Sentencia Contencioso-Administrativo 28/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 796/2022 de 23 de diciembre del 2025

PRIMERO:Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

1.De acuerdo con la Orden ITC/326/2011, de 21 de febrero, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Avanza2 en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, se convocaron las correspondientes ayudas.

2.Por resolución de 8 de noviembre de 2011 del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se concedió a la agrupación sin personalidad jurídica cuyo coordinador y solicitante era la mercantil Esdemarca 2007, S.L., una ayuda plurianual (2011-2012), de referencia TSI-020100-2011-44, para la realización del proyecto en cooperación: "Virtual Shopping 2.0. Diseño y creación de un espacio comercial virtual con una experiencia única de compra para los consumidores de moda en internet".

3.El importe total de la ayuda concedida fue de 203.713,19 euros en concepto de subvención y de 1.155.429,32 euros en concepto de préstamo, cantidades que fueron entregadas a la coordinadora.

4.La recurrente recibió 45.827,48 euros en concepto de subvención y 259.926, 32 euros en concepto de préstamo.

5.El 28 de mayo de 2015, y a pesar de haber manifestado la Administración su conformidad con el desarrollo de la anualidad 2011, se emite la certificación final de la ejecución del proyecto con el resultado de "no conforme", por los siguientes motivos:

-El cumplimiento de los objetivos técnicos del proyecto no se ha acreditado. No se han facilitado los medios para poder comprobar la ejecución del proyecto.

-El beneficiario no justifica la aplicación de las cantidades recibidas por el beneficiario a los fines para los que subvención fue concedida.

-La relación entre los costes imputados al proyecto y los trabajos realmente ejecutados no es trazable o no está acreditada en el mismo.

6.Revisada la documentación justificativa de la ayuda, con fecha 25 de septiembre de 2014 se requirió la subsanación de la cuenta justificativa de la anualidad 2012. Dicho requerimiento se puso a disposición del coordinador del proyecto, Esdemarca 2007, S.L., sin que fuera atendido, no subsanándose la justificación presentada.

7. Mediante dicho requerimiento se pedía a los beneficiarios de la ayuda que aportasen la siguiente documentación: la declaración de personal autónomo (mediante el modelo de Declaración de Personal Autónomo totalmente cumplimentado), así como el Cuestionario de Proyectos de I+D, cumplimentándolo debidamente.

8.Por auto de 25 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, procedimiento concurso voluntario 647/2013, se declara a la

entidad Esdemarca 2007, S.L. en concurso voluntario de acreedores. Asimismo, mediante auto de 31 de julio de 2015 del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, dictado en citado procedimiento, se declara la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.

9.El inicio del procedimiento de reintegro total y trámite de audiencia recoge expresamente la falta de acreditación del cumplimiento de los objetivos del proyecto y dicho acuerdo fue notificado a la recurrente el 21 de julio de 2015.

10.La recurrente procedió a cumplimentar el requerimiento de 25 de septiembre de 2014, mediante escrito de fecha de 31 de julio de 2015 una vez tuvo conocimiento de su contenido.

11. Mediante resolución de 7 de marzo de 2016, se procede el reintegro total de la ayuda TSI020100-2011-44 por el incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.1.b) de la LGS y el 18 de marzo de 2016 se dictó acuerdo de liquidación del reintegro total

12.El 3 de mayo de 2016, la entidad Voovio Technologie, S.L. interpuso recurso de reposición contra la resolución de reintegro y solicitó la suspensión de la ejecución del acto recurrido a lo que la Administración accedió por silencio administrativo.

13.Mediante resolución la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de 21 de febrero de 2022, se desestimó el referido recurso de reposición.

SEGUNDO:Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

I.Indefensión por falta de notificación de los requerimientos efectuados en el procedimiento de comprobación.

1.La recurrente ha cumplido todas sus obligaciones respecto del proyecto, finalizándolo dentro de los plazos establecidos y remitiendo toda la documentación a Esdemarca, en su condición de líder del proyecto en los términos fijados por la resolución de concesión.

2.En cuanto tuvo noticia del requerimiento de 25 de septiembre de 2014, ya una vez iniciado el procedimiento de reintegro, procedió a cumplimentarlo de inmediato.

3.La Administración debió notificar el requerimiento personalmente a la recurrente, en el momento de dictarlo.

II.Improcedencia del reintegro, por cumplimiento de los objetivos del proyecto:

1.De conformidad con el artículo 91 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para que proceda el reintegro, es necesario que el beneficiario incumpla "todos y cada uno de los objetivos", lo que en ningún caso sucede en el presente supuesto.

2.La recurrente ejecutó en su totalidad los objetivos técnicos de la parte del proyecto que le correspondía, y así se acredita en la cuenta justificativa de la anualidad de 2011, presentada en marzo de 2012, así como en la cuenta justificativa de la anualidad de 2012 presentada en marzo de 2013.

3.Quien incumplió fue Esdemarca.

4.La Administración demandada en ningún caso expone los motivos por los que considera que no se ha cumplido el objetivo del proyecto, limitándose a manifestar que así lo considera por cuanto no fueron evacuados los requerimientos que, en orden a justificar la anualidad de 2012, fueron remitidos a Esdemarca.

5.La resolución impugnada emana del mismo órgano administrativo que, respecto de la anualidad correspondiente a 2011, indicaba que "lo realizado por el beneficiario se adapta a lo establecido en la normativa reguladora de la ayuda. Lo realizado por el beneficiario se adapta a lo establecido en las condiciones particulares de la Resolución de Concesión. En la ejecución del proyecto se han cumplido los fines para los que se concedió la ayuda".

6.Así las cosas, la Administración contraría su propio criterio y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en los actos de la Administración Pública para sostener en la resolución impugnada, que no hubo cumplimiento de los objetivos.

7.No es cierto que las certificaciones parciales no tengan carácter vinculante, pues, en tanto en cuanto emanan de la propia Administración, vienen a reconocer una determinada situación (jurídica) que, como tal, despliega sus efectos (si no se cumpliera con la anualidad de 2011 ya procedía, entonces, el reintegro) y que, por ende, se encuentra amparado por el principio de seguridad jurídica.

8.En lo que se refiere al año 2012, la recurrente entregó las debidas justificaciones e informe de auditoría, además de la declaración de personal autónomo, a Esdemarca que fue la entidad designada como interlocutora entre las participantes y la Administración.

9.Subsidiariamente, para el supuesto de considerarse que se ha producido un

incumplimiento, habida cuenta que la anualidad de 2011 estaba correctamente justificada y no había incumplimiento alguno y que, en cualquier caso, la responsabilidad que se exige a la recurrente es solidaria a causa del incumplimiento de la entidad líder del proyecto, debe operar el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones en relación con el artículo 17.3 n) del mismo texto legal.

III. Falta de motivación de la resolución impugnada.

1.La Administración demandada no motiva las razones por las que ordena el reintegro total, pues se limita a indicar lo siguiente:

-Que no se acreditó dicho cumplimiento por cuanto se aportaron certificaciones parciales y restaba pendiente la certificación final.

-Que, "como recoge la certificación final de la ejecución del proyecto, al no facilitar el beneficiario los medios para poder comprobar la ejecución del proyecto, no resulta acreditado el cumplimiento de los objetivos del mismo".

2.La Administración demandada en ningún caso indica cuáles son los medios para poder comprobar la ejecución del proyecto, máxime teniendo en cuenta que, tratándose el proyecto subvencionado de una plataforma online de venta, la mera existencia en la red de dicha plataforma es sinónimo del cumplimiento del objetivo.

IV. Prescripción del derecho al reintegro.

1.Invoca el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones según el cual, prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.

2.En el presente caso, mediante resolución de fecha de 7 de marzo de 2016, la Administración demandada resolvió el expediente fijando su derecho a obtener el reintegro de la ayuda. La recurrente interpuso recurso de reposición el 3 de mayo de 2016 y no obtuvo respuesta de la Administración hasta el 22 de febrero de 2022 fecha en la que se le notifica la resolución recurrida en este procedimiento por la que se desestimó el recurso de reposición.

3.Es decir, entre uno y otro término, han pasado casi 6 años en los que la Administración no ha ejecutado su derecho a ejecutar la orden de reintegro.

4.Transcurrido el plazo de 1 mes con el que cuenta la Administración para resolver el recurso de reposición ( artículo 117 de la Ley 30/1992), sin que mediara respuesta expresa de la Administración y sin interposición de recurso contencioso-administrativo, la suspensión de los efectos ejecutivos de la resolución de 7 de marzo de 2016 quedó alzada.

5.En consecuencia, desde el día 4 de junio de 2016 (1 mes desde la interposición de recurso de reposición), se debe entender que se inicia el plazo de 4 años de prescripción para que la Administración pudiera exigir a la recurrente el reintegro.

6.La Administración demandada podía haber ejecutado la resolución de fecha de 7 de marzo de 2016, pero no lo hizo, generando a la recurrente la legítima expectativa de que no lo haría cuando, transcurridos ya más de 4 años, la Administración demandada inicia la correspondiente vía ejecutiva del reintegro. De esa forma vulneró el principio de confianza legítima.

TERCERO:La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

CUARTO:Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

QUINTO:Señalado el día 17 de diciembre de 2025 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

SEXTO:Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.