Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 41/2023 de 29 de enero del 2025

PRIMERO: Es objeto de impugnación en la presente Apelación, Sentencia 126/2023, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 9, con fecha 21 de julio de 2023, PO 73/2022, relativa a la Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 15 de febrero de 2021, de reintegro parcial de la subvención concedida que asciende a 51.458,61 euros.

La sentencia apelada estimó el recurso.

La sentencia recoge los antecedentes del recurso en los siguientes términos:

"Por resolución de la Dirección Provincial del SEPE, en Sevilla, por delegación de la Dirección General, de 11 de septiembre de 2014, se concedió a la parte actora, una subvención por importe de 116.825 euros, para financiar el coste salarial total, derivado de la cotización de 51 trabajadores desempleados. La cantidad concedida fue abonada íntegramente el 22 de diciembre de 2014.

Finalizada la obra, se emitió un informe por el técnico de la Dirección Provincial del SEPE, en que se advertía de la falta de realización de diferentes actuaciones recogidas en el proyecto y la ejecución de obras no previstas y se comunicó el inicio de un procedimiento de reintegro de subvenciones, por importe de 43.326,07 euros.

Transcurrido el plazo de alegaciones, el 13 de diciembre de 2016, la Dirección Provincial del SEPE, en Sevilla, dictó una resolución en la que acordaba la obligación que tenía la actora de reintegrar la suma de 45.688,09 euros.

La parte actora presentó frente a la anterior resolución, recurso de alzada, que fue inadmitido por extemporáneo, frente al cual, se recurrió a la vía contencioso- administrativa.

El recurso contencioso administrativo, fue estimado parcialmente por sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 11, en el Procedimiento Ordinario n.º 9/2020 , acordando la anulación del acto impugnado, pero sin entrar en el fondo.

Una vez, firme la sentencia citada, la Dirección Provincial del SEPE, acordó la incoación de un nuevo expediente de reintegro de subvenciones, notificándoselo a la parte actora el 5 de enero de 2021.

Finalmente, tras los trámites oportunos, se dictó resolución por la Dirección Provincial del SEPE, en fecha 15 de febrero de 2021, por la que se acordaba la obligación de la parte actora, de reintegrar parte de la subvención concedida.

No conforme con la anterior resolución, se interpuso recurso de alzada y frente a su desestimación, se ha recurrido a la vía jurisdiccional."

La apelante sostiene que la prescripción apreciada por la sentencia apelada, se funda en un presupuesto concreto: que la Sentencia 96/2020, de 22 de octubre, dictada por el Iltre. Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 "anuló todo el procedimiento de reintegro, lo anuló en su totalidad, con independencia de los motivos de nulidad o de anulabilidad, acordando su retroacción a su inicio, retroacción, que al final concluyó con el archivo y con la incoación de un nuevo expediente". Por esta razón considera "que, en relación a este segundo expediente, no puede el recurso de alzada interpuesto en el primero, interrumpir la prescripción, cuando todo lo actuado en ese primero, se ha anulado." Pero, según afirma, basta una lectura de la Sentencia 96/2020, de 22 de octubre (obrante al documento nº 11 del expediente administrativo) para comprobar que, en contra de lo que se razona en la Sentencia apelada, aquella no anuló el procedimiento en su totalidad ni acordó la retroacción a su inicio. Más bien al contrario, se limitó a estimar parcialmente el recurso, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, anulando únicamente la resolución de inadmisión del recurso de alzada.

La apelada señala que, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en lugar de retrotraer las actuaciones del procedimiento anterior de reintegro de la subvención, subsanando el vicio identificado, conforme al art. 52 LPACAP, inició un nuevo procedimiento de reintegro y, de ello concluye, que invalidó con ello todo el procedimiento anterior, incluyendo el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra contra la resolución de reintegro el 3 de febrero de 2017.

A este nuevo inicio de expediente hace referencia la sentencia apelada, al afirmar que, la fecha de notificación del nuevo acuerdo de inicio del expediente de reintegro, es de 5 de enero de 2021.

La apelante, efectivamente reconoce, que por la Administración se acordó la retroacción de las actuaciones al inicio del expediente y la incoación de un nuevo procedimiento de reintegro mediante resolución 29 de diciembre de 2020.

Lo que es indiscutible es que, sea o no consecuencia de la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 11, en el Procedimiento Ordinario n.º 9/2020, lo cierto es que la propia Administración inició un nuevo expediente de reintegro, pretendiendo ahora que el anterior produzca efectos interruptivos. Ello implicaría ir contra actos propios, en la medida en que es la propia Administración la que niega eficacia al expediente de reintegro anterior, y, sin embargo, pretende que tenga efectos interruptivos de la prescripción. Esta visión vulnera la seguridad jurídica, pues una concatenación de expedientes previamente archivados, impediría el correr de la prescripción, al no concurrir causa de nulidad en los expedientes anteriores.

Esta interpretación no es acorde a la finalidad de la institución de la prescripción, que tiene por objeto la fijación de situaciones jurídicas en el tiempo, de suerte que sea posible la seguridad jurídica.

Cuando la propia Administración archiva un expediente de reintegro e inicia otro, no puede pretender que el anterior produzca efectos interruptivos de la prescripción, cuando ella misma niega eficacia jurídica al anterior expediente, sin poner en riesgo el principio de seguridad jurídica.

Por tales razones entendemos que son acertados los razonamientos de la sentencia apelada, apreciando la prescripción conforme al artículo 39 de la LGS.

SEGUNDO: Procede imposición de costas a la apelante, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, toda vez que la presente sentencia es desestimatoria.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: