Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1963/2021 de 07 de febrero del 2025

PRIMERO:La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de enero de 2019 ratificada por la posterior desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la anterior, por las que le fue denegada la nacionalidad española a D. Estanislao, por no haber justificado suficiente grado de integración en la sociedad española, requisito contemplado en el artículo 22.4 del Código Civil.

SEGUNDO:Los arts. 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

En cuanto al requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española, y al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así se ha declarado desde la sentencia de 24 de abril de 1999 citando otras muchas, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

En definitiva, la nacionalidad española concede un status y unos derechos superiores que los derivados de la mera residencia en España, y por ello también se establece en nuestro ordenamiento la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, en cuanto pretenden su total equiparación política y jurídica, a los ciudadanos españoles, lo cual sería incongruente con una residencia que, con independencia de su duración, se desarrollase al margen de la forma de vida, costumbres y valores constitucionales que conforman nuestra sociedad. Es por ello que la mera residencia en España durante un largo periodo de tiempo tan solo justifica el cumplimiento de uno de los requisitos legalmente exigidos para acceder a la nacionalidad española -residencia legal y continuada- pero resulta, por sí misma, insuficiente si no va acompañada de una integración real y efectiva en las costumbres y forma de vida españolas.

TERCERO:Dada la fecha de presentación de la solicitud de la nacionalidad española, 25 de julio de 2013, debemos mostrar nuestra total conformidad con el argumento del recurrente en el sentido de que no resulta aplicable la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que, efectivamente impone para el futuro la superación de unas pruebas concretas para acreditar el nivel de conocimiento del idioma español y el grado de conocimiento de las instituciones y de la sociedad española, como medio para verificar el requisito de la integración en nuestro país.

Ahora bien, ello no quiere decir, como afirma el recurrente, que con anterioridad no existiera base legal alguna parta verificar el conocimiento del idioma, así como de las instituciones de la sociedad española, requisitos determinantes, antes y ahora, del grado de integración en nuestro país.

En este sentido cabe citar el artículo 63 de la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, aplicable por razones temporales a este caso, en el que se dispone que: "Las autoridades competentes para la tramitación y resolución de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia, para la exclusiva finalidad de resolver la solicitud presentada por el interesado, recabarán de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes sean necesarios para comprobar si los solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil, sin que sea preciso el consentimiento de los interesados".

A mayor abundamiento, el art. 220 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro civil establece que en la solicitud se indicará especialmente: 5º..."si habla castellano u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o sociales, y las demás que estime conveniente" y el art. 221, que no contiene reglas especiales en relación con la justificación de este requisito, se limita a decir que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba jurídicamente admisible, aunque destaca en su párrafo último la importancia de la audiencia ante el Encargado del Registro "... especialmente para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles ...".

En definitiva, el conocimiento de la lengua constituye un medio privilegiado para apreciar la existencia de una real integración en la sociedad española que no parece que pueda lograrse satisfactoriamente por quien no puede comunicarse en el idioma común de obligatorio conocimiento, lo que, además, permitiría apreciar una voluntad de que, quien desea adquirir la nacionalidad dispone para ello del medio más adecuado para lograrlo, ya que la integración no se deduce de la más o menos prolongada residencia en España, sino que durante ese periodo de tiempo la actitud del residente se ha dirigido realmente a forma parte de la sociedad que desarrolla su vida, lo que difícilmente puede conseguirse si no se conoce el medio de expresión utilizado por los miembros de esa sociedad.

Pues bien, en la comparecencia realizada ante el Juez Encargado del Registro Civil se pone de manifiesto que el recurrente tiene un nivel de conocimiento de la lengua española muy deficiente y radicalmente nulo respecto de las instituciones, costumbres y elementos cotidianos de la vida en España, lo que justificó su informe negativo.

En la demanda se trata de paliar este obstáculo omitiendo cualquier mención a la muy relevante acta de comparecencia y pretendiendo que dicha deficiencia puede paliarse con argumentos como la duración de su contratación y cotización laboral, el tener tres hijos nacidos en España o la carencia de antecedentes penales.

Olvida la parte recurrente que los requisitos exigidos para la obtención de la nacionalidad española deben cumplirse en el momento de la solicitud y ello no ocurre en este caso debiendo destacarse el prolongado tiempo de residencia del recurrente en España y su falta de interés por tener un fluido conocimiento de la lengua española

Por otra parte, conviene recordar que el ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad trasciende de lo que es simplemente el desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, puesto que la adquisición de la nacionalidad convierte al peticionario en ciudadano español; lo cual supone ( art. 23 CE) que adquiere el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. De ahí que venga exigiéndose un conocimiento de las instituciones y de la sociedad, de la que va a formar parte aceptando su sistema de valores, plasmados fundamentalmente en la Constitución a la que ha de prestar juramento, de acuerdo con el art. 23 del Código Civil.

Del informe del Juez y del acta de comparecencia, que se integran la motivación, se desprende inequívocamente que el recurrente es incapaz de contestar a preguntas relacionadas con la vida cotidiana española y sus instituciones y sistema de valores.

Finalmente y por las razones expuestas, ninguna relación tiene con la integración en la sociedad española el hecho de que sus hijos estén escolarizados en la enseñanza pública, pues la integración en la sociedad es un acto personalísimo y depende de lo que puedan hacer terceras personas.

Tampoco es relevante a estos efectos el hecho de que haya cotizado un largo período de tiempo a la Seguridad Social o que carezca de antecedentes penales, pues dichas circunstancias solo revelan que respeta el orden establecido, pero no su integración en la sociedad española.

En consecuencia, ha de concluirse que la integración del recurrente no se ha consolidado lo suficiente como para entender cumplido el presupuesto exigido legalmente, por lo que procede desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

CUARTO:De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso, con un límite máximo por todos los conceptos de 1000 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente