Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 2232/2021 de 13 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Se interpone el recurso contra la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 1 de junio de 2020, dictada por delegación que desestima el recurso de reposición formulado contra la resolución 16 de diciembre de 2016, por la que se deniega la nacionalidad por residencia por cuanto el interesado, al tiempo de solicitar la nacionalidad por residencia, no cumple el requisito de llevar 10 años de residencia legal en España, ya que solicitó su primera autorización de residencia hasta el 22-03-2005 y presentó dicha solicitud / se ratificó en la misma el 03-06-2014.

SEGUNDO.-So stiene el recurrente en la demanda que obtuvo la primera autorización de residencia el 22 de marzo de 2005, ello quiere decir que la primera autorización la ha tenido que solicitar como mínimo el día 22 de marzo de 2004, por lo que en el momento en que solicita la nacionalidad española por residencia (el 3 de junio de 2014), llevaba residiendo de forma legal y continuada en España los 10 años.

TERCERO.-La obtención de la nacionalidad por residencia no constituye un derecho subjetivo, por lo que su denegación no supone la limitación del ejercicio de un derecho, sino que nos hallamos ante un acto que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un estado.

Tal afirmación no impide aseverar que su otorgamiento se encuentra en todo caso condicionado al cumplimiento por el solicitante de unos determinados requisitos, y que, conforme al art. 21 del Código Civil, puede ser denegada por motivos de orden público o interés nacional.

En estos términos se expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2011 (Recurso 2911/2007), haciéndose eco de una doctrina jurisprudencial consolidada que, en lo que ahora nos interesa, establece:

"[...] el otorgamiento de ésta en modo alguno puede ser considerado como un derecho del particular, sino, como antes hemos dicho, como el otorgamiento de una condición, la de nacional, que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, no en vano la nacionalidad constituye la base misma de aquél, que conlleva el reconocimiento de una serie de derechos y obligaciones y que en todo caso puede ser negado por razones de orden público o interés nacional".

Los arts. 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

En relación con el requisito de la residencia, exige el artículo 22.3 del Código Civil, que la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

Es decir, el cumplimiento de dicho requisito objetivo, como subraya la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2011 (Rec. 459/2010) exige la concurrencia de tres circunstancias: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjería que vengan establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud en el que incide la STS de 10 febrero 2015 (Rec. 3025/2012).

Hemos expresado de forma continuada que la residencia legal implica la permanencia en el territorio español amparada en el régimen de autorizaciones que regula la legislación de extranjería, pues sólo tienen consideración de residentes quienes estén en posesión de un permiso de residencia. Al efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 mayo 2001 (Recurso de Casación núm. 8289/1996) señala que: "En este sentido, la expresión "residencia legal" procede aplicarla siempre y cuando la residencia se ajuste a las exigencias prevenidas por la Legislación, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España ..." .

Es preciso diferenciar con claridad los conceptos de residencia legal y mera permanencia en España. Aunque tengan elementos comunes se trata de conceptos diferentes: la residencia legal implica la permanencia en el territorio español amparada en el régimen de autorizaciones que regula la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de suerte que solo tienen la consideración de "residentes", los ciudadanos extranjeros amparados en un permiso de residencia. Por su parte, la mera permanencia implica presencia física en el territorio español exenta de las autorizaciones legales y reglamentarias citadas.

La jurisprudencia ha señalado con claridad que el requisito de la "legalidad" vinculado a la residencia implica la permanencia en el territorio español amparada en el régimen de autorizaciones que regula la legislación de extranjería vigente en cada momento. Se convierten así las autorizaciones o permisos de residencia en títulos habilitantes válidos para residir legalmente en España y que esta residencia tenga el carácter requerido en el Código Civil a efectos de adquisición de la nacionalidad española.

El Tribunal Supremo en la sentencia de 19 de julio de 2017, recurso de casación nº 17/2016, ha reiterado dicha doctrina.

En el caso de autos, consta informe de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, donde se hace constar que solicitó permiso de trabajo y residencia por primera vez el 22 de marzo de 2005, siendo concedido el 6 de julio de 2005, de forma que cuando efectuó solicitud de nacionalidad el 3 de junio de 2014 no había transcurrido los diez años de residencia legal exigidos. El recurrente se limita a afirmar que debió haber solicitado por primera vez autorización de residencia el 22 de marzo de 2004, pero no acompaña documento alguno en que funda su afirmación, para desvirtuar la decisión de la Administración, por lo que el recurso debe ser desestimado.

CUARTO.-De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede imponer las costas a la parte recurrente, sin que el límite máximo de aquéllas, considerando la complejidad y alcance del asunto planteado, pueda exceder de la suma de 1.000 euros por todos los conceptos.

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,