Sentencia Contencioso-Administrativo 219/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 850/2020 de 28 de abril del 2026

PRIMERO: Es objeto de impugnación en autos la Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO de fecha 18 de diciembre de 2019, por la que se deniega a la recurrente la licencia de transferencia de material de doble uso Nº ESMDDUI0979.

La Resolución 24 de febrero de 2022 del mismo Ministerio desestima la alzada interpuesta frente a la anterior Resolución.

Antecedentes del presente recurso:

1.- MTORRES es una sociedad mercantil dedicada a la actividad de investigación, desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para su implementación en procesos industriales especialmente relacionados con el sector aeronáutico.

Desde su fundación en el año 1975, la mercantil actora viene desarrollando una intensa labor de investigación y producción para distintos sectores industriales.

2.- Los productos cuya investigación y producción realiza la recurrente se encuentran un conjunto de soluciones industriales cuya principal utilidad pasa por el encintado automático de componentes aeronáuticos estructurales en fibra de carbono.

La tecnología objeto de autos, es la desarrollada por MTORRES a través de la máquina "Torreslayup", una máquina del tipo "Automatic Tape Laying" (ATL) para la colocación de tiras de materiales compuestos, coordinada en más de dos ejes y equipada con una unidad de control numérico, cuya principal aplicación es la fabricación de superficies sustentadoras en fibra de carbono.

Los equipos "Torreslayup" han participado en numerosos programas de fabricación aeronáutica, entre ellos; del Airbus (A320, A330, A340, A350 y A380); del Boeing (B787); o del Comac (C919).

3.- Las operaciones de exportación de MTORRES con empresas ubicadas en la República Popular China han supuesto durante el ejercicio 2019 y en los inmediatos años precedentes, cifras cercanas al 10% del volumen total de facturación de la entidad.

En el seno de la relación comercial entablada por la recurrente con una empresa de la República Popular China, Hiwing Materials Co. Ltd. , se llevaron a cabo negociaciones para la venta de una máquina para la colocación de tiras de materiales compuestos, modelo "Torreslayup", cuya implementación se efectuaría para el desarrollo de programas de aviación exclusivamente civil y con un precio total de la operación igual a tres millones trescientos sesenta y tres mil euros (3.363.000€).

4.- El día 13 de junio de 2019 mi mandante procedió a solicitar de la Secretaría de Estado de Comercio el pertinente acuerdo previo de transferencia de material de doble uso sobre el que posteriormente solicitar licencia de exportación individual de una máquina para la colocación de tiras de materiales compuestos, coordinada en más de dos ejes y equipada con una unidad de control numérico, modelo "Torreslayup", cuyo uso/destino es puramente civil (para la fabricación de piezas de composite de paneles VTP "Vertical Tail Plane" del avión comercial C-919, esto es, el estabilizador vertical o dicho sea, simplemente, la parte vertical de la cola del avión C-919, ajena por completo a cualquier cuestión o asunto militar, por consiguiente) siendo el usuario final, la ya citada empresa china Hiwing.

5.- Dicha solicitud fue denegada por Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO de fecha 18 de diciembre de 2019 y, posteriormente, confirmada en alzada por Resolución 24 de febrero de 2022 del mismo Ministerio.

SEGUNDO: En la demanda se plantean las siguientes cuestiones:

1.- Ausencia total y absoluta de motivación de la Resolución denegatoria y de procedimiento.

2.- Vulneración del principio de confianza legítima y contrario a la doctrina de los actos propios.

3.- Se declare asimismo el reconocimiento de la situación individualizada consistente en que se conceda la licencia de transferencia de material de doble uso solicitada Nº ESMDDUI037724.

4.- Se indemnice al recurrente con la cantidad de 1.567.140 euros por los daños producidos por la denegación de la licencia y el lucro cesante por los beneficios dejados de percibir.

En la Resolución de 18 de diciembre de 2019, podemos leer:

"La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU 12/19) en su reunión de 17 de diciembre de 2019 ha emitido informe desfavorable respecto a la licencia de transferencia de material de defensa y de doble uso, número ESMDDUI037724, en aplicación de los artículos:

7.1 a) del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

12.1 a) y d) del Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso."

El artículo 7.1 a) del Real Decreto 679/2014, establece:

"1. Las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas, por resolución dictada por el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, en los supuestos siguientes:

a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.(...)"

Alega la recurrente la inexistencia de acto administrativo al faltar elementales presupuestos. Estos presupuestos son la falta de motivación y la falta del informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.

El informe referido se encuentra al folio 8 del expediente y la motivación de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, aunque escueta, existe.

Además, en la Resolución expresa del recurso de alzada de fecha 24 de febrero de 2022 a la que se amplió el presente recurso, se contiene una extensa motivación de la denegación.

Se señala que el Consejo de Ministros en su reunión de 13 de marzo de 1987 acordó clasificar las actas de la JIMDDU de secretas (Ley 9/1968) y que la denegación se basó en el informe desfavorable vinculante de la JIMDDU (documento 8 del expediente).

