Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 498/2022 de 08 de noviembre del 2023

PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la resolución de fecha 24 de marzo de 2022 dictada por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por delegación de la Ministra de Justicia, por la que deniega la solicitud de concesión la nacionalidad española por razón de residencia formulada por Dª Araceli.

La recurrente, originaria de Irán, solicitó la nacionalidad española por residencia el 18 de agosto de 2020, indicando que su situación era "Refugiado o apátrida" y acompañando a su solicitud:

. - Permiso de residencia.

. - Pasaporte azul.

. - Certificado DELE

. - Certificado CCSE.

. - Justificante de pago de la tasa.

. - Volante de empadronamiento.

. - Contrato de trabajo.

.- Certificado del Ministerio del Interior de reconocimiento de la condición de refugiada y el derecho de asilo.

Consta, asimismo, en el expediente:

. - Informe del Registro Central de Penados que certifica que no constan antecedentes penales relativos a la solicitante.

. - Informe de antecedentes policiales en el que consta como antecedente que " con fecha 26/11/2012 el Juzgado de Instrucción 1 de Elche en DP 2836-12 por falsedad interesa averiguación de domicilio y paradero cesada 07/02/2013 ".

SEGUNDO. - La resolución administrativa impugnada deniega la solicitud de nacionalidad indicando:

" Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Código Civil y el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y demás que son aplicables, y teniendo en cuenta:

"Que, comprobada la documentación aportada, se han solicitado los informes preceptivos legalmente exigidos y se han practicado cuantas pruebas, diligencias y trámites ha exigido la naturaleza del expediente, hasta completar la instrucción del mismo.

Que se ha emitido la previa propuesta de la Subdirección General.

La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por delegación de la persona titular del Ministerio de Justicia (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre, sobre delegación de competencias) RESUELVE DENEGAR la solicitud de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia a Araceli 8

TERCERO. - La recurrente alega en la demanda la falta de motivación de la resolución impugnada puesto que no expresa motivo alguno por el que se deniega la solicitud de la nacionalidad española.

Invoca el artículo 35. 1º de la Ley 39/2015, sobre la necesidad de motivación de los actos administrativos y el artículo 88.6 de la misma Ley en referencia a la aceptación de informes, que servirá de motivación cuando se incorpore al texto de la resolución.

Aduce que, no obstante, no nos encontramos en este caso ante la mención al informe que ha ocasionado la denegación de la solicitud de nacionalidad, por lo que no puede considerarse respetado el procedimiento en referencia a la motivación del acto administrativo, toda vez que puede producir indefensión al no saber la causa de denegación la interesada,concurriendo en un vicio de nulidad del acto ( art. 47 LPAC), por lo que solicita la nulidad del acto administrativo en base a este supuesto y la estimación del recurso por este primer motivo.

Y manifiesta que, en lo que respecta a la nulidad, si bien es cierto que la consecuencia de la estimación del presente recurso conlleva, como norma general, la retroacción de las actuaciones con el fin de que la Administración motive adecuadamente su resolución, no es la única solución admitida por el Tribunal Supremo, que también admite la posibilidad de resolver el fondo del asunto cuando resulte de forma inequívoca la procedencia de la pretensión deducida por el recurrente. Entiende que en este caso la Sala tiene elementos suficientes para resolver sobre el fondo del asunto y reconocer el derecho de la recurrente a obtener la nacionalidad española por residencia.

CUARTO. - Asiste la razón a la parte recurrente cuando afirma que la resolución administrativa carece de motivación alguna de las razones por las que se deniega su solicitud de nacionalidad española, por cuanto únicamente afirma que se ha comprobado la documentación aportada, se han solicitado los informes preceptivos legalmente exigidos y se han practicado cuantas pruebas, diligencias y trámites ha exigido la naturaleza del expediente, hasta completar la instrucción del mismo, y se ha emitido la previa propuesta de la Subdirección General.

Y tras hacer estas afirmaciones concluye que procede denegar la solicitud de nacionalidad española, pero no explicita que datos o elementos se desprenden de esa documentación, informes y pruebas que permita concluir que la recurrente carece de los requisitos necesarios para la concesión de la nacionalidad. Y tampoco se encuentra incorporado al expediente ni al texto de la resolución la propuesta de la Subdirección General que pudiera suplir o integrar la motivación de la resolución administrativa.

Así, la recurrente intuye que la causa podría ser la falta de acreditación de la buena conducta cívica debido al antecedente policial que aparece en el Informe de la Dirección General de la Policía y ha aportado, para rebatirlo, el Auto del Juzgado de Instrucción archivando la causa. Sin embargo, la Abogacía del Estado alega en la contestación a la demanda que la interesada no cumplía el periodo de residencia legal exigido en el momento en que presenta su solicitud de concesión de la nacionalidad, puesto que el permiso de residencia se expidió el 28 de enero de 2019, sin que conste ningún otro permiso anterior; si bien a ello ha respondido la recurrente en conclusiones afirmando que se trata de un permiso renovado y que la fecha de residencia legal hay que computarla desde el 2014 cuando se expidió el pasaporte azul.

En consecuencia, y dado que ni de la resolución administrativa, ni de los datos obrantes en el expediente administrativo ni de las alegaciones de las partes es posible conocer las razones concretas por las que la Administración ha denegado la concesión de la nacionalidad española, procede anular la resolución administrativa impugnada para que por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en un plazo máximo de dos meses, se dicte una nueva resolución que contenga una motivación suficiente de las razones de su decisión sobre si la solicitud de nacionalidad española de la recurrente reúne los requisitos para ser estimada, o, en su caso, cuáles son los requisitos cuya falta impide su otorgamiento.

QUINTO. - Procede la expresa imposición de las costas a la Administración demandada a tenor del artículo 139 LJCA, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 1.000 € la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.

VISTOS los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación.