Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1793/2021 de 10 de octubre del 2024

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 16 de octubre de 2017, por la que se desestimó la petición de la parte recurrente en orden a obtener la nacionalidad española.

SEGUNDO:La concesión de la nacionalidad española por residencia es un acto que expresa una de las más relevantes manifestaciones de la soberanía de un Estado, conlleva el otorgamiento de una cualidad que lleva implícita un conjunto de derechos y obligaciones y su otorgamiento se condiciona al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al artículo 21 del Código Civil, puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional.

El artículo 22 del Código Civil establece como uno de esos requisitos, que el solicitante acredite positivamente la observancia de buena conducta cívica, es decir, como señala la STS de 19 de junio 2015, rec. 2776/2013 , no basta que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que per se impliquen mala conducta. El artículo 22 del Código Civil exige que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1987 .

En relación a la suficiencia de integración en la sociedad española, la STS de 5 de marzo de 2024, recurso de casación nº 6207/2022 FJ 5º, ha subrayado que el requisito de la buena conducta cívica del artículo 22.4 CC constituye un concepto jurídico indeterminado, por lo que la Administración debe verificar si ésta concurre o no: si la respuesta es afirmativa, debe conceder la nacionalidad española; si la respuesta es negativa, debe denegarla. No puede, por tanto, fundar su decisión en consideraciones de oportunidad o conveniencia. Y es igualmente doctrina jurisprudencial consolidada que el hecho de haber sido penalmente condenado no es, por sí solo, suficiente para tener por no acreditada la buena conducta cívica, de la misma manera, por cierto, que el hecho de carecer de antecedentes penales tampoco basta para tener dicho requisito por probado. Las actuaciones penales, con o sin condena, que hayan podido seguirse contra quien solicita la nacionalidad española por residencia son datos a tener en cuenta, junto con otros que puedan resultar relevantes, para valorar la actitud del solicitante desde el punto de vista del civismo. Por eso, la existencia o inexistencia de antecedentes penales no es decisiva: es posible que, aun habiendo sido ya cancelados los antecedentes penales, un hecho ilícito sea tan elocuente acerca de la falta de civismo del solicitante que pueda ser utilizado para tener por no satisfecho el requisito del artículo 22.4 CC; y, viceversa, cabe que determinados antecedentes penales todavía no cancelados resulten, habida cuenta de su significado, insuficientes para formular un juicio negativo sobre el civismo del solicitante.

En definitiva, la nacionalidad española concede un status y unos derechos superiores que los derivados de la mera residencia en España, y por ello también se establece en nuestro ordenamiento la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, en cuanto pretenden su total equiparación política y jurídica, a los ciudadanos españoles, lo cual sería incongruente con una residencia que, con independencia de su duración, se desarrollase al margen de la forma de vida, costumbres y valores constitucionales que conforman nuestra sociedad. Es por ello que la mera residencia en España durante un largo periodo de tiempo tan solo justifica el cumplimiento de uno de los requisitos legalmente exigidos para acceder a la nacionalidad española -residencia legal y continuada- pero resulta, por sí misma, insuficiente si no va acompañada de una integración real y efectiva en las costumbres y forma de vida españolas.

TERCERO:La resolución recurrida, motiva la denegación de la nacionalidad, entre otras consideraciones, en la condena penal sufrida por el recurrente y más en concreto, por la sentencia, que es firme, de fecha 29 de septiembre de 2014 por quebrantamiento de condena o medida cautelar.

La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2022, recurso de casación 2623/21 FJ 4, sistematiza la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo sobre esta materia, partiendo de la premisa de que la determinación de la concurrencia del requisito de buena conducta cívica es una materia eminentemente casuística y dependerá de las peculiares circunstancias que en cada supuesto concurran y lo hace en los siguientes términos:

1. La carga de la prueba del requisito de buena conducta cívica incumbe al solicitante (véanse a estos efectos, entre otras, las sentencias SSTS de 10 de junio de 2015, 23 de marzo de 2017 y 17 de junio de 2016, antes mencionadas).

2. El requisito de buena conducta cívica no sólo ha de concurrir en el momento inicial de la presentación de la solicitud de nacionalidad, sino que también ha de estar presente durante toda la tramitación del expediente, hasta el mismo momento de la concesión de la nacionalidad (véanse en este sentido las citadas SSTS de 10 de junio de 2015 y de 23 de marzo de 2017).

3. No basta con que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que "per se" impliquen mala conducta, puesto que lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, esto es, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87 (en este sentido se pronuncia la STS de 19 de junio de 2015).

CUARTO:Po r otra parte, hay que tener en cuenta la gravedad del delito en el contexto social en que nos encontramos y el hecho de si el recurrente aporta algún dato de carácter positivo que desvirtúe los efectos desfavorables de aquella conducta descartando los relativos a la residencia en España, trabajo e hijos nacidos en España, pues éstos demuestran el arraigo en nuestro país pero no la buena conducta cívica.

Valorando las circunstancias existentes en la fecha de la petición de la nacionalidad y los demás elementos de hecho que constan en autos, no se desvanece el fundamento de la resolución recurrida, que por ello ha de ser declarada conforme a derecho.

En efecto, el recurrente cuenta con una condena penal vinculada a un comportamiento como es el maltrato en el ámbito familiar que comporta un singular rechazo en la sociedad española, siendo la fecha de la comisión del hecho posterior a la petición de la nacionalidad, pero anterior a la resolución denegatoria que puso fin al procedimiento. El hecho de que se trate de una sola condena no implica una minusvaloración de la conducta, pues el comportamiento violento en el ámbito familiar es una de las mayores lacras actuales de la sociedad española. Tampoco el transcurso del tiempo o el hecho de que los antecedentes puedan ser cancelados pueden fundar la estimación del recurso, pues los hechos se vinculan a un período muy cercano al momento de la petición de la nacionalidad, dato fundamental que debe tenerse en cuenta. A ello se une que, como ya se ha apuntado, el recurrente no ha acreditado un comportamiento positivo que pueda compensar le negatividad de su conducta.

En estas circunstancias, el recurso debe ser desestimado sin que sea necesario pronunciarse sobre los restantes motivos de denegación contenidos en la resolución impugnada.

QUINTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso, con un límite por todos los conceptos de 1000 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente