM001 NIE: NUM002).

El interesado, indocumentado de origen, que dice ser nacional de COSTA DE MARFIL y nacido el NUM003/2000, solicita protección internacional, estando en territorio español, el 13/12/2018, en la sede de la Comisaría Provincial de Córdoba.

La entrada en España se produce de forma irregular- patera en agosto de 2018. NO se concreta cuando salió del que dice ser su país de origen, ni el tránsito seguido hasta llegar a España (nada se dice en el relato ofrecido).

La solicitud que fue admitida a trámite y se instruyó por el procedimiento ordinario, según lo establecido en el art. 24 de la Ley 12/2009.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en su reunión celebrada el día 06/07/2020, contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó las solicitudes de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

En el concreto de autos, el expediente administrativo se acomoda a las exigencias marcadas por la Ley 12/2009 y la LPAC 39/2015 siendo que la resolución administrativa está más que motivada, por sí y por remisión al contenido del expediente, y siendo evidente que el relato ofrecido al solicitar asilo remite hechos ajenos a la protección internacional y está falto de el mínimo sustento de credibilidad.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril , sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Debe tenerse presente que no hay en el expediente administrativo ni en las actuaciones judiciales ningún principio de prueba, ni siquiera indiciaria, de la veracidad del relato de la solicitante, del que sólo sabemos lo que él dice, siendo carga del recurrente el aportarla. Y todo ello sobre la base de un relato que no soporta los mínimos estándares de veracidad en cuanto al temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que se dice ser nacional (pertenecer a la etnia Dioula, habiendo sido objeto de persecución y amenazas por parte de miembros de la etnia Bete, quiénes les arrebataron las tierras familiares que poseían con plantaciones de café y cacao cuando él tenía 12 años, siendo agredidos, él y su hermano, cuando intentaron recuperarlas en 2015).

Al solicitar protección internacional vino a declarar:

"--PREGUNTADO para que diga ¿Cuáles son los motivos por los que solicita Protección Internacional? Manifiesta que cuando era pequeño sus padres murieron, o al menos eso piensan, cuando transcurrió la guerra civil de su país, de manera que quedó al cargo de un hermano mayor, trasladándose a otra localidad a residir. Su padre tenla unas tierras en propiedad y al desaparecer o fallecer, hubo unas personas que se apropiaron indebidamente de ellas. Pasados unos años el solicitante y su hermano regresaron al lugar donde vivían con la intención de recuperar las tierras de su padre por herencia pero sufrieron un ataque violento por parte de miembros de la etnia Beté, los cuales serían las personas que se apropiaron de sus tierras. Tras este episodio decidieron abandonar el lugar y no regresar más por miedo a perder la vida. Existía un conflicto activo entre miembros de diferentes etnias y el hecho de quedarse en su país entrañaba riesgo para su vida.

---PREGUNTADO para que diga ¿Si ha tenido problemas con las autoridades de su país? Dice que no.

---PREGUNTADO para que diga ¿Ha sido detenido o encarcelado alguna vez en su país? Dice que no.

--- PREGUNTADO para que diga ¿Qué temía que le sucediera si hubiera continuado residiendo en su país? Dice que temía ser asesinado debido al conflicto existente.

---PREGUNTADO para que diga ¿si ha denunciado estos hechos a las autoridades de su lugar de residencia? Dice que si denunciaron pero no han obtenido ningún resultado.

-- PREGUNTADO para que diga ¿Quiere añadir algo más? Dice que no. Preguntado el Sr/sra. Letrado/a si quiere hacer alguna pregunta manifiesta que no.

Firmando la presente en prueba de conformidad en unión del Sr. Letrado/a, e Instructor"

Al prestar declaración aporta documento en el que afirma que:

" El solicitante declara que no sabe leer ni escribir por lo que solicita a la abogada de Accem en Córdoba que transcriba sus alegaciones después de entrevista realizada el 12 de diciembre de 2018

El solicitante refiere que tanto su familia como él pertenecen a la etnia Julá. Su padre pertenecía al partido político RDR. Era simpatizante del mismo y daba alojamiento a algunos mandatarios cuando iban a su pueblo durante las campañas electorales. Su padre también era uno de los jefes de la comunidad. Durante la guerra civil, antes de que él naciera, su padre viajó a otra ciudad y no volvió más. Lo han buscado durante mucho tiempo, pero no tienen noticias de él. No saben si está vivo o muerto.

Un tiempo después de la desaparición de su padre, lo vecinos de su pueblo que eran de la etnia Bete mayoritariamente, le arrebatan las tierras que tenían (plantación de café y cacao), Debido a esta situación cuando él tiene 12 años tienen que irse del pueblo y su madre, hermana y él se marcha a Abiyán. Su hermano, Belarmino, había salido del país. Unos meses después de la negada a Abiyán su madre fallece por enfermedad y su hermana se casa dejándole sólo. Allí consigue trabajo como mecánico con su tío Constantino.

