Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 3/2024 de 05 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Orden comunicada de la Ministra de Sanidad, de 10 de enero de 2023, mediante la que se aprueba una declaración de actuaciones coordinadas en salud pública.

SEGUNDO:Procede en primer lugar responder a la causa de inadmisibilidad del recurso planteada por la abogacía del Estado y que ha sido asumida por el Ministerio Fiscal.

Los recurrentes formularon alegaciones explícitas a este respecto en su escrito de demanda. Respecto de D. Andrés se indica que la Orden en cuestión vulnera sus derechos fundamentales referenciados en los antecedentes de esta sentencia por lo que considera que está individualmente afectado por la misma. Respecto de la asociación Liberum, señala que el objeto de la asociación, tal y como indica su página web, es la defensa de los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia de la Covid-19, y lo hace con vocación de perpetuar su labor por los derechos humanos.

Invocan la Ley 15/2022, de 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación, según la cual las asociaciones podrán defender los intereses de sus socios cuyos derechos fundamentales hayan sido afectados directamente por la Orden en cuestión y en este sentido muchos socios de Liberun se han dirigido a la misma con este fin. En numerosas ocasiones los Tribunales Superiores de Justicia han estimado la legitimación activa de Liberum y han entrado en el fondo del asunto, obteniéndose fallos favorables y reconociendo que la administración vulneró derechos fundamentales o infringió la legalidad.

Frente a lo anterior, debe considerarse que es un hecho incontrovertido el que ninguno de los dos recurrentes es destinario de la resolución impugnada, pues la misma está dirigida a las administraciones autonómicas que son las únicas responsables de la adopción, como actos propios, de las medidas que en dicha Orden se indican, siendo dichos actos los que pueden ser recurridos por los ciudadanos afectados. Por otra parte, la toma de las medidas en cuestión solo procederá, en su caso, tras la verificación y valoración de la concurrencia de distintos parámetros, por parte de las administraciones destinatarias de la resolución impugnada

Ello es así, porque de acuerdo con una muy consolidada jurisprudencia de aplicación transversal y de la que solo es un ejemplo la STS de 30 de octubre de 2019 recurso de casación nº 3738/2018, el artículo 19 de la LJCA confiere la legitimación activa exclusivamente en función de la titularidad de un derecho o interés legítimo propio, que esté en relación con la pretensión material que sea objeto del proceso. Dicha relación implica que, de obtenerse una sentencia favorable, se produciría específicamente a la parte recurrente un beneficio o se le evitaría un perjuicio, patrimonial, moral, incluso profesional o de vecindad, de contenido concreto y efectivo y ello solo es posible cuando el recurrente es destinatario de la norma.

En este caso los recurrentes, como ya se ha indicado, no son destinatarios de la norma por lo que el supuesto de hecho analizado es totalmente diferente del referido por las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia invocadas por los recurrentes.

TERCERO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la parte recurrente vencida en este proceso, con un límite máximo por todos los conceptos de 3000 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente