Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 2283/2021 de 30 de abril del 2025

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la desestimación presunta de la reclamación administrativa previa formulada por en concepto de impago del precio de un acuerdo verbal para la prestación de servicios, ejecutado en beneficio de la Administración demandada.

SEGUNDO:El primer motivo de recurso esgrimido por la recurrente, inactividad de la Administración, no puede ser acogido como tal, como acertadamente ha puesto de manifiesto la abogacía del Estado y se deduce fácilmente del escrito de conclusiones de la propia recurrente que no hace mención al mismo.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 LJCA, para que pueda aplicarse la figura de la inactividad, es necesario que la Administración venga obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o de un acto, contrato o convenio administrativo.

Ninguna de estas circunstancias concurre en este caso, por lo que este motivo de recurso debe ser desestimado. La recurrente como único título para justificar su reclamación aporta una factura y un informe emitido por la Administración demandada, favorable a la convalidación del gasto y es obvio, que ninguno de estos documentos reúne las condiciones que el artículo 29.1 LJCA impone.

TERCERO:Me diante el segundo motivo de recurso, la recurrente invoca, especialmente en su escrito de conclusiones, la aplicación al caso de la doctrina del enriquecimiento injusto.

El actual artículo 37.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 taxativamente dispone que "Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia". En el mismo sentido el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dado que no concurre la excepción reservada a los contratos de emergencia, debemos concluir que la fórmula verbal empleada por la Administración para beneficiarse de los servicios de la recurrente no puede calificarse propiamente como contrato, si bien ello no es obstáculo para produzca efectos jurídicos, singularmente el abono a la recurrente de las prestaciones económicas devengadas.

A estos efectos y para garantizar la justicia material, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han concluido que es aplicable a este tipo de situaciones la doctrina del enriquecimiento injusto.

En este sentido es muy explícito el Tribunal Supremo que en su sentencia de 17 de octubre de 2023 recurso de casación nº 6316/2020 reitera una ya muy consolidada doctrina que se expresa en los siguientes términos: "es posible acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto o sin causa para el pago de facturas por servicios en los casos de contratación irregular o no permitida, como la contratación verbal, siempre que concurran los requisitos citados.... que, en síntesis, consisten en la ganancia de uno, el correlativo empobrecimiento de otro, un nexo de causalidad entre ambas situaciones y la ausencia de causa justificativa, exigencias a las que se suma el requisito de singular importancia de la ausencia de mala fe en los términos antes expresados, es decir, es preciso que el desequilibrio esté constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración".

No cabe duda de que en el presente caso concurre esta circunstancia, como se infiere de la documentación obrante en el expediente administrativo (factura, informe de petición de convalidación de gasto y correos electrónicos en los que se pospone el pago a la existencia de disponibilidad presupuestaria). De dicha documentación se desprende que la recurrente, a requerimiento de la Administración, ejecutó las prestaciones que ésta le indicó, sin que existiera contrato o título válido que legitimase tal mandato, todo ello actuando de buena fe. Procede pues, en este contexto, la reparación de la deuda.

Ahora bien, la propia naturaleza del enriquecimiento injusto limita su aplicación al pago del daño base efectivamente soportado, que en este caso, de acuerdo con la documentación obrante en autos se cifra en 207.532,01 euros, quedando excluidas las partidas relativas a los gastos generales, beneficio industrial, intereses e IVA, como sostiene la abogacía del Estado.

Ello es así porque lo que se retribuye, realmente, es el beneficio indebido de la Administración y no tanto el perjuicio sufrido por la recurrente, lo que excluye la reclamación en concepto de intereses. Por otra parte, la inexistencia de contrato no permite retribuir los gastos generales y beneficio industrial pues los mismos están concebidos en función del contrato.

En cuanto al IVA, no consta que la recurrente lo haya abonado y, por otra parte, la percepción de una indemnización, que no el pago del precio de un contrato, se contrapone a la necesaria contraprestación o prestación de servicios de ineludible exigencia para el devengo del IVA ( artículo 78.Tres. 1 de la Ley 37/1992 del IVA).

En atención a lo expuesto procede la estimación parcial del presente recurso.

CUARTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede imponer costas.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente