Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1456/2020 de 10 de octubre del 2024

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 12 de junio de 2019 ante la administración autonómica andaluza por Servicios Turísticos Boatdil.

SEGUNDO:El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en sus artículos 32 a 35 el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo destacarse, además de las menciones que se hacen a continuación que la reclamación podrá fundarse en el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, causado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 67 regula las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se pronuncia en los siguientes términos:

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante."

TERCERO:El presente recurso debe ser desestimado de acuerdo con la argumentación que se expone a continuación, esencialmente coincidente con lo expresado por la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado en sus escritos de oposición a la demanda:

1. Respecto de la administración estatal, debe decirse en primer lugar que no consta que se hubiera formulado reclamación previa administrativa ante la misma, por lo que en puridad no existe acto impugnado y, en consecuencia, el recurso en cuanto a la misma debería ser declarado inadmisible. No obstante, en esta fase procedimental se tratará este motivo de oposición como un supuesto de desestimación del recurso, pues, además, son esencialmente aplicables a las dos administraciones demandadas los razonamientos que se exponen a continuación.

2. El procedimiento administrativo iniciado en 2017 a instancias de la recurrente para la autorización de la ampliación de su actividad comercial terminó con una resolución de caducidad de fecha 5 de julio de 2019, que es firme.

3. Servicios Turísticos Boatdil afirma que recurrió en alzada dicha resolución y, en efecto, tal recurso figura en el expediente. Sin embargo, como acertadamente señala la Junta de Andalucía, no consta sello de entrada y tal recurso no aparece en sus registros, por lo que concluimos que no existe prueba que avale la afirmación de la recurrente y, en consecuencia, entendemos que dicha resolución ganó firmeza.

4. A este dato debe añadirse el alegato de la Junta de Andalucía, que compartimos plenamente, en el sentido de que el procedimiento que se ha descrito anteriormente no puede ser enjuiciado en el presente caso y que, si no lo fue en su momento, sólo se debe a la falta de acción de la recurrente.

5. La recurrente fundamenta la existencia de un daño antijurídico que no tiene el deber de soportar en el presupuesto de que tenía un derecho subjetivo a obtener la autorización final y que, si no llegó a ello, fue por la intervención de la Capitanía Marítima de Motril y su informe negativo.

6. Pues bien, no existe tal derecho subjetivo a obtener la autorización, por lo que no se cumple el primer requisito para conceder la indemnización solicitada, lo que determina la desestimación del presente recurso, sin perjuicio de recordarle a la recurrente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.3 del Reglamento General de Costas, el informe favorable de la Capitanía Marítima, en un caso como el enjuiciado, es preceptivo y vinculante.

7. Por otra parte, no explica la recurrente que relación existe entre la desestimación de su petición de ampliación de actividad y el cierre total de su actividad inicial.

CUARTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer costas a la parte recurrente, al haberse rechazado todas sus pretensiones, para lo que se fija un límite por todos los conceptos de 3.000 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente