Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 311/2021 de 20 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Es objeto de impugnación la resolución del Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por delegación del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Orden FOM/1356/2016), mediante resolución de 3 de diciembre de 2020 ha resuelto aprobar el expediente de información pública y definitivamente el documento para información pública a efectos de expropiaciones del Proyecto de Trazado: "Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la autovía A-7. Tramo: Enlace con la CV- 32 - Enlace con la CV-35, p.k. 313 al p.k. 324", de clave NUM000., así como el Proyecto de Trazado.

Son antecedentes de interés:

1.- En fecha 4 de marzo de 2009, la Dirección General de Carreteras aprobó provisionalmente el Estudio Informativo con clave NUM001 Circunvalación Exterior de Valencia, Provincia de Valencia. En este Estudio Informativo se incorpora un Estudio de Tráfico.

2.- En fecha 7 de febrero de 2014, la Dirección de Carreteras dependiente del Ministerio de Fomento resolvió aprobar provisionalmente tres Proyectos de Trazado que incluían un Estudio de Impacto Ambiental común a 3 Proyectos de Trazado, entre los que se encuentra el aquí impugnado.

3.- En fecha 20 de julio de 2015, se aprobó definitivamente el Estudio Informativo de la circunvalación de Valencia.

4.- En fecha 19 de marzo de 2018, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural formuló la correspondiente declaración de impacto ambiental del proyecto, previa a la aprobación definitiva de los Proyectos de Trazado.

5.- En fecha 3 de octubre de 2018, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por delegación del Ministerio de Fomento, resolvió aprobar el expediente de información pública y definitivamente los tres Proyectos de Trazado. En este acto de aprobación se incluía expresamente la previsión de corregir y completar el Anejo de Expropiaciones.

6.- En fecha 8 de noviembre de 2019, se reabrió un nuevo trámite de información pública, a los solos efectos de expropiaciones. La expropiación afectaba a un 30% de la parcela de la DIRECCION000. La Masía tiene Declaración de Interés Comunitario.

7.- Las mejoras incorporadas en el Proyecto de Trazado consisten, esencialmente, en la construcción de dos nuevas calzadas laterales -una por sentido- que se han proyectado en paralelo, anexas a cada lado de la autovía A-7 actual. Las nuevas calzadas estarán independizadas de la autovía A-7 y en cada caso tendrán dos o más carriles y arcén. El proyecto se divide en tres tramos, siendo al tramo A el que afecta a la DIRECCION000.

8.- Las afecciones a la DIRECCION000 se sitúan en la calzada lateral derecha. En el Proyecto se detalla la justificación de la solución adoptada. En concreto, en la página 25 de la memoria se afirma que los ajustes de trazado en la calzada lateral derecha vienen condicionados por la existencia de tuberías de abastecimiento Turia-Sagunt.

SEGUNDO.-Son motivos de impugnación, sucintamente, los siguientes:

1.- El Proyecto de Trazado es nulo porque se ha aprobado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, de conformidad con el artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015, el Proyecto de Trazado se ha aprobado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sobre la base de un Proyecto de Circunvalación que ni siquiera se encontraba aprobado definitivamente.

La Circunvalación de Valencia es un Estudio Informativo aprobado provisionalmente en 2009 pero, sin la aprobación definitiva, se aprueba provisionalmente en 2014 el Proyecto de Trazado que se impugna. La aprobación definitiva de aquel se produjo en 2015.

2.- Las Resoluciones impugnadas son nulas de pleno Derecho porque se han dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, ocasionando una absoluta indefensión a mis mandantes en base al artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015 en relación con el artículo 12 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y en los artículos 15 y ss. de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

Imposibilidad de alegaciones al Trazado si se aprueba antes que la información pública. El trámite de información pública de las expropiaciones se produce después de la aprobación del Proyecto de Trazado.

Además, en los trámites de aprobación de la DIA tampoco se ha efectuado trámite de audiencia, por lo que los particulares no han podido efectuar alegaciones.

3.- Nulidad de los actos impugnados por falta de declaración de la necesidad de ocupación de los bienes en la forma debida, de manera que se ha vulnerado el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, en relación con el artículo 12 de la Ley de Carreteras y el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa

Cuando se declara la necesidad de ocupación, es necesario un acto individualizado de notificación a cada afectado, a fin de poder efectuar alegaciones. Como acto de iniciación del expediente expropiatorio debe ser notificado de forma personal.

4.- El Proyecto de Trazado es nulo de pleno Derecho porque vulnera el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, en relación con el artículo 15 de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 33 de la Constitución, en su vertiente de intervención mínima en la propiedad privada. La Administración se ampara en que la expropiación es "más barata", a pesar de que ha quedado acreditado que esto no es así. Principio de intervención mínima. Además, la valoración del suelo debe atender a toda la unidad económica, no a la porción expropiada. Aunque la expropiación sea parcial, el suelo a expropiar se valora conforme al valor de toda la unidad orgánica que conforma la parcela afectada.

5.- El Proyecto de Trazado es nulo de pleno Derecho porque el Estudio Informativo no contiene un estudio de tráfico, vulnerando el artículo 47.2 de la Ley 39/2015 en relación con la norma interna del Ministerio relativa a la aprobación de proyectos de carreteras, la Nota de Servicio 8/2014 (se alude a cinco años). El estudio de tráfico es de 2009 y se aprueba el Proyecto en 2018, sin actualización de aquél.

En la contestación a la demanda, la Abogacía del Estado señala -entre otros extremos- que es comprometido rectificar y volver sobre los propios pasos, cuando se trata de una afectación a múltiples afectados, lo que aconseja el mantenimiento del acto impugnado; La nulidad debe vincularse a indefensión material, de tal forma que si la parte ha podido articular mecanismos de defensa adecuados, no deben retrotraerse las actuaciones. También por un criterio de economía procesal, se aconsejaría no retrotraer las actuaciones, sino resolver el fondo del as unto; No hay indefensión real, pues la parte se se ha podido defender y articular los medios de defensa oportunos. Todo ello, hasta el punto que el recurrente hizo alegaciones en su momento y se respondieron.

Se recoge en el expediente:

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Se modifique el trazado de la obra en unos 500 m de longitud acercando hacia el tronco de la actual A-7 la nueva calzada lateral y el camino más próximo a la finca con el fin de reducir la afección a la finca y a su arbolado (palmeras principalmente) y reducir el riesgo de contaminación de aguas y afección a la zona vulnerable; Las pantallas acústicas contempladas en el proyecto sean transparentes.

Respecto a la modificación del trazado, ésta es una cuestión que queda fuera del presente expediente dado que ya fue resuelta en el proceso específico de información pública a efectos de trazado y que fue aprobado definitivamente por Resolución de 3 de octubre de 2018 el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. En cualquier caso, cabe hacer constar que una modificación como la planteada tiene repercusiones técnicas, económicas y de afecciones mucho mayores que las planteadas de una manera simplista por el alegante dado que el movimiento del trazado en los 500 m propuestos implicaría modificaciones de toda la obra, sus elementos de diseño, afecciones a servicios y terceros y otros impactos, en una longitud mucho mayor tanto antes como después de la zona expuesta por los condicionantes y limitaciones derivadas de la normativa de trazado.

Hay que señalar a este respecto que la obra se ha encajado en el territorio intentando resolver la problemática técnica de la misma minimizando en todo lo posible la afección al entorno.

Respecto a la colocación de pantallas acústica transparentes, efectivamente, tal y como el propio alegante expone, en el proyecto se incluyen pantallas en la zona afectada. No obstante, la disposición de pantallas transparentes no es recomendable dado que no son visualizadas por las aves, generando impactos no deseables de las mismas contra los paneles transparentes>>.

TERCERO.-Tiene un carácter especialmente relevante la alegación que se efectúa en orden a poner de relieve la ausencia de trámite de información pública, con efectiva indefensión por vulneración del trámite procedimental adecuado.

Afirma la parte actora que, en el procedimiento de aprobación del Proyecto de Trazado, debía existir un trámite de información pública a efectos de expropiaciones que tuviera carácter pleno, es decir, aquel que permitiera que los expropiados tuvieran la oportunidad de plantear a la administración alternativas que evitasen o minorasen la afectación a sus bienes y derechos. Previsión que tiene el respaldo y la exigencia legal del artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.

la omisión de dicho trámite implica que la parte se ve privada de la posibilidad -en tiempo y forma- de proponer alternativas técnicas que minoren o impidan la expropiación de sus bienes. Se afirma también que el referido trámite no admite una posterior y extemporánea información pública, pues las alegaciones que pudieran formularse después no tienen relevancia para la aprobación del Proyecto de Trazado. Se incide en que la realización extemporánea del trámite de información pública equivale a su completa omisión.

Ante dicha alegación, la administración demandada señala que se ha dado contestación a las alegaciones del interesado, pero lo cierto es que dichas alegaciones se producen en 2020, cuando la aprobación definitiva del proyecto es de 2018. Ciertamente se cumplimentaron trámites con las administraciones afectadas, pero no así con los afectados -individualmente- que se vieron imposibilitados o sumamente coartados de la posibilidad de efectuar alegaciones tendentes a la defensa de sus intereses.

Señala el apartado 1 del artículo 19 de La Ley de Expropiación Forzosa: "Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso, indicará los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue".

Por su parte, señala el artículo 21.3 de la citada Ley que la necesidad de ocupación habrá de notificarse, individualmente, <>.

Tal y como señala la parte actora, en Instrucciones Complementarias para Tramitación de Proyectos -como es el caso de la Orden Circular 22/2007- se recoge de forma precisa que la aprobación provisional de los proyectos de trazado deberá ir seguida del trámite de información pública del artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, lo que no aconteció en el caso que examinamos. La aprobación del Proyecto de Trazado se produce en el año 2018, pero el trámite de audiencia a los afectados -en el caso de los recurrentes- no se produce hasta que se declara la urgencia del Proyecto en 2020 (2 años después de la aprobación del Proyecto de Trazado).

Como hemos recogido, supone previsión específica del artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa que la declaración de necesidad de ocupación debe ser notificada de forma personal a lo afectados en sus bienes y derechos. No es el caso que nos ocupa, pues ya hemos visto que dicha notificación no se produjo en su momento, lo que debemos equiparar a una omisión esencial.

QUINTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 139 LRLCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 3.000 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,