Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 114/2022 de 25 de octubre del 2024

PRIMERO.-La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que "la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

Siguiendo lo que hemos afirmado en anteriores ocasiones (por todas SAN 8-11-2019, recurso 663/17 y SAN 7-10-2021, recurso 2133/2019), podemos señalar que la STJUE de 1 de marzo de 2016, asunto C-443/14, Alo Osso, apartados 29 y ss, indica expresamente que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (Convención de Ginebra) constituye un texto pertinente para la interpretación de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (Directiva de reconocimiento).

La referida sentencia también cita como texto pertinente para interpretar la Directiva de reconocimiento, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 18) y los tratados a los que se hace referencia en el artículo 78 del TFUE. Dicha norma hace referencia expresa al Protocolo sobre el Estatuto del Refugiado hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 así como "a los demás tratados pertinentes", entre los que por su relevancia debe citarse el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y sus Protocolos adicionales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 cuyo máximo intérprete es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Sin perjuicio de lo anterior, la fuente primaria y básica del derecho que deberá tenerse en consideración para resolver este tipo de litigios en el ámbito de la Unión Europea es, tal y como indica el artículo 19 del TUE, la jurisprudencia del TJUE dictada con ocasión de la interpretación de la normativa de la Unión.

La normativa básica de la Unión a estos efectos la constituyen la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (Directiva de procedimiento) y la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (Directiva de reconocimiento).

La Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al tiempo que desarrolla el artículo 13 de la Constitución realiza la trasposición de la normativa europea y, en las materias no armonizadas, incorpora disposiciones de protección adicionales como la autorización de residencia por razones humanitarias. Este bloque normativo se completa con el RD 203/1995, de 10 de febrero en la medida que se considere compatible con la referida Ley.

En el presente caso, debemos tener en cuenta que establece el artículo 21.2 que <

a) los previstos en las letras c), d) y f) del apartado primero del artículo 25;

b) cuando la persona solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles, insuficientes, o que contradigan información suficientemente contrastada sobre su país de origen, o de residencia habitual si fuere apátrida, de manera que pongan claramente de manifiesto que su solicitud es infundada por lo que respecta al hecho de albergar un fundado temor a ser perseguida o a sufrir un daño grave>>.

El artículo 21 regula el procedimiento específico para solicitudes en frontera, al que también remite el artículo 25 respecto de las solicitudes formuladas en Centro de Internamiento.

SEGUNDO.-Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la conformidad a derecho de las Resoluciones de la Directora General de Política Interior de 29 de diciembre de 2021, dictada por delegación del Ministro, denegando la solicitud de protección internacional y resolución de 4 de enero de 2022 desestimando la petición de reexamen.

Con fecha 28 de diciembre de 2021 D. Secundino (Argelia) solicitó asilo en España, encontrándose ingresado en el CIE de Madrid, afirmando:

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Estas personas vinieron a buscarme a casa y me hicieron un corte en el antebrazo derecho hace unos 8 meses. Por este motivo, salí en patera de Argelia para no generar más problemas..... no supe quien me agredió hasta que me lo dijeron, un amigo que vende ropa en el mercado, que pensó que fueron ciertas personas de la ciudad..... mi amigo ni siquiera les conoce, pensó que pudieran ser unas personas pero no me especificó quién>>.

El solicitante también señala que no denunció los hechos en su país de origen, que no ha tenido problemas con las autoridades de su país y teme volver por miedo a esas personas. Afirma que en España ha estado detenido por hurto. El ACNUR informa en el sentido de que la solicitud "no contiene, al momento del presente informe, elementos suficientes para emitir un criterio favorable a su admisión a trámite".

La solicitud fue denegada por Resolución de la Directora General de Política Interior de 29 de diciembre de 2021 por aplicación del apartado a) del artículo 21.2 de la Ley de Asilo. En esta resolución, se examina la solicitud de la parte recurrente, señalando:

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El solicitante afirma que no denunció las amenazas ni la agresión sufrida. En este sentido, hay que tener en cuenta que al no interponerse denuncia alguna sobre los hechos alegados, no se permite el conocimiento del asunto a las autoridades competentes..... la persecución ejercida por agentes no estatales puede alcanzar la protección internacional, siempre que quede suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección>>.

Tras la petición de reexamen, el ACNUR ratifica su criterio anterior. El Reexamen se desestima por resolución de 4 de enero de 2021.

TERCERO.-A la vista de las actuaciones practicadas, informe de la OAR y resoluciones administrativas, nos parece evidente la procedencia de denegar la protección internacional y la procedencia de desestimar el reexamen, por concurrencia del apartado a) del artículo 21.2 de la Ley de Asilo. Por un lado, debemos resaltar que el relato que se formula no se refiere a ningún tipo de persecución encuadrable en la Convención de Ginebra. El propio relato se ciñe a los problemas que ha tenido con personas concretas, consecuencia de su creencia en que el solicitante intervino en la detención y prisión de determinado individuo. Se trata de amenazas y agresión que, según refiere se efectúan por personas que no puede identificar. Por otro lado, no se ha presentado denuncia por las referidas amenazas y agresión, lo que de forma clara impide que las autoridades del país de origen hayan podido brindar protección al recurrente. Tampoco se ha intentado desplazamiento interno u otra medida que intente paliar el temor que se dice sufrir. El ACNUR ratifica, en los dos informes presentados, que el recurrente no parece encontrarse en necesidad de protección internacional.

La alegación que se efectúa en el sentido de que se produce indefensión al no constar la identidad del intérprete que le asiste en la notificación de la primera resolución, no puede ser atendida por la Sala. Efectivamente, el hecho de que no conste la identificación no implica vulneración de derecho alguno, pues el recurrente -como pone de manifiesto su escrito de reexamen- ha podido articular frente a la primera resolución su derecho a solicitar el reexamen y lo ha hecho en plazo y asistido de letrado, articulando los argumentos que ha estimado oportunos frente a la primera resolución.

Por lo demás, no constituye un grupo diferenciado el de colaboradores de la policía, como se pretende por el solicitante, pues no existe referencia alguna, en fuentes públicas de información, que se refieran a esta circunstancia.

No desconocemos la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal supremo en los recursos 2429/12 y 529/12, que citamos reiteradamente, como es el caso de nuestra sentencia de fecha 27 de abril de 2018 (recurso 181/2017), o la sentencia de fecha 26 de febrero de 2021 (recurso 201/2019) y las que hemos dictado en el mismo sentido pues, en el supuesto que nos ocupa, la "inverosimilitud, incoherencia o carencia de fundamento" es clara y se deriva sin esfuerzo de lo actuado, dados los términos en que se formula la solicitud, respaldando de forma justificada la utilización por la Administración del cauce acelerado que consagra el artículo 21 de la Ley de Asilo, con el informe en positivo de ACNUR, que no apreciaba la necesidad de protección internacional de la solicitante.

Por otra parte, la desestimación de la solicitud por el cauce del artículo 21.2 de la Ley de Asilo, conforme estamos manteniendo, impide el otorgamiento no sólo del asilo sino también de la protección subsidiaria. Los tres supuestos que integran el "daño grave" que justifica la protección subsidiaria, se enumeran de forma taxativa y exclusiva en el artículo 15, a, b y c de la Directiva de reconocimiento y 10, a, b y c de la Ley 12/2009, siendo su tratamiento por la jurisprudencia distinto para el caso c) de ambos preceptos. Sin embargo, en el presente caso no se aprecia motivo alguno, fuera de lo ya analizado, de suficiente entidad -y menos con carácter de fundado-, como para creer que exista riesgo de sufrir tales daños.

CUARTO.-En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.000 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,