Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 53/2023 de 18 de diciembre del 2024

PRIMERO.-El objeto del presente recurso de apelación lo constituye la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 8 de los de la Audiencia Nacional de fecha 28 de febrero de 2023 recaída en el procedimiento ordinario nº 121/2019 en cuya virtud se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los tribunales D. Manuel Vidal Sánchez en nombre y representación de Dª Claudia.

SEGUNDO:El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en sus artículos 32 a 35 el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo destacarse, además de las menciones que se hacen a continuación que la reclamación podrá fundarse en el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, causado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 67 regula las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se pronuncia en los siguientes términos:

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante."

TERCERO:El presente recurso de apelación debe ser desestimado por las siguientes razones:

1. En primer lugar debe analizarse la causa de inadmisibilidad en la que se fundamenta la sentencia impugnada, esto es, la extemporaneidad en la interposición del recurso contencioso-administrativo, pues en caso de conformación de este extremo no procede el examen del resto de alegaciones y motivos de recurso.

2. Consta acreditado que la resolución administrativa impugnada se notificó a la recurrente el 29 de enero de 2018, por lo que el plazo de dos meses conferido por el artículo 46.1 de la LJCA para la interposición el recurso contencioso-administrativo, vencía el 30 de marzo siguiente. Sin embargo, el recurso se interpuso el 2 de enero de 2020, una vez expirado de manera indubitada dicho plazo, por lo que debemos compartir la decisión del juez de instancia.

3. Frente a lo anterior no puede oponerse el argumento de la recurrente, pues su intento fallido de presentación del escrito de interposición el 24 de marzo de 2024 en la plataforma Lexnet, es imputable a su propia actividad al reconocer la misma que la causa del rechazo fue el mal uso de formulario correspondiente al no describir "el escrito y todos los documentos".

4. El escrito de la recurrente fue presentado en realidad dos veces, los días 24 y 26 de marzo y fue rechazado por el SRRDA por la causa antedicha, frente a lo cual la recurrente se mantuvo pasiva hasta el 27 de diciembre siguiente. En dicha fecha, el letrado de la recurrente se personó en las oficinas de registro de los Juzgados Centrales y se le informó que no constaba la presentación de recurso alguno. No fue hasta el 2 de enero cuando realizó correctamente la presentación de su escrito inicial, dando lugar a la incoación del procedimiento.

5. El hecho de que se tramitara el procedimiento sin oposición del Juzgado y de la abogacía del Estado, no es obstáculo alguno para que, de oficio y en cualquier momento antes de dictar sentencia, pueda apreciarse, previa contradicción con las partes, la extemporaneidad de la acción ejercitada y ello para salvaguardar el orden público procesal.

CUARTO:En virtud de las previsiones del artículo 139.2 LRJCA, procede imponer las costas de la apelación a la parte recurrente al haber sido desestimada su pretensión. No obstante, haciendo uso de la facultad que otorga al Tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.500 euros el importe de las mismas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,