En 2015 su hermano vuelve al país y ambos se trasladan a su pueblo de origen para recuperar las tierras. Su hermano era militar. Allí la población era muy hostil y se enfrentaron a ellos negándoles sus tierras. El hermano fue agredido en muchas ocasiones hasta que decidieron huir del país ya que sus vidas corrían peligro.

El solicitante no puede volver a su país ya que erg su pueblo lo matarían y ya no tiene a nadie en Abiyán"

Nos encontramos ante un solicitante, que ofrece un relato genérico, carente de suficiente concreción en el cuándo, cómo y dónde de los hechos relatados. Además, el relato ofrecido conduce a supuestos problemas en relación a la propiedad de unas tierras al que se quiere dar un componente étnico que no resulta de la información existente en relación al país de origen puesta en relación con las particularidades del recurrente. Como indica la resolución recurrida:

" QUINTO.- Los conflictos por la propiedad de la tierra han sido periódicos en Costa de Marfil ya desde los tiempos de la colonización francesa. Los mismos son el resultado del solapamiento progresivo de dos modelos de tenencia de la tierra: uno tradicional, en el que las comunidades poseían colectivamente las tierras y las explotaban conforme a derechos de uso ancestrales; y otro más vinculado a una explotación más moderna de los recursos naturales, especialmente en un país que se ha ido especializando en el monocultivo de cacao y palma. Tanto las autoridades francesas como las marfileñas desde la independencia potenciaron la idea de favorecer el acceso a la propiedad de la tierra a quien la ocupa y explota, generándose una situación latente de tensión entre las comunidades originarias y los grupos que han ido ocupando esas tierras durante décadas.

En las épocas de grave crisis económica, tensión política y debilitamiento institucional, acontecidas entre 2002 y 2003 y entre finales de 2010 y la primera mitad de 2011, tales tensiones, latentes durante años, afloran y motivan enfrentamientos graves.

Así pasó en 2005 con los conflictos entre los dioula y los gueré en torno a la ciudad de Duékué y su área rural de influencia causando según algunas fuentes hasta una centena de víctimas, principalmente gueré. De hecho es en torno a la ciudad de Duékué donde se han dado las situaciones de tensión y violencia más graves.

Igualmente, durante estos dos episodios de crisis ya referidos, algunos refugiados marfileños que huían a Liberia, se encontraban al retornar a sus comunidades que sus tierras estaban ocupadas y explotadas por terceros.

Abundando en estos conflictos, se están produciendo actualmente importantes procesos de desforestación en el centro oeste del país, zonas fundamentalmente selvática, con el fin de ganar terrenos de cultivo principalmente destinados a las ya citadas explotaciones de cacao y palma.

Sin embargo, los conflictos resultantes en las diputas por la tierra no dan lugar a enfrentamientos entre grupos étnicos homogéneos rivalizando con otros a lo largo del territorio Costa de Marfil, sino que se producen entre comunidades concretas en localidades determinadas, cuyos enfrentamientos afectan a grupos diferentes en cada ámbito territorial.

Así una comunidad gueré puede tener un enfrentamiento en una comuna con población burkinabé y en otra comuna del mismo departamento las tensiones por la tierra afectan a los dioula con los senufo. Y tales enfrentamientos, se insiste, entre comunidades locales no dan lugar a enfrentamientos generalizados entre tales grupos en todo el territorio de Costa de Marfil, sino que tiene lugar a un nivel muy local.

Por otra parte, el informe de EASO de junio de 2019 trata de manera extensa y detallada los conflictos relacionados con la propiedad de la tierra y no menciona a ninguna comunidad de bété como protagonista de conflicto local alguno."

Por tanto estamos ante un relato genérico y no podemos dar por establecido un temor fundado de sufrir persecución a causa de sus ideas políticas, convicciones religiosas, pertenencia a un grupo étnico o nacional concreto, por razones de pertenencia a un grupo social determinado o por motivos de identidad u orientación sexual, según queda establecido en el artículo 3 de la ley 12/2009.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de los solicitantes no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

Las razones humanitarias, no hechas valer al momento de solicitar, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia -dimensión subjetiva de la vulnerabilidad-, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria, siendo que el recurrente no responde a ninguna situación personal que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen donde dejó a su familia más directa y sin perjuicio de las posibilidades en el marco de la legislación de extranjería con base al arraigo que puedan haber obtenido en España (cuestión ajena a la presente litis).

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR.

3.- Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.