Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1761/2021 de 16 de junio del 2025

PRIMERO: Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio de Justicia de fecha 1 de diciembre de 2022, por la que se deniega el reconocimiento de la nacionalidad española al recurrente, nacido en Argentina.

La denegación de la solicitud de la nacionalidad se fundamenta en "Que el/la interesado/a no acredita residencia efectiva en España en los años previos a la presentación de la solicitud de nacionalidad el 29/02/2020, exigida por el artículo 22 del Código Civil , ya que según se desprende de los datos contenidos en el pasaporte, ha realizado numerosas entradas y salidas del territorio nacional en los años 2017 y 2018 incluso con ausencias prolongadas superiores a 3 meses. En concreto, tiene una ausencia prolongada de España entre el 26/08/2018 y el 18/12/2018.

En fecha 22/11/2021 se le requirió para que justificase la causa de tales ausencias y el cierto regreso a España. Las alegaciones realizadas no hacen referencia a la causa de los numerosos desplazamientos y la documentación que presenta es anterior o posterior al periodo requerido.."

SEGUNDO: Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

En cuanto a la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud hay que tener en cuenta que, como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia, sólo es residencia legal la que se ajusta a las exigencias de la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, a saber, la que está amparada por algunos de los títulos previstos en la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es decir, "la residencia legal a que se refiere el artículo 22 del Código Civil se adquiere por la obtención del permiso de residencia que corresponda a la situación personal del extranjero interesado, expedido por los órganos competentes de la Administración General del Estado, y que no se puede confundir con la simple permanencia física en el territorio español" (así, sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2016), si bien constituye un criterio reiterado de esta Sala el de que el inicio de la residencia legal no viene constituido por la fecha de concesión del permiso de residencia, sino por la fecha de la solicitud (por todas, sentencias de la Sección 3ª de 18 de febrero de 2010, de 27 de marzo y de 26 de junio de 2014 o la más reciente de 3 de mayo de 2016). Además, conforme al apartado 3 del artículo 22 del Código Civil, el plazo ha de estar completado "inmediatamente" antes de la petición, "con independencia de las vicisitudes que el procedimiento para la concesión pueda propiciar en relación dicha exigencia" (entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2015).

Pues bien, como correctamente argumenta la Administración, en el pasaporte aportado constan salidas y entradas en el periodo en el que su residencia debía ser continuada y anterior a la solicitud, concretamente en los meses de agosto de 2018 y diciembre de 2018. En definitiva, mostrarían que no se trata de una residencia continuada e inmediatamente anterior a la solicitud.

El recurrente ha aportado documentación tendente a justificar su residencia efectiva en España, así como un grado de integración suficiente mediante informe de vida laboral, pago de los impuestos de IRPF en España, contrato alquiler de vivienda, pago del alquiler y de los suministros de agua, luz, gas, así como su integración en España mediante la acreditación de vínculo de pareja de hecho con ciudadana española y nacimiento de si hija, también de nacionalidad española.

Pero esta documentación no justifica las reiteradas ausencias del territorio nacional (entradas y salidas del territorio nacional que se reflejan en el pasaporte durante los años 2016, 2017 y 2018), que excluyen el requisito de residencia "continuada".

Por lo que no se cumple el requisito de residencia.

TERCERO: Procede imponer las costas al recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: