Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 13/2023 de 17 de octubre del 2024

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 16 de junio de 2023, por la que se fijaron los servicios mínimos esenciales para la comunidad a mantener en la empresa Air Europa Líneas Aéreas, SAU durante la huelga convocada por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), desde las 00:00 hasta las 24:00 horas peninsulares, entre los días 19 de junio y 2 de julio de 2023.

SEGUNDO:En la resolución objeto de impugnación en este recurso se indican las circunstancias de la Compañía afectada en 2022, en cuanto al número de pasajeros, número de operaciones, mercancías transportadas, mercado doméstico, tráfico comunitario, etc. Se citan las normas constitucionales, legales y reglamentarias de aplicación, se razona sobre la esencialidad del servicio afectado, sobre la naturaleza del transporte aéreo y sobre la necesidad de contar con la plantilla necesaria de tripulantes técnicos de vuelo para atender los servicios mínimos que se dictan en esta resolución, incluyendo el mantenimiento de un servicio de imaginarias. Se plasman los criterios aplicados en el establecimiento de los servicios mínimos, y se afirma que el criterio para la imposición de servicios mínimos se basa en establecer un porcentaje de vuelos a proteger respecto del total de vuelos programados, en cada uno de los aeropuertos afectados., que se calcula empleando junto con el porcentaje de pasajeros a reubicar, el factor de ocupación de los vuelos de la compañía Air Europa para el periodo en el que está convocada la huelga; el nivel de los servicios mínimos se determina en función del tipo de vuelo considerado.

En relación con la convocatoria en cuestión, se tiene en consideración la duración de la huelga, el tamaño de la empresa, número de trabajadores y la tipología de vuelos afectados.

Tras establecer los criterios aplicables a los distintos tipos de vuelos, se "resuelve":

"1º.- Establecer como servicios mínimos, para los días y períodos afectados legalmente por la convocatoria de huelga, para todos los trabajadores legalmente convocados a la misma en territorio español, los siguientes porcentajes de protección a los servicios aéreos de transporte público programados por la empresa Air Europa, es decir aquellos servicios programados y comunicados por Registro al MITMA con fecha de 25 de abril de 2022, expresados en número de frecuencias diarias (vuelos de ida y vuelta) por cada ruta con origen o destino en los aeropuertos españoles en los que opera. El resultado así obtenido se redondeará por exceso al número entero más próximo.

a) El 100%, en su caso, de los vuelos dedicados a labores de emergencia tales como servicios de ambulancia, antiincendios, transporte de órganos para el Sistema Nacional de Trasplantes, vigilancia, protección civil y rescate, etc.

b) Servicios en rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares, así como todas las rutas en las que existe una obligación de servicio público, para cada uno de los siguientes aeropuertos:

(...)

Se establecen los porcentajes de vuelos protegidos para las fechas de la huelga en cada aeropuerto. Añadiendo que "si se operaran rutas que conectaran dos aeropuertos de la tabla anterior, el porcentaje de servicios a proteger será el máximo de entre los aeropuertos conectados."

c) Servicios en rutas que unan ciudades españolas peninsulares cuando el medio alternativo de transporte público disponible implique un tiempo de desplazamiento igual o superior a 5 horas, o entre ciudades españolas y ciudades extranjeras en todo caso, para cada uno de los siguientes aeropuertos:

(...)

Se establecen los porcentajes de vuelos protegidos para las fechas de la huelga y para cada aeropuerto. Añadiendo que "Si se operaran rutas que conectaran dos aeropuertos de la tabla anterior, el porcentaje de servicios a proteger será el máximo de entre los aeropuertos conectados".

d) Servicios en rutas que unan ciudades españolas peninsulares cuando el medio alternativo de transporte público disponible implique un tiempo de desplazamiento inferior a 5 horas:

(...)

Se establecen los porcentajes de vuelos protegidos para las fechas de la huelga y para cada aeropuerto. Añadiendo que "Si se operaran rutas que conectaran dos aeropuertos de la tabla anterior, el porcentaje de servicios a proteger será el máximo de entre los aeropuertos conectados".

e) Aquellos vuelos programados para el transporte de correo postal universal y productos perecederos, siempre y cuando éstos se efectúen con aeronaves dedicadas exclusivamente a carga. Asimismo, los servicios necesarios para el transporte de correo postal universal y productos perecederos en los vuelos protegidos en los ítems previos.

f) Aquellas operaciones técnicas de posicionamiento y otras tales como la situación de tripulaciones necesarias para la realización efectiva de los servicios de transporte aéreo considerados como esenciales, los operados en los periodos entre jornadas de huelga y los posteriores a la finalización de esta.

g) Aquellos vuelos cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca en el periodo de huelga.

2º. Se considerarán trabajadores legalmente convocados a la huelga aquellos trabajadores que tienen asignada como base permanente alguno de los centros de trabajo en los que se convoca la huelga, independientemente del lugar en el que pernocten los días de la convocatoria de la huelga.

3º. El número de trabajadores afectados a imaginarias necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios protegidos no podrá superar el número que se vería afectado en caso de que no hubiera convocada una huelga.

En consecuencia, para la ejecución o puesta en práctica de los criterios objetivos expuestos en la presente resolución, la empresa Air Europa deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que se presten, como mínimo, los servicios establecidos en los apartados anteriores salvaguardando en todo momento la seguridad de todas las operaciones. En particular, establecerán las operaciones que dentro de su programación para los días de huelga quedan protegidas aplicando los criterios establecidos en esta resolución, así como los trabajadores que deberán atender tales operaciones, incluyendo aquellos afectados por imaginarias."

TERCERO:En el escrito de demanda se impugna la precitada resolución, alegando que adolece de falta de motivación específica y desproporción respecto del bien jurídico a proteger y la posibilidad de que la ciudadanía tenga garantizado un nivel de servicio adecuado entre todas las entidades operadoras de servicios públicos de transporte, sin olvidar que el necesario efecto perturbador de esta medida de conflicto en el empresario, permite comprender el uso alternativo del transporte privado.

Se combaten los razonamientos de la resolución exponiendo, en síntesis, que pese a que se cita como "circunstancias concurrentes" que la convocatoria de Sepla coincide con otros paros convocados por trabajadores de Air Nostrum, carecen de concreta plasmación en los servicios mínimos que se decretan, ni se desarrollan en los criterios y razonamientos de la Resolución impugnada.

Que se analiza el impacto de la pandemia Covid-19, haciendo esta evaluación respecto de la recurrente, tomando en cuenta únicamente los datos proporcionados por Air Europa y no se facilitan datos del conjunto de las aerolíneas sobre todo aquellas que comparten mercado o rutas con la Compañía. Se utiliza el criterio de "factores de ocupación", definiéndolo como el porcentaje de asientos de las aeronaves que se ocupan en cada vuelo frente al total de los asientos disponibles; datos cuya determinación no consta en documento ni informe alguno en el expediente administrativo; se toma en consideración el número de pasajeros potencialmente afectados, sin valorarse objetivamente las alternativas de transporte y la posibilidad de reubicación en otras compañías aéreas u otros medios de transporte públicos. Que los criterios empleados para el establecimiento de los servicios mínimos tienen el objetivo de garantizar la totalidad y normalidad del servicio. Que los criterios acordados por la Administración incurre en un ejercicio de injustificada y abusiva limitación del derecho fundamental a la huelga del sindicato recurrente. Que en la Parte Dispositiva, en la que se determinan los mínimos que deben respetarse y los criterios que consigna la Autoridad gubernativa, no se aprecia justificación alguna sobre por qué se formulan en esos términos, tanto cuantitativa como cualitativamente, y no en otros; constantemente se alude a conceptos genéricos y de rechazable vaguedad y que se prestan a conseguir el funcionamiento del servicio en su plenitud y sin mínima incidencia; se preserva una considerable parte de la producción de la compañía en términos cuantitativos y deja en manos de ésta la determinación de los servicios que va a prestar. Que en ningún apartado de la resolución se hace mención de un criterio que permita determinar el número de trabajadores que efectivamente pueden secundar la huelga, dejando esta operación al arbitrio de la empleadora en la propia resolución, lo cual ya ha sido rechazado por esta Sala y por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Que nos encontramos con la ausencia de una labor de causalización o de valoración de las circunstancias concretas pues se aplican unos criterios fijados apriorísticamente sin atender al contexto en que se produce la convocatoria. Que abunda en la palmaria falta de motivación respecto de las conexiones y distribución de vuelos el hecho de que en los destinos y rutas operadas por Air Europa concurren otras muchas Compañías como Ryanair, Eurowings, Jet2, Lauda, Volotea, Vueling, Iberia, Iberia Express, Air Nostrum, Air Europa Express, Norwegian, easyJet, Avianca, Aerolíneas Argentinas, Delta Airlines, Aeroméxico, entre otras. Y que los servicios mínimos con reflejo en los vuelos puestos a disposición del ciudadano, debe determinarlos la autoridad gubernativa.

Se añade la ausencia de proporcionalidad de la resolución en la determinación de los servicios mínimos, pues no se aprecia un equilibrio razonable entre el sacrificio impuesto al huelguista y los padecidos por el usuario del servicio.

CUARTO:El Abogado del Estado se opone a la demanda y razona sobre la esencialidad del servicio y sobre la suficiente motivación de la resolución recurrida y la proporcionalidad de los servicios mínimos fijados. Alega que la resolución tiene en cuenta las circunstancias de la huelga, del mercado y la compañía afectada; se identifica el personal afectado, el ámbito de actuación de Air Europa y los porcentajes que supone en el mercado total peninsular, no peninsular, europeo y latinoamericano así como la concurrencia de otras huelgas como la de los pilotos de Air Nostrum o los técnicos de mantenimiento de aeronaves; se determinan los bienes, derechos e intereses que el Sepla pone en peligro y se analizan los criterios para establecer los servicios mínimos. Que la metodología seguida por el MITMA y basada en los factores de ocupación ha sido admitida por numerosas sentencias y, en particular, en el presente caso no queda desvirtuada por la recurrente quien no justifica su inadecuación para el presente caso o el error en los cálculos realizados por la resolución impugnada. Que quedan cumplidas las exigencias de motivación, por cuanto se ha permitido a los interesados conocer la lógica seguida por la Administración actuante.

Se rechaza la falta de proporcionalidad denunciada de contrario, analizando la justificación de cada uno de los tipos de vuelos. Y, en cuanto a la determinación de la concreta plantilla afectada al cumplimiento de los servicios mínimos establecidos, invoca "una reiterada jurisprudencia conforme a la cual la autoridad gubernativa puede dejar a la empresa la mera ejecución o puesta en práctica de la resolución de servicios mínimos, siempre que los criterios para su aplicación sean objetivos y no dejen margen de discrecionalidad a la empresa, pues es una de las partes del conflicto".

QUINTO:El Fiscal considera que la resolución impugnada motiva de modo justificado y suficiente la apreciación del servicio de transporte aéreo como un servicio esencial para la comunidad; así como que forman parte del núcleo esencial del servicio las actividades prestadas por los tripulantes técnicos de vuelo (TTV) llamados a la huelga, y que motiva de modo justificado y suficiente los servicios mínimos fijados en cuanto al elemento objetivo (medios materiales, actividades y operaciones afectadas), diferenciando proporcionadamente según su naturaleza y el nivel de ocupación de pasajeros en los vuelos afectados.

Sin embargo, considera que la resolución no fija los servicios mínimos en cuanto al elemento subjetivo o "porcentajes mínimos de personal necesario", esto es, el número mínimo (concreto o porcentual) de trabajadores convocados a la huelga que resulten necesarios para prestarlos; dejando, por el contrario, su determinación a la decisión de la parte empresarial concernida en el conflicto colectivo. Concluyendo que se vulnera el derecho fundamental de huelga ( art. 28.2 CE) , por lo que procede la estimación de la demanda.

SEXTO:Don Ignacio López Chocarro, procurador de los tribunales, actuando en nombre y representación de la empresa Air Europa Líneas Aéreas, SAU, se opuso a la demanda, solicitando su desestimación. Considera que la motivación contenida en la misma es justificada, razonada y suficiente, ya que sí indica de dónde se extraen los datos para determinar los servicios mínimos. La necesidad de exhaustividad no puede comportar que sea el Ministerio quien determine el número e identidad de los trabajadores concretos que debían prestar servicios mínimos durante las jornadas de huelga sino que el requisito de motivación se cumple al disponerse las reglas, criterios y procedimientos que debe seguir la empresa a tal efecto, de acuerdo con su Manual de Operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión. ( STC 51/1986, FJ 3º). Tampoco le corresponde al Ministerio determinar concretamente los vuelos protegidos, para lo que el Ministerio ha tenido en cuenta, a la hora de determinar los servicios mínimos, los medios de transporte alternativos y la presencia de otras aerolíneas. Por otra parte, las medidas adoptadas en la resolución son necesarias y proporcionadas para asegurar el funcionamiento de los servicios, teniendo en cuenta que existen otros derechos fundamentales en juego que deben ser también garantizados y protegidos, como es el derecho a la libre circulación de personas. Finalmente subraya el hecho de que el corto plazo de aviso de la huelga ha supuesto un grave perjuicio económico para Air Europa debido a las indemnizaciones que debe afrontar ante las reclamaciones de los pasajeros.

SÉPTIMO:La s cuestiones suscitadas en el presente recurso son idénticas a las analizadas en el recurso nº 8/2023 DF, que fueron resueltas por la sentencia de 17 de mayo de 2024. La única diferencia radica en un defecto de postulación que fue subsanado en aquel caso y, obviamente, en las fechas en las que se desarrolló la huelga. En aplicación del principio de unidad de doctrina, mantenemos el mismo criterio en los términos que exponemos a continuación que son reproducción de la sentencia referida.

OCTAVO:El artículo 28.2 CE establece que "Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".

A tal finalidad atiende el Real Decreto Ley 17/1977, cuyo artículo 10.2, vigente desde el 10 de abril de 1.981, establece que "Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios".

La doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales de la comunidad ( SSTC 11/1981, 26/1981, 33/1981, 51/1986, 53/1986, 27/1989, 43/1990, 122/1990 y 123/1990), se resume y estructura en STC de 16/01/92, destacando los siguientes aspectos:

«(...)

a) Antes que a determinadas actividades industriales y mercantiles de las que derivarían prestaciones vitales y necesarias para la vida de la comunidad, la noción de servicio esencial de la comunidad hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, entendiendo por tales los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, con la consecuencia de que "a priori" ningún tipo de actividad productiva puede ser considerado en sí mismo como esencial ( STC 51/1986, f. j. 2º). Sólo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados intereses afectados exija el mantenimiento del servicio, y en la medida y con la intensidad en que efectivamente lo exija, puesto que los servicios esenciales no son dañados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma ( SSTC 26/1981, f. j. 10º; 51/1986, f. j. 2º).

b) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute ( SSTC 26/1981, ff. jj. 10º y 15º; 53/1986, f. j. 3º).

c) Finalmente, por lo que hace a la fundamentación de la decisión que impone el mantenimiento de servicios esenciales para la comunidad, este Tribunal ha declarado reiteradamente que el acto por el cual se determina dicho mantenimiento ha de estar adecuadamente motivado y que, cuando se produce una restricción de derechos fundamentales constitucionalmente garantizados, "la autoridad que realiza el acto debe estar en todo momento en condiciones de ofrecer la justificación" ( STC 26/1981, f. j. 16º). Siendo una decisión que comporta tan graves consecuencias, es preciso no sólo que exista una especial justificación, sino que tal justificación se exteriorice adecuadamente con objeto de que "los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó" ( STC 26/1981, f. j. 14º) y de que, en su caso, puedan defenderse ante los órganos judiciales ( STC 27/1989, f. j. 4º). Recae, pues, sobre la autoridad gubernativa el deber de explicar las razones que, a su juicio, legitiman en una concreta situación de huelga la decisión de mantener el funcionamiento de un servicio esencial para la comunidad, correspondiéndole asimismo probar que los actos de restricción del derecho fundamental tienen plena justificación, sin que sean aquí de aplicación las reglas generales sobre distribución de la carga de la prueba.

Ello significa que en la motivación aportada por la autoridad gubernativa han de incluirse los factores o criterios cuya ponderación ha conducido a determinar las prestaciones mínimas, sin que sean suficientes "indicaciones genéricas, aplicables a cualquier conflicto", de las que no es posible deducir cuáles son los elementos valorados por aquella autoridad para tomar la decisión restrictiva en la forma y con el alcance con que lo ha hecho, cómo se ha llegado a la determinación de las prestaciones mínimas dentro de la calificación del servicio como esencial. En definitiva, han de hacerse explícitos, siquiera sea sucintamente, "los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios, de forma que, por los Tribunales, en su caso, y en su momento, se pueda fiscalizar la adecuación de las medidas adoptadas" ( SSTC 53/1986, ff. jj. 6º y 7º; 26/1981, ff. jj. 14º y 15º; f. j. 4º; 27/1989, ff. jj. 4º y 5º).

Si es lícito distinguir entre la motivación expresa del acto -"que puede responder a criterios de concisión y claridad propios de la actuación administrativa"- y las razones que en un proceso posterior se pueden alegar para justificar la decisión tomada, ello no implica que la justificación "ex post libere" del deber de motivar el acto desde el momento mismo en que éste se adopta ( STC 53/1986, f. j. 6º), pues la falta de motivación impide precisamente la justa valoración y el control material o de fondo de la medida ( STC 27/1989, f. j. 5º). La decisión de la autoridad gubernativa ha de exteriorizar los motivos sobre la esencialidad del servicio, las características de la huelga convocada, los intereses que pueden quedar afectados y los trabajos que no pueden sufrir interrupción o cuya prestación debe mantenerse en algún grado ( STC 27/1989, f. j. 4º), siendo insuficientes a este propósito, como antes se ha recordado, las indicaciones genéricas que puedan predicarse de cualquier conflicto o de cualquier actividad, y de las cuales no quepa inferir criterios para enjuiciar la ordenación y proporcionalidad de la restricción que al ejercicio del derecho de huelga se impone ( SSTC 51/1986, f. j. 4º; 53/1986, f. j. 6º). (Fº Jº 2º).

(...)»

En Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de diciembre de 2010, se sintetizan los criterios de aplicación -reproducidos en sentencias posteriores- en los siguientes términos:

«A) De la jurisprudencia constitucional:

a) Los límites del derecho de huelga derivan no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente tutelados ( STC 11/1981, fundamentos jurídicos 7.º y 9.º) y el artículo 28.2 C.E., al hacer referencia a las garantías precisas para asegurar en caso de huelga el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, tiene el significado de expresar que el derecho de los trabajadores de defender y promover sus intereses mediante dicho instrumento de presión cede cuando con ello se ocasiona o se pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. En la medida en que la destinataria y acreedora de aquellos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos, pues «el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga» ( STC 11/1981, fundamento jurídico 18).

b) La noción de servicios esenciales hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, conectándose con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, lo que mejor concuerda con los principios que inspira nuestra Constitución ( STC 26/1981, fundamento jurídico 10) puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma ( SSTC 26/1981, fundamento jurídico 10; 51/1986, fundamento jurídico 2.º).

c) En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión -territorial y personal-, duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute ( SSTC 26/1981, fundamentos jurídicos 10 y 15; 53/1986, fundamento jurídico 3.º).