En relación a esta cuestión, debemos recordar las palabras de la sentencia de 13 de octubre de 22020, dictada en el recurso 13/2017 por la Sección tercera de esta Sala:

"(...) porque la discrecionalidad técnica que en este caso corresponde a la administración demandada hubiera precisado demostración de error de hecho o de derecho en el análisis efectuado por los órganos técnicos de la administración, lo cual no concurre en absoluto, no sólo por lo escueto y simple del dictamen pericial que como documental se aporta por la parte recurrente, sino también porque las alegaciones que fórmula no desvirtúan la fundamentación jurídica contenida esencialmente en la resolución del recurso de alzada, objeto del presente recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, damos aquí por reproducidas las mismas, en los siguientes términos: respecto al no sometimiento a licencia o autorización por no encontrarse ni el producto ni la entidad destinataria en los anexos del Reglamento (CE) del Consejo nº 428/2009, de 5 de mayo de 2009, y Reglamento (UE) nº 833/2014 del Consejo, de 31 de julio, incidir en lo ya indicado en el apartado relativo a antecedentes, en cuanto a que el 1 de diciembre de 2015, a la vista del artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009 , la JIMDDU, en el ejercicio de sus competencias, en su reunión de 1 de diciembre de 2015, acordó expresamente exigir para la exportación de la máquina "CENTRO DE MECANIZADO ZAYER, MODELO XIOS G1000", la autorización sometida al control específico establecido en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. (...)

La Administración demandada ha fundamentado su denegación de autorización a la exportación solicitada.

No es de acoger alegación alguna de supuesta indefensión por falta de motivación suficiente, ya que resulta evidente que la parte recurrente ha conocido perfectamente los motivos de la administración, como lo prueba el hecho de que ha presentado una prolija demanda y un extenso dictamen de parte tratando de desvirtuar aquellos."

De los documentos 6, 7 y 8 obrantes en el expediente administrativo no resulta indicio alguno de que la reunión de la JIMDDU incurriese en defecto formal o sustantivo alguno, por lo que la remisión de la motivación a dicho informe es ajustada a Derecho.

Del examen del expediente administrativo resulta que se han cumplido los trámites legales, si bien, existen documentos afectados por el secreto a que nos hemos referido.

Afirma el recurrente en su demanda que, con la documentación existente en el expediente no se puede valorar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la validez del informe emitido. Pero, como señala la sentencia antes citada, la discrecionalidad técnica que en este caso corresponde a la administración demandada hubiera precisado demostración de error de hecho o de derecho en el análisis efectuado por los órganos técnicos de la administración.Tal error no resulta de lo actuado.

Además, en el expediente administrativo (doc 24) se contiene el informe del Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso de 23 de abril de 2020, en el que, entre otras cuestiones se afirma:

"Dada la naturaleza del producto que se deseaba exportar, el contexto de fusión civil-militar de la industria aeronáutica china y los antecedentes de uso militar de la empresa destinataria, basado en un análisis de riesgo compartido a través de denegaciones de otros países, el riesgo de desvío a programas militares era alto. Asimismo, se identificó el riesgo de que se pudiese realizar ingeniería reversible con el material cuya solicitud de exportación fue denegada, para ser utilizada en la industria militar.

El análisis de cada licencia se hace caso a caso, teniendo en cuenta que cada exportación es un caso singular. En este proceso se analiza el producto, el país de destino, el comprador y el uso final, todo ello en el momento de la exportación, pues las circunstancias pueden ser cambiantes. Ello puede redundar en la modificación de los criterios sobre la idoneidad de autorizar o no una exportación, al haberse modificado el contexto en que se produce.

Finalmente, respecto a la alegación referida a la concesión de licencias al mismo tipo de máquinas, cabe comunicar que, como se indica en el cuerpo de las alegaciones del recurso ninguna maquina resulta igual pues todas son hechas a medida del cliente.

CONCLUSIONES

Por estos motivos, la JIMDDU tomo la decisión en su reunión de 17 de diciembre de 2019 de no autorizar las solicitudes vinculadas a las licencias de exportación ESMDDUI0979 confirmándose, pues, la resolución adoptada objeto de recurso."

Concluimos de lo expuesto, que el acto impugnado y su confirmación en alzada se encuentra motivado, el informe de la JIMDDU obra al documento 8 del expediente, y el procedimiento administración existe y se ha seguido por los trámites legales, uniéndose los informes correspondientes de los que se extrae la justificación de la decisión administrativa.

En segundo lugar, debemos comenzar por señalar que el recurso de alzada se interpuso frente a una Resolución expresa denegatoria de la solicitud actora, la dictada en fecha 18 de diciembre de 2019, (como hemos razonado no puede aceptarse la afirmación actora relativa a la inexistencia de ese acto administrativo). Por lo tanto, el silencio en la alzada lo era negativo, y quedó ratificado por la resolución expresa de la alzada el 24 de febrero de 2022, que desestimó la misma ( artículo 24.1 de la Ley 39/2015).

En tercer lugar, se alega la nulidad radical del artículo 47.1. letra a) de la Ley 39/2015, por vulneración del artículo 24 de la CE, ya que, a juicio del actor, no se puede articular con seguridad el ejercicio de las acciones judiciales, precisamente por la falta de motivación del acto administrativo originario. Pero ya hemos señalado que la remisión a un informe que consta en el expediente administrativo (Doc. 8), es válida, por más que ese informe contenga datos limitados al ser materia declara secreta, y, existe una extensa motivación en la resolución de la alzada.

Se alega falta total del procedimiento legalmente establecido ( artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015). Tampoco se observa la falta absoluta del procedimiento, pues obran en el expediente administrativo los trámites esenciales del mismo.

También afirma el actor que no es posible conocer si en la formación de voluntad del órgano al emitir el informe desfavorable respecto a la licencia Nº ESMDDUI0979, se observaron las reglas legalmente establecidas. Pero lo cierto es que no existe indicio alguno de que no fuese así.

Respeto del principio de confianza legítima y de la prohibición de ir contra los propios actos, debemos señalar ( artículo 3.1 de la Ley 40/2015), la confianza legítima se define doctrinalmente, en lo que ahora interesa, como las expectativas razonables y de buena fe que los ciudadanos depositan en las actuaciones de las Administraciones Públicas. La prohibición de ir contra actos propios implica la prohibición de contradecir una conducta anterior de manera injustificada.

No se concreta por la recurrente los actos declarativos de voluntad de la Administración que le han podido generar una expectativa racional en la concesión de la licencia o que impliquen una contradicción actual con lo anteriormente decidido. Por lo tanto, no observamos vulneración del principio de confianza legítima o prohibición de ir contra actos propios.

Por otra parte, en la Resolución de la alzada, se razona que se tuvo en cuenta, respecto al usuario final: denegaciones de varios estados participes de regímenes multilaterales de no proliferación para el mismo tipo de producto y usuario, sanciones de la UE a la R.P. China (Sanciones de la Unión Europea a la R.P. China (Declaración del Consejo de Ministros de 26 y 27 de junio de 1989). Sanciones de la Unión Europea a Rusia ( Decisión del Consejo 2014/512/PESC y Reglamento del Consejo 833/2014/PESC, de 31 de julio de 2014 modificados en septiembre por la Decisión 2014/659/PESC y el Reglamento ( UE) Nº 960/2014 del Consejo de 8 de septiembre), potencial desvío hacia el sector militar de la producción del usuario final Hiwing Materials Co. Ltd. Los usos declarados son fabricación de piezas en materiales compuestos de paneles VTP.

La Administración aprecia que existe el riesgo de desvío a programas militares en general, a programas de misiles y a programas de aviones no tripulados militares. En particular, la empresa HIWING MATERIALS, CO. LTD. acumula 2 denegaciones y la empresa SHANGHAI AIRCRAFT MANUFACTURING CO. LTD. un total de 8 denegaciones.

De todo ello resulta que, no solo no se han defraudado expectativas legítimas, sino que la Administración es coherente en su decisión con una posición general razonada.

En conclusión, no apreciamos ilegalidad alguna, ni material ni procedimental, en la denegación de la licencia objeto de autos.

Por tal razón no es posible reconocer el derecho a obtenerla ni el derecho a una indemnización como consecuencia de una actuación administrativa que es ajustada a Derecho.

De lo expuesto resulta la desestimación del recurso.

TERCERO: Procede imposición de costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por ser la presente sentencia desestimatoria.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución:

PRIMERO: Es objeto de impugnación en autos la Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO de fecha 18 de diciembre de 2019, por la que se deniega a la recurrente la licencia de transferencia de material de doble uso Nº ESMDDUI0979.

La Resolución 24 de febrero de 2022 del mismo Ministerio desestima la alzada interpuesta frente a la anterior Resolución.

Antecedentes del presente recurso:

1.- MTORRES es una sociedad mercantil dedicada a la actividad de investigación, desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para su implementación en procesos industriales especialmente relacionados con el sector aeronáutico.

Desde su fundación en el año 1975, la mercantil actora viene desarrollando una intensa labor de investigación y producción para distintos sectores industriales.

2.- Los productos cuya investigación y producción realiza la recurrente se encuentran un conjunto de soluciones industriales cuya principal utilidad pasa por el encintado automático de componentes aeronáuticos estructurales en fibra de carbono.

La tecnología objeto de autos, es la desarrollada por MTORRES a través de la máquina "Torreslayup", una máquina del tipo "Automatic Tape Laying" (ATL) para la colocación de tiras de materiales compuestos, coordinada en más de dos ejes y equipada con una unidad de control numérico, cuya principal aplicación es la fabricación de superficies sustentadoras en fibra de carbono.

Los equipos "Torreslayup" han participado en numerosos programas de fabricación aeronáutica, entre ellos; del Airbus (A320, A330, A340, A350 y A380); del Boeing (B787); o del Comac (C919).

3.- Las operaciones de exportación de MTORRES con empresas ubicadas en la República Popular China han supuesto durante el ejercicio 2019 y en los inmediatos años precedentes, cifras cercanas al 10% del volumen total de facturación de la entidad.

En el seno de la relación comercial entablada por la recurrente con una empresa de la República Popular China, Hiwing Materials Co. Ltd. , se llevaron a cabo negociaciones para la venta de una máquina para la colocación de tiras de materiales compuestos, modelo "Torreslayup", cuya implementación se efectuaría para el desarrollo de programas de aviación exclusivamente civil y con un precio total de la operación igual a tres millones trescientos sesenta y tres mil euros (3.363.000€).

4.- El día 13 de junio de 2019 mi mandante procedió a solicitar de la Secretaría de Estado de Comercio el pertinente acuerdo previo de transferencia de material de doble uso sobre el que posteriormente solicitar licencia de exportación individual de una máquina para la colocación de tiras de materiales compuestos, coordinada en más de dos ejes y equipada con una unidad de control numérico, modelo "Torreslayup", cuyo uso/destino es puramente civil (para la fabricación de piezas de composite de paneles VTP "Vertical Tail Plane" del avión comercial C-919, esto es, el estabilizador vertical o dicho sea, simplemente, la parte vertical de la cola del avión C-919, ajena por completo a cualquier cuestión o asunto militar, por consiguiente) siendo el usuario final, la ya citada empresa china Hiwing.

5.- Dicha solicitud fue denegada por Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO de fecha 18 de diciembre de 2019 y, posteriormente, confirmada en alzada por Resolución 24 de febrero de 2022 del mismo Ministerio.

SEGUNDO: En la demanda se plantean las siguientes cuestiones:

1.- Ausencia total y absoluta de motivación de la Resolución denegatoria y de procedimiento.

2.- Vulneración del principio de confianza legítima y contrario a la doctrina de los actos propios.

3.- Se declare asimismo el reconocimiento de la situación individualizada consistente en que se conceda la licencia de transferencia de material de doble uso solicitada Nº ESMDDUI037724.

4.- Se indemnice al recurrente con la cantidad de 1.567.140 euros por los daños producidos por la denegación de la licencia y el lucro cesante por los beneficios dejados de percibir.

En la Resolución de 18 de diciembre de 2019, podemos leer:

"La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU 12/19) en su reunión de 17 de diciembre de 2019 ha emitido informe desfavorable respecto a la licencia de transferencia de material de defensa y de doble uso, número ESMDDUI037724, en aplicación de los artículos:

7.1 a) del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

12.1 a) y d) del Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso."

El artículo 7.1 a) del Real Decreto 679/2014, establece:

"1. Las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas, por resolución dictada por el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, en los supuestos siguientes:

a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.(...)"

Alega la recurrente la inexistencia de acto administrativo al faltar elementales presupuestos. Estos presupuestos son la falta de motivación y la falta del informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.

El informe referido se encuentra al folio 8 del expediente y la motivación de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, aunque escueta, existe.

Además, en la Resolución expresa del recurso de alzada de fecha 24 de febrero de 2022 a la que se amplió el presente recurso, se contiene una extensa motivación de la denegación.

Se señala que el Consejo de Ministros en su reunión de 13 de marzo de 1987 acordó clasificar las actas de la JIMDDU de secretas (Ley 9/1968) y que la denegación se basó en el informe desfavorable vinculante de la JIMDDU (documento 8 del expediente).

En relación a esta cuestión, debemos recordar las palabras de la sentencia de 13 de octubre de 22020, dictada en el recurso 13/2017 por la Sección tercera de esta Sala:

"(...) porque la discrecionalidad técnica que en este caso corresponde a la administración demandada hubiera precisado demostración de error de hecho o de derecho en el análisis efectuado por los órganos técnicos de la administración, lo cual no concurre en absoluto, no sólo por lo escueto y simple del dictamen pericial que como documental se aporta por la parte recurrente, sino también porque las alegaciones que fórmula no desvirtúan la fundamentación jurídica contenida esencialmente en la resolución del recurso de alzada, objeto del presente recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, damos aquí por reproducidas las mismas, en los siguientes términos: respecto al no sometimiento a licencia o autorización por no encontrarse ni el producto ni la entidad destinataria en los anexos del Reglamento (CE) del Consejo nº 428/2009, de 5 de mayo de 2009, y Reglamento (UE) nº 833/2014 del Consejo, de 31 de julio, incidir en lo ya indicado en el apartado relativo a antecedentes, en cuanto a que el 1 de diciembre de 2015, a la vista del artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009 , la JIMDDU, en el ejercicio de sus competencias, en su reunión de 1 de diciembre de 2015, acordó expresamente exigir para la exportación de la máquina "CENTRO DE MECANIZADO ZAYER, MODELO XIOS G1000", la autorización sometida al control específico establecido en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. (...)

La Administración demandada ha fundamentado su denegación de autorización a la exportación solicitada.

No es de acoger alegación alguna de supuesta indefensión por falta de motivación suficiente, ya que resulta evidente que la parte recurrente ha conocido perfectamente los motivos de la administración, como lo prueba el hecho de que ha presentado una prolija demanda y un extenso dictamen de parte tratando de desvirtuar aquellos."

De los documentos 6, 7 y 8 obrantes en el expediente administrativo no resulta indicio alguno de que la reunión de la JIMDDU incurriese en defecto formal o sustantivo alguno, por lo que la remisión de la motivación a dicho informe es ajustada a Derecho.

Del examen del expediente administrativo resulta que se han cumplido los trámites legales, si bien, existen documentos afectados por el secreto a que nos hemos referido.

Afirma el recurrente en su demanda que, con la documentación existente en el expediente no se puede valorar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la validez del informe emitido. Pero, como señala la sentencia antes citada, la discrecionalidad técnica que en este caso corresponde a la administración demandada hubiera precisado demostración de error de hecho o de derecho en el análisis efectuado por los órganos técnicos de la administración.Tal error no resulta de lo actuado.

Además, en el expediente administrativo (doc 24) se contiene el informe del Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso de 23 de abril de 2020, en el que, entre otras cuestiones se afirma:

"Dada la naturaleza del producto que se deseaba exportar, el contexto de fusión civil-militar de la industria aeronáutica china y los antecedentes de uso militar de la empresa destinataria, basado en un análisis de riesgo compartido a través de denegaciones de otros países, el riesgo de desvío a programas militares era alto. Asimismo, se identificó el riesgo de que se pudiese realizar ingeniería reversible con el material cuya solicitud de exportación fue denegada, para ser utilizada en la industria militar.

El análisis de cada licencia se hace caso a caso, teniendo en cuenta que cada exportación es un caso singular. En este proceso se analiza el producto, el país de destino, el comprador y el uso final, todo ello en el momento de la exportación, pues las circunstancias pueden ser cambiantes. Ello puede redundar en la modificación de los criterios sobre la idoneidad de autorizar o no una exportación, al haberse modificado el contexto en que se produce.

Finalmente, respecto a la alegación referida a la concesión de licencias al mismo tipo de máquinas, cabe comunicar que, como se indica en el cuerpo de las alegaciones del recurso ninguna maquina resulta igual pues todas son hechas a medida del cliente.

CONCLUSIONES

Por estos motivos, la JIMDDU tomo la decisión en su reunión de 17 de diciembre de 2019 de no autorizar las solicitudes vinculadas a las licencias de exportación ESMDDUI0979 confirmándose, pues, la resolución adoptada objeto de recurso."

Concluimos de lo expuesto, que el acto impugnado y su confirmación en alzada se encuentra motivado, el informe de la JIMDDU obra al documento 8 del expediente, y el procedimiento administración existe y se ha seguido por los trámites legales, uniéndose los informes correspondientes de los que se extrae la justificación de la decisión administrativa.

En segundo lugar, debemos comenzar por señalar que el recurso de alzada se interpuso frente a una Resolución expresa denegatoria de la solicitud actora, la dictada en fecha 18 de diciembre de 2019, (como hemos razonado no puede aceptarse la afirmación actora relativa a la inexistencia de ese acto administrativo). Por lo tanto, el silencio en la alzada lo era negativo, y quedó ratificado por la resolución expresa de la alzada el 24 de febrero de 2022, que desestimó la misma ( artículo 24.1 de la Ley 39/2015).

En tercer lugar, se alega la nulidad radical del artículo 47.1. letra a) de la Ley 39/2015, por vulneración del artículo 24 de la CE, ya que, a juicio del actor, no se puede articular con seguridad el ejercicio de las acciones judiciales, precisamente por la falta de motivación del acto administrativo originario. Pero ya hemos señalado que la remisión a un informe que consta en el expediente administrativo (Doc. 8), es válida, por más que ese informe contenga datos limitados al ser materia declara secreta, y, existe una extensa motivación en la resolución de la alzada.

Se alega falta total del procedimiento legalmente establecido ( artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015). Tampoco se observa la falta absoluta del procedimiento, pues obran en el expediente administrativo los trámites esenciales del mismo.

También afirma el actor que no es posible conocer si en la formación de voluntad del órgano al emitir el informe desfavorable respecto a la licencia Nº ESMDDUI0979, se observaron las reglas legalmente establecidas. Pero lo cierto es que no existe indicio alguno de que no fuese así.

Respeto del principio de confianza legítima y de la prohibición de ir contra los propios actos, debemos señalar ( artículo 3.1 de la Ley 40/2015), la confianza legítima se define doctrinalmente, en lo que ahora interesa, como las expectativas razonables y de buena fe que los ciudadanos depositan en las actuaciones de las Administraciones Públicas. La prohibición de ir contra actos propios implica la prohibición de contradecir una conducta anterior de manera injustificada.

No se concreta por la recurrente los actos declarativos de voluntad de la Administración que le han podido generar una expectativa racional en la concesión de la licencia o que impliquen una contradicción actual con lo anteriormente decidido. Por lo tanto, no observamos vulneración del principio de confianza legítima o prohibición de ir contra actos propios.

Por otra parte, en la Resolución de la alzada, se razona que se tuvo en cuenta, respecto al usuario final: denegaciones de varios estados participes de regímenes multilaterales de no proliferación para el mismo tipo de producto y usuario, sanciones de la UE a la R.P. China (Sanciones de la Unión Europea a la R.P. China (Declaración del Consejo de Ministros de 26 y 27 de junio de 1989). Sanciones de la Unión Europea a Rusia ( Decisión del Consejo 2014/512/PESC y Reglamento del Consejo 833/2014/PESC, de 31 de julio de 2014 modificados en septiembre por la Decisión 2014/659/PESC y el Reglamento ( UE) Nº 960/2014 del Consejo de 8 de septiembre), potencial desvío hacia el sector militar de la producción del usuario final Hiwing Materials Co. Ltd. Los usos declarados son fabricación de piezas en materiales compuestos de paneles VTP.

La Administración aprecia que existe el riesgo de desvío a programas militares en general, a programas de misiles y a programas de aviones no tripulados militares. En particular, la empresa HIWING MATERIALS, CO. LTD. acumula 2 denegaciones y la empresa SHANGHAI AIRCRAFT MANUFACTURING CO. LTD. un total de 8 denegaciones.

De todo ello resulta que, no solo no se han defraudado expectativas legítimas, sino que la Administración es coherente en su decisión con una posición general razonada.

En conclusión, no apreciamos ilegalidad alguna, ni material ni procedimental, en la denegación de la licencia objeto de autos.

Por tal razón no es posible reconocer el derecho a obtenerla ni el derecho a una indemnización como consecuencia de una actuación administrativa que es ajustada a Derecho.

De lo expuesto resulta la desestimación del recurso.

TERCERO: Procede imposición de costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por ser la presente sentencia desestimatoria.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución:

PRIMERO: Es objeto de impugnación en autos la Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO de fecha 18 de diciembre de 2019, por la que se deniega a la recurrente la licencia de transferencia de material de doble uso Nº ESMDDUI0979.

La Resolución 24 de febrero de 2022 del mismo Ministerio desestima la alzada interpuesta frente a la anterior Resolución.

Antecedentes del presente recurso:

1.- MTORRES es una sociedad mercantil dedicada a la actividad de investigación, desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para su implementación en procesos industriales especialmente relacionados con el sector aeronáutico.

Desde su fundación en el año 1975, la mercantil actora viene desarrollando una intensa labor de investigación y producción para distintos sectores industriales.

2.- Los productos cuya investigación y producción realiza la recurrente se encuentran un conjunto de soluciones industriales cuya principal utilidad pasa por el encintado automático de componentes aeronáuticos estructurales en fibra de carbono.

La tecnología objeto de autos, es la desarrollada por MTORRES a través de la máquina "Torreslayup", una máquina del tipo "Automatic Tape Laying" (ATL) para la colocación de tiras de materiales compuestos, coordinada en más de dos ejes y equipada con una unidad de control numérico, cuya principal aplicación es la fabricación de superficies sustentadoras en fibra de carbono.

Los equipos "Torreslayup" han participado en numerosos programas de fabricación aeronáutica, entre ellos; del Airbus (A320, A330, A340, A350 y A380); del Boeing (B787); o del Comac (C919).

3.- Las operaciones de exportación de MTORRES con empresas ubicadas en la República Popular China han supuesto durante el ejercicio 2019 y en los inmediatos años precedentes, cifras cercanas al 10% del volumen total de facturación de la entidad.

En el seno de la relación comercial entablada por la recurrente con una empresa de la República Popular China, Hiwing Materials Co. Ltd. , se llevaron a cabo negociaciones para la venta de una máquina para la colocación de tiras de materiales compuestos, modelo "Torreslayup", cuya implementación se efectuaría para el desarrollo de programas de aviación exclusivamente civil y con un precio total de la operación igual a tres millones trescientos sesenta y tres mil euros (3.363.000€).

4.- El día 13 de junio de 2019 mi mandante procedió a solicitar de la Secretaría de Estado de Comercio el pertinente acuerdo previo de transferencia de material de doble uso sobre el que posteriormente solicitar licencia de exportación individual de una máquina para la colocación de tiras de materiales compuestos, coordinada en más de dos ejes y equipada con una unidad de control numérico, modelo "Torreslayup", cuyo uso/destino es puramente civil (para la fabricación de piezas de composite de paneles VTP "Vertical Tail Plane" del avión comercial C-919, esto es, el estabilizador vertical o dicho sea, simplemente, la parte vertical de la cola del avión C-919, ajena por completo a cualquier cuestión o asunto militar, por consiguiente) siendo el usuario final, la ya citada empresa china Hiwing.

5.- Dicha solicitud fue denegada por Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO de fecha 18 de diciembre de 2019 y, posteriormente, confirmada en alzada por Resolución 24 de febrero de 2022 del mismo Ministerio.

SEGUNDO: En la demanda se plantean las siguientes cuestiones:

1.- Ausencia total y absoluta de motivación de la Resolución denegatoria y de procedimiento.

2.- Vulneración del principio de confianza legítima y contrario a la doctrina de los actos propios.

3.- Se declare asimismo el reconocimiento de la situación individualizada consistente en que se conceda la licencia de transferencia de material de doble uso solicitada Nº ESMDDUI037724.

4.- Se indemnice al recurrente con la cantidad de 1.567.140 euros por los daños producidos por la denegación de la licencia y el lucro cesante por los beneficios dejados de percibir.

En la Resolución de 18 de diciembre de 2019, podemos leer:

"La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU 12/19) en su reunión de 17 de diciembre de 2019 ha emitido informe desfavorable respecto a la licencia de transferencia de material de defensa y de doble uso, número ESMDDUI037724, en aplicación de los artículos:

7.1 a) del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

12.1 a) y d) del Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso."

El artículo 7.1 a) del Real Decreto 679/2014, establece:

"1. Las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas, por resolución dictada por el titular de la Secretaría de Estado de Comercio, en los supuestos siguientes:

a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.(...)"

Alega la recurrente la inexistencia de acto administrativo al faltar elementales presupuestos. Estos presupuestos son la falta de motivación y la falta del informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso.

El informe referido se encuentra al folio 8 del expediente y la motivación de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, aunque escueta, existe.

Además, en la Resolución expresa del recurso de alzada de fecha 24 de febrero de 2022 a la que se amplió el presente recurso, se contiene una extensa motivación de la denegación.

Se señala que el Consejo de Ministros en su reunión de 13 de marzo de 1987 acordó clasificar las actas de la JIMDDU de secretas (Ley 9/1968) y que la denegación se basó en el informe desfavorable vinculante de la JIMDDU (documento 8 del expediente).

En relación a esta cuestión, debemos recordar las palabras de la sentencia de 13 de octubre de 22020, dictada en el recurso 13/2017 por la Sección tercera de esta Sala:

"(...) porque la discrecionalidad técnica que en este caso corresponde a la administración demandada hubiera precisado demostración de error de hecho o de derecho en el análisis efectuado por los órganos técnicos de la administración, lo cual no concurre en absoluto, no sólo por lo escueto y simple del dictamen pericial que como documental se aporta por la parte recurrente, sino también porque las alegaciones que fórmula no desvirtúan la fundamentación jurídica contenida esencialmente en la resolución del recurso de alzada, objeto del presente recurso contencioso administrativo. Por lo tanto, damos aquí por reproducidas las mismas, en los siguientes términos: respecto al no sometimiento a licencia o autorización por no encontrarse ni el producto ni la entidad destinataria en los anexos del Reglamento (CE) del Consejo nº 428/2009, de 5 de mayo de 2009, y Reglamento (UE) nº 833/2014 del Consejo, de 31 de julio, incidir en lo ya indicado en el apartado relativo a antecedentes, en cuanto a que el 1 de diciembre de 2015, a la vista del artículo 4 del Reglamento (CE) Nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009 , la JIMDDU, en el ejercicio de sus competencias, en su reunión de 1 de diciembre de 2015, acordó expresamente exigir para la exportación de la máquina "CENTRO DE MECANIZADO ZAYER, MODELO XIOS G1000", la autorización sometida al control específico establecido en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto. (...)

La Administración demandada ha fundamentado su denegación de autorización a la exportación solicitada.

No es de acoger alegación alguna de supuesta indefensión por falta de motivación suficiente, ya que resulta evidente que la parte recurrente ha conocido perfectamente los motivos de la administración, como lo prueba el hecho de que ha presentado una prolija demanda y un extenso dictamen de parte tratando de desvirtuar aquellos."

De los documentos 6, 7 y 8 obrantes en el expediente administrativo no resulta indicio alguno de que la reunión de la JIMDDU incurriese en defecto formal o sustantivo alguno, por lo que la remisión de la motivación a dicho informe es ajustada a Derecho.

Del examen del expediente administrativo resulta que se han cumplido los trámites legales, si bien, existen documentos afectados por el secreto a que nos hemos referido.

Afirma el recurrente en su demanda que, con la documentación existente en el expediente no se puede valorar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la validez del informe emitido. Pero, como señala la sentencia antes citada, la discrecionalidad técnica que en este caso corresponde a la administración demandada hubiera precisado demostración de error de hecho o de derecho en el análisis efectuado por los órganos técnicos de la administración.Tal error no resulta de lo actuado.

Además, en el expediente administrativo (doc 24) se contiene el informe del Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso de 23 de abril de 2020, en el que, entre otras cuestiones se afirma:

"Dada la naturaleza del producto que se deseaba exportar, el contexto de fusión civil-militar de la industria aeronáutica china y los antecedentes de uso militar de la empresa destinataria, basado en un análisis de riesgo compartido a través de denegaciones de otros países, el riesgo de desvío a programas militares era alto. Asimismo, se identificó el riesgo de que se pudiese realizar ingeniería reversible con el material cuya solicitud de exportación fue denegada, para ser utilizada en la industria militar.

El análisis de cada licencia se hace caso a caso, teniendo en cuenta que cada exportación es un caso singular. En este proceso se analiza el producto, el país de destino, el comprador y el uso final, todo ello en el momento de la exportación, pues las circunstancias pueden ser cambiantes. Ello puede redundar en la modificación de los criterios sobre la idoneidad de autorizar o no una exportación, al haberse modificado el contexto en que se produce.

Finalmente, respecto a la alegación referida a la concesión de licencias al mismo tipo de máquinas, cabe comunicar que, como se indica en el cuerpo de las alegaciones del recurso ninguna maquina resulta igual pues todas son hechas a medida del cliente.

CONCLUSIONES

Por estos motivos, la JIMDDU tomo la decisión en su reunión de 17 de diciembre de 2019 de no autorizar las solicitudes vinculadas a las licencias de exportación ESMDDUI0979 confirmándose, pues, la resolución adoptada objeto de recurso."

Concluimos de lo expuesto, que el acto impugnado y su confirmación en alzada se encuentra motivado, el informe de la JIMDDU obra al documento 8 del expediente, y el procedimiento administración existe y se ha seguido por los trámites legales, uniéndose los informes correspondientes de los que se extrae la justificación de la decisión administrativa.

En segundo lugar, debemos comenzar por señalar que el recurso de alzada se interpuso frente a una Resolución expresa denegatoria de la solicitud actora, la dictada en fecha 18 de diciembre de 2019, (como hemos razonado no puede aceptarse la afirmación actora relativa a la inexistencia de ese acto administrativo). Por lo tanto, el silencio en la alzada lo era negativo, y quedó ratificado por la resolución expresa de la alzada el 24 de febrero de 2022, que desestimó la misma ( artículo 24.1 de la Ley 39/2015).

En tercer lugar, se alega la nulidad radical del artículo 47.1. letra a) de la Ley 39/2015, por vulneración del artículo 24 de la CE, ya que, a juicio del actor, no se puede articular con seguridad el ejercicio de las acciones judiciales, precisamente por la falta de motivación del acto administrativo originario. Pero ya hemos señalado que la remisión a un informe que consta en el expediente administrativo (Doc. 8), es válida, por más que ese informe contenga datos limitados al ser materia declara secreta, y, existe una extensa motivación en la resolución de la alzada.

Se alega falta total del procedimiento legalmente establecido ( artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015). Tampoco se observa la falta absoluta del procedimiento, pues obran en el expediente administrativo los trámites esenciales del mismo.

También afirma el actor que no es posible conocer si en la formación de voluntad del órgano al emitir el informe desfavorable respecto a la licencia Nº ESMDDUI0979, se observaron las reglas legalmente establecidas. Pero lo cierto es que no existe indicio alguno de que no fuese así.

Respeto del principio de confianza legítima y de la prohibición de ir contra los propios actos, debemos señalar ( artículo 3.1 de la Ley 40/2015), la confianza legítima se define doctrinalmente, en lo que ahora interesa, como las expectativas razonables y de buena fe que los ciudadanos depositan en las actuaciones de las Administraciones Públicas. La prohibición de ir contra actos propios implica la prohibición de contradecir una conducta anterior de manera injustificada.

No se concreta por la recurrente los actos declarativos de voluntad de la Administración que le han podido generar una expectativa racional en la concesión de la licencia o que impliquen una contradicción actual con lo anteriormente decidido. Por lo tanto, no observamos vulneración del principio de confianza legítima o prohibición de ir contra actos propios.

Por otra parte, en la Resolución de la alzada, se razona que se tuvo en cuenta, respecto al usuario final: denegaciones de varios estados participes de regímenes multilaterales de no proliferación para el mismo tipo de producto y usuario, sanciones de la UE a la R.P. China (Sanciones de la Unión Europea a la R.P. China (Declaración del Consejo de Ministros de 26 y 27 de junio de 1989). Sanciones de la Unión Europea a Rusia ( Decisión del Consejo 2014/512/PESC y Reglamento del Consejo 833/2014/PESC, de 31 de julio de 2014 modificados en septiembre por la Decisión 2014/659/PESC y el Reglamento ( UE) Nº 960/2014 del Consejo de 8 de septiembre), potencial desvío hacia el sector militar de la producción del usuario final Hiwing Materials Co. Ltd. Los usos declarados son fabricación de piezas en materiales compuestos de paneles VTP.

La Administración aprecia que existe el riesgo de desvío a programas militares en general, a programas de misiles y a programas de aviones no tripulados militares. En particular, la empresa HIWING MATERIALS, CO. LTD. acumula 2 denegaciones y la empresa SHANGHAI AIRCRAFT MANUFACTURING CO. LTD. un total de 8 denegaciones.

De todo ello resulta que, no solo no se han defraudado expectativas legítimas, sino que la Administración es coherente en su decisión con una posición general razonada.

En conclusión, no apreciamos ilegalidad alguna, ni material ni procedimental, en la denegación de la licencia objeto de autos.

Por tal razón no es posible reconocer el derecho a obtenerla ni el derecho a una indemnización como consecuencia de una actuación administrativa que es ajustada a Derecho.

De lo expuesto resulta la desestimación del recurso.

TERCERO: Procede imposición de costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por ser la presente sentencia desestimatoria.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: