Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 134/2020 de 08 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Se impugna en este proceso la Resolución del Tribunal Económico-administrativo Central (TEAC), de 3 de diciembre de 2019, en cuanto desestima la reclamación deducida frente al Acuerdo de Liquidación de Acta de disconformidad, dictado en fecha 10 de mayo de 2016 por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de Cataluña, por el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas ejercicio 2012.

La resolución del TEAC estimó la reclamación en cuanto a la sanción impuesta, razón por la cual no es objeto de este recurso jurisdiccional.

SEGUNDO.- Los antecedentes necesarios para dar respuesta el debate trabado son los siguientes:

El día 19 de mayo de 2015 se notificó al hoy demandante el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación relativo al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas ejercicio 2012, con alcance parcial limitado a "la comprobación de los rendimientos y ganancias patrimoniales derivados de los bienes y derechos situados en el extranjero, a la posesión de dichos bienes y derechos y a las consecuencias fiscales derivadas de la no presentación en plazo del modelo 720 de bienes y derechos situados en el extranjero", y general respecto a la Declaración informativa de Bienes y Derechos en el extranjero (Modelo 720) de 2012.

En fecha 12 de noviembre de 2015 se instruyó Acta de disconformidad por el referido concepto y ejercicio, la cual, tras rectificación de la propuesta del instructor en lo que se refiere a la cuantía del incremento de base imputado, fue confirmada por el Acuerdo de liquidación subsiguiente que se encuentra en el origen de este proceso.

La regularización de la Inspección consistió en determinar una ganancia de patrimonio no justificada por importe de 417.998,20 euros, correspondiente al valor de los bienes de su titularidad existentes en el extranjero, y sobre los que no se había cumplido en 2012 la obligación de declaración en el Modelo 720. Y todo ello en aplicación de lo previsto en el art. 39.2 de la LlRPF.

TERCERO.- En la demanda, en esencia, se aducía:

a) La Indebida imputación de la ganancia no justificada al ejercicio 2012, al tratarse de bienes adquiridos en ejercicios ya prescritos a la fecha de la publicación de la Ley 7/2012, aduciendo a tal efecto la contravención de la prohibición de retroactividad de las normas y la jurisprudencia del TJUE que consideró aplicable.

b) Vulneración del principio de capacidad económica al imputar al ejercicio 2012 rentas generadas en períodos anteriores.

CUARTO.- El Abogado del Estado, quien se opuso a la demanda en un principio, formuló escrito allanándose a la demanda con el siguiente fundamento:

An alizado el Acuerdo impugnado a la luz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022, Asunto Comisión/España C-788/19, nada hay que objetar a que, de entrada, se confirme la corrección de la liquidación de una ganancia de patrimonio no justificada como consecuencia de la presentación extemporánea del modelo 720, ya que el TJUE considera que es ajustado a derecho la obligada presentación de dicha información de los bienes situados en el extranjero, y también lo es la presunción de renta gravable establecida en el artículo 39.2 de la LIRPF, pues "no resulta desproporcionada en relación con los objetivos de garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales" (Párrafo 32). Pero la citada STJUE obliga a reconsiderar dicho Acuerdo, ya que el TJUE impide liquidar ganancias de patrimonio no justificadas "sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción", y esta circunstancia no ha sido tenido en cuenta por el Acuerdo impugnado.

La aplicación de la STJUE supone, por tanto, que no es posible aplicar las consecuencias del artículo 39.2 LIPF (someter a gravamen, en el ejercicio en el que se incumplió la obligación de declarar la tenencia de bienes en el extranjero, el valor de dichos bienes) si se acredita por el contribuyente que, cuando se aplican dichas consecuencias, ya han prescrito los ejercicios, anteriores, en los que se obtuvieron las rentas con las que se financió su adquisición, de modo que se tenga "en cuenta el ejercicio o el año respecto de los que se adeudaba normalmente el impuesto correspondiente a esas rentas". En el presente caso la parte actora ha justificado, y así lo ha hecho constar la Inspección, que la adquisición de los bienes en el extranjero tuvo lugar en un ejercicio prescrito (2007), por lo que no procede no procede la imputación de ganancia patrimonial efectuada en el Acuerdo de Liquidación impugnado y confirmado por el TEAC

QUINTO.- El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado, para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo.

En consecuencia, procede estimar las pretensiones de la parte demandante, anulando la resolución administrativa objeto de impugnación en el presente recurso jurisdiccional, y declarando la improcedencia de la imputación de las ganancias patrimoniales no justificadas en el periodo impositivo 2012, en aplicación del artículo 39.2 LIRPF, por importe de 417.998,20 €.

SEXTO.- En lo relativo a las costas procesales, en el caso de autos la Sala considera que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración, dado que, como se ha visto, se ha producido el allanamiento de la Administración demandada como consecuencia de la Sentencia del TJUE de fecha 27 de enero de 2022 (C-788/19).

Vistos los preceptos ya citados, así como los de general y pertinente aplicación,