Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 97/2024 de 09 de mayo del 2025

PRIMERO-.En la sentencia impugnada se indica que en fecha 13-7-2023 se presentó por Dª Concepción la solicitud dirigida al IMSERSO, para la concesión de la ayuda establecida en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1950-1985. A dicha solicitud se adjuntó, entre otros documentos, los que acreditaban su condición de persona afectada por Talidomida.

A requerimiento del IMSERSO, la solicitante aportó Informe del Instituto de Salud Carlos III, de fecha 19/12/2023, en el que se afirma que "...no es posible emitir el certificado que acredite que la persona interesada está inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, ya que no existe constancia de su inclusión en dicho registro, todo ello a los efectos de acreditar el requisito establecido en el artículo 2.c) del Real Decreto 574/2023, de 4 de julio , por el que "Se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950- 1985.

Que en los antecedentes de la Unidad Técnica de Talidomida consta que dicha persona ha sido evaluada por el Comité Científico-Técnico de la Talidomida y dicho comité ha emitido un informe que concluye que presenta anomalías congénitas NO compatibles con embriopatía por talidomida.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos".

Con base en el anterior informe, por la resolución del IMSERSO de fecha 21/12/2023 se acordó denegarle la ayuda solicitada, al considerar que no cumplía los requisitos establecidos en los apartados a) y c) del artículo 2 del citado Real Decreto 574/2023.

Contra la anterior resolución interpuso la interesada recurso de reposición, que fue desestimado en fecha 05/03/2024.

Se acogen en la sentencia los argumentos de la demanda, pues el Tribunal Supremo estimó los argumentos de la demanda de Avite y deroga los artículos del RD 574/23 que exigían el certificado de enfermedades raras, del que carece la actora; declarando que no se puede dejar de tener por beneficiario a aquel peticionario que ha obtenido una resolución administrativa anterior como afectado por la talidomida. Que la actora cumple los requisitos del Real Decreto 574/2023, según su redacción actual y según la doctrina de las Sentencias del TS.

Que en la Disposición Adicional 56ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con el título de "Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985",se estableció lo siguiente:

"Uno. Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España. Estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1960-1965.

Dos. El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda".

Que en STS de fecha 24/06/2024 y de 25/06/2024 se estimaron en parte los recursos de casación interpuestos contra el RD 574/2023, y se declaró la nulidad del apartado c) del art. 2 del Real Decreto 574/2023, así como del apartado h) del art. 6 y del apartado 2 del art. 8 del mismo, en la medida en que prevén su aplicación a personas que