Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 92/2025 de 15 de octubre del 2025

PRIMERO.-Se impugna en apelación el auto de 10 de junio de 2025, dictado en la pieza de medidas cautelares del PO 5/2025, que se tramita ante el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo núm. 7.

SEGUNDO.-En el auto apelado se desestima la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto impugnado, esto es, la Resolución de procedimiento de reintegro dictada por el Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) en el expediente: 2014/SPE/0000400286.

La entidad actora había solicitado la suspensión en el escrito de demanda, aduciendo que "la elevada cuantía del reintegro exigido, que triplica el presupuesto anual del Organismo Internacional recurrente, que supondría la pérdida de la finalidad legítima de este procedimiento por dicha razón, entendiendo -además que se cumple el requisito de no perjudicar los intereses generales o de terceros exigidos en el art. 130.2 de la Ley."

El auto, tras exponer la legalidad aplicable y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la ha aplicado, razona que "el interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica por lo que realizándose por el demandante una alegación genérica de perjuicios, que no se concretan ni se prueban siquiera sea indiciariamente, no cabe, por tanto estimar la medida cautelar solicitada".

TERCERO.-Tal como recordáramos en nuestra SAN de 16 de octubre de 2024, dictada en la apelación 15/2024:

En las recientes SSTS de fecha 11 de diciembre de 2023 (rec. 5130/2022 ) y 27 de octubre de 2022 (rec 42/2022 ) se recuerda la doctrina que se ha venido manteniendo ante análoga circunstancia, conforme a la cual:

«Es doctrina reiterada de esta Sala, recogida -entre otras muchas- en las SSTS nº 1.752/2016, de 13 de julio (RC 1255/2015 ); nº 1.199/2018, de 11 de julio (RC 1752/2016 ); nº 1.498/2018, de 11 de octubre (RC 2393/2016 ); y nº 238/2021, de 22 de febrero (RC 1315/2020 ) que la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos que son objeto de impugnación en un proceso contencioso-administrativo constituye una medida precautoria establecida para garantizar la efectividad de la resolución judicial que pueda recaer en el proceso principal, lo que -a tenor de lo prevenido en los artículos 129.1 y 132.1 de la LJCA - determina que, cuando en el recurso contencioso- administrativo examinado haya recaído sentencia, carezca de sentido acordar una medida cautelar o revisar su procedencia».

Conforme a la doctrina expuesta, procede declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de apelación contra el Auto dictado por el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 9 el día 29 de septiembre de 2023, en pieza separada de medidas cautelares del Procedimiento Ordinario nº 36/2023 .

CUARTO. -En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación, sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las costas de esta instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , debido a que la pérdida de objeto se ha producido con posterioridad a formular la apelación.

Finalmente, recordemos que doctrina es aplicada por el Tribunal Supremo con independencia de que sea o no firme la sentencia que resuelve el recurso contencioso-administrativo del que dimana el incidente cautelar. Se pueden citar al respecto, entre otras, las sentencias de 22 de marzo de 2018 (rec. 1939/2016, FJ 2) y 1 de febrero de 2018 (rec. 624/2016, FJ 2).

CUARTO.-Pues bien, con fecha 23 de septiembre de 2025, se ha dictado sentencia en el proceso principal del que esta apelación trae causa con el siguiente contenido:

"Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª ANA ISABEL JIMENEZ ACOSTA en nombre y representación de la CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (COMJIB) contra la resolución del Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de 20 de febrero de 2025, por la que se acuerda la procedencia del reintegro de la subvención concedida a la recurrente por un importe de 1.001.792,18 euros, debo declarar y declaro que dicha resolución es conforme a derecho, confirmándola. Con expresa condena en costas a la recurrente"

La aplicación de la anterior doctrina al caso aquí analizado conduce a la desestimación de la apelación por falta de objeto.

QUIINTO.-At endiendo a las circunstancias indicadas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.2 LJCA, no procede efectuar imposición de costas. Así se ha pronunciado esta Sala y Sección, entre otras, en su sentencia de 8 de marzo de 2023 (rec. 10/2021, FJ 3).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

En nombre de S.M. El Rey, por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación española,