Quiere ello decir que la motivación de la decisión de la autoridad gubernativa requiere que en la misma figuren los factores o criterios cuya ponderación ha conducido a determinar cuáles son los servicios mínimos, sin que sean suficientes indicaciones genéricas, aplicables a cualquier conflicto, de las que no es posible deducir cuáles son los elementos valorados por aquella autoridad pues en definitiva, han de explicitarse, siquiera sea sucintamente, los criterios seguidos para fijar el nivel de tales servicios, de forma que por los Tribunales, en su caso, y en su momento, se pueda fiscalizar la adecuación de las medidas adoptadas (por todas, STC 53/1986, fundamentos jurídicos 6.º y 7.º; también STC 26/1981, fundamentos jurídicos 14 y 15; STC 51/1986, fundamento jurídico 4.º; STC 27/1989, fundamentos jurídicos 4.º y 5.º).

d) En las huelgas que se produzcan en servicios esenciales de la comunidad debe existir proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos ( STC 26/1981, fundamento jurídico 15). El mantenimiento de los servicios ( STC 33/1981, fundamento jurídico 4.º), no puede significar en principio el funcionamiento normal del servicio ( SSTC 51/1986, fundamento jurídico 5.º; 53/1986, fundamento jurídico 3.º) y el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables ( STC 51/1986, fundamento jurídico 5.º).

e) En fin, procede destacar lo señalado por el Tribunal Constitucional en STC 183/2006, de 19 de junio, que en su fundamento jurídico 6º se expresa en los siguientes términos: <

NOVENO:A la luz de la doctrina reseñada, que viene a establecer los perfiles de las disposiciones reguladoras de servicios mínimos, desde la perspectiva de la debida motivación formal y material, en relación con el adecuado respeto del derecho de huelga, consagrado en el art. 28 de la Constitución española, nos encontramos con que la resolución impugnada no contiene una concreta determinación de los servicios mínimos a prestar en los distintos centros de trabajo, sino que deja en manos de la compañía AIR EUROPA la adopción de las "medidas necesarias para garantizar que se presten, como mínimo, los servicios establecidos en los apartados anteriores salvaguardando en todo momento la seguridad de todas las operaciones. En particular, establecerán las operaciones que dentro de su programación para los días de huelga quedan protegidas aplicando los criterios establecidos en esta resolución, así como los trabajadores que deberán atender tales operaciones, incluyendo aquellos afectados por imaginarias".

Es decir, la Administración fija como servicios mínimos unos porcentajes de vuelos a proteger, aplicando los criterios que se exponen en la resolución, pero omite fijar la plantilla que habría de atender la prestación de los servicios mínimos, dejando esa determinación en manos de la propia empresa. De manera que no es posible conocer ni siquiera aproximadamente, cuantos trabajadores están afectados, cuantos se verán llamados a prestar servicios mínimos, y como se asignarán en las operaciones a realizar por las compañías afectadas, siendo los criterios a juicio de esta Sala de una inconcreción incompatible con las exigencias de los principios de motivación y proporcionalidad.

Hemos dicho en anteriores ocasiones que la fijación de los servicios mínimos estableciendo el porcentaje de trabajadores que han de prestarlos es posible. En este sentido se dice en la STS de 13/01/2014, que "... no puede afirmarse en modo alguno que haya una delegación en la fijación de los servicios mínimos, que están descritos en términos concretos y a los que se impone además un máximo de trabajadores de la plantilla para cubrirlos. (...)". Sin embargo, en el caso enjuiciado los porcentajes se establecen respecto de vuelos protegidos, no de personal afectado por la huelga.

En consecuencia, tal como denuncian la parte recurrente y el Fiscal, no se precisan los criterios objetivos en función de los cuales se fijan los servicios mínimos, adoleciendo la resolución de la necesaria motivación que es exigible, al tratarse de la limitación de un derecho fundamental.

Procede, en consecuencia, la estimación del recurso.

DÉCIMO:En atención a lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA, procede la condena en costas a la Administración demandada. Limitamos su importe máximo a 2000 €, por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,