Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 27/2025 de 19 de mayo del 2025

PRIMERO-.En la sentencia impugnada se indica que Constantino interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por el IMSERSO por resolución de 12 de marzo de 2024 del recurso de reposición interpuesto por el mismo contra la resolución del INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) de fecha 21 de noviembre de 2023, dictada en el procedimiento tramitado con el nº 92/2023, por la que se denegó la ayuda establecida en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1950-1985.

Entrando a conocer del fondo del asunto, la sentencia recuerda que el Tribunal Supremo estimó los argumentos de la demanda de Avite y deroga los artículos del RD 574/23 que exigían el certificado de enfermedades raras, que no ha sido aportado por la parte actora en el expediente administrativo y motivó la denegación, declarando que no se puede dejar de tener por beneficiario a aquel peticionario que ha obtenido una resolución administrativa anterior como afectado por la talidomida. Que el actor cumple los requisitos del Real Decreto 574/2023, según su redacción actual y según la doctrina de las Sentencias del TS.

En la Disposición Adicional 56ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con el título de "Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985",se estableció lo siguiente:

"Uno. Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España. Estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1960-1965.

Dos. El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda".

En Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 24 de junio de 2024 y 25 de junio de 2024 se estimaron en parte los recursos de casación interpuestos contra el RD 574/2023, y se declaró la nulidad del apartado c) del art. 2 del Real Decreto 574/2023, así como del apartado h) del art. 6 y del apartado 2 del art. 8 del mismo, en la medida en que prevén su aplicación a personas que en el pasado fueron regularmente reconocidas por una Administración autonómica como afectados por la talidomida.

Al recurrente D. Constantino le fue denegada la ayuda por no haber acreditado que reunía los requisitos para acceder a la ayuda regulada en el Real Decreto 574/2023, ex art. 2 apartado c).

La sentencia señala a continuación:

"En este caso, la Administración demandada en su contestación a la demanda y conclusiones, reconoce que la parte actora se encuentra incluida en los supuestos amparados por las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que anulan parcialmente el RD 574/2023, de 4 de julio.

También reconoce que la cuantía de la ayuda a reconocer a la actora es la resultante de multiplicar su porcentaje de grado de discapacidad, 81 %, por 12.000 euros, debiendo reconocerse el derecho del recurrente a percibir una ayuda por importe de 872.000 euros.

Asimismo, procede reconocer el abono de los correspondientes intereses legales calculados sobre dicha cantidad, desde la fecha en que se denegó inicialmente la ayuda, que fue el 20/12/2023."

En el suplico del escrito de demanda, la actora solicitaba "Se condene al IMSERSO, dependiente de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a abonar a D. Constantino, la cantidad de: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL EUROS (872.000 €), en concepto de las ayudas previstas a las personas afectadas por la Talidomida, del RD 574/2023, de 4 de julio. Y que, de acuerdo con lo previsto en el apartado cinco, de la disposición adicional 56ª, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, resultan del cálculo de multiplicar: 12.000 €, por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad de la persona afectada; en este caso, del 81%, de conformidad con la Resolución de Grado de Discapacidad del Gobierno de Canarias (para un total de: 72.000 €); menos la cantidad que ya le fue reconocida por el IMSERSO al hoy recurrente, en su resolución de 22 de marzo de 2011 (100.000 €).".

SEGUNDO-.En el escrito de interposición del recurso de apelación, la representación del IMSERSO solicita la revocación de la sentencia impugnada. Se alega falta de motivación de la sentencia en relación con la condena al pago de intereses; que la consecuencia de la falta de motivación es la nulidad de la sentencia por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las partes no pueden conocer las razones de la decisión ni ejercer adecuadamente los recursos. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las ayudas reguladas en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985, y ante la ausencia de norma específica, le es de plena aplicación el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria, conforme al cual para que se devenguen intereses moratorios será preciso, primero, que transcurran tres meses desde la notificación de la resolución judicial o desde el reconocimiento de la obligación, segundo, que una vez transcurrido los tres meses se requiera el cumplimiento por parte del acreedor. Sólo en ese supuesto, y fijando como "dies a quo" el de la reclamación de cumplimiento posterior a los tres meses de la notificación, se generarían intereses moratorios a favor de la parte demandante.

TERCERO-.La representación de la apelada presentó escrito de oposición a la apelación.

Alega que el órgano a quo fundamentó dicha condena en el contexto de la interpretación consolidada por nuestro Tribunal Supremo. La exigencia de una motivación reforzada, como parece pretender la parte apelante, no es exigible cuando la resolución impugnada se encuentra debidamente sustentada en el ordenamiento jurídico y en la doctrina jurisprudencial vigente.

Al haberse reconocido la ilegalidad de la denegación, debido a la

inaplicabilidad del exigido requisito documental, es procedente el abono de intereses desde la fecha en que se produjo el acto denegatorio (20 de diciembre de 2023), en aras de restituir el daño ocasionado

CUARTO-.El recurso de apelación se limita al pronunciamiento sobre el devengo de intereses de la cantidad determinada a favor de la recurrente en concepto de "ayuda", en su condición de persona afectada por la Talidomida.

Alega la representación del IMSERSO falta de motivación de la sentencia en relación con la condena al pago de intereses. Y ello, efectivamente, es así, pues en la sentencia no se hace razonamiento alguno sobre la procedencia de que la cantidad fijada conforme al RD 574/2023 se vea incrementada en los intereses legales, ni se justifica mínimamente la fijación como dies a quo del devengo la fecha en que se denegó inicialmente la ayuda.

El RD en virtud del cual se ha reconocido en sentencia a la recurrente el derecho a recibir la ayuda no contiene previsión alguna en relación con el devengo de intereses de las cantidades correspondientes a la ayuda.

Así pues, se ha de acudir a la norma general del artículo 24 le la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que establece:

"Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

(...)"

El artículo 17 LGP se refiere a "intereses de demora", estableciendo su apartado 2 que "el interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios".

En el caso que nos ocupa, en el momento de dictarse la resolución recurrida, el apartado c) del artículo 2 del RD 574/2023 -que establecía como requisito para ser beneficiario de la ayuda la inscripción en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III- no había sido anulado por el Tribunal Supremo; de manera que la Administración demandada, ahora apelante, no hizo sino aplicar una norma en vigor. Siendo la anulación de esa norma por STS de 24 y 25 de junio de 2024 la que hizo nacer el derecho de la interesada a se beneficiaria de la ayuda. Y es la sentencia de instancia la que reconoce ese derecho y determina el importe de la ayuda.

Así pues, si se trata de los intereses de demora, se devengarán con arreglo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria.

Siendo, en todo caso, de aplicación el artículo 106 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que dispone:

"1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. (...)"

Procede, en consecuencia, la estimación del recurso de apelación.

En este caso, además, resulta que en el suplico de la demanda no se reclamaron los intereses, si bien la apelante no hace referencia a esta circunstancia.

QUINTO:De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no procede hacer imposición de costas.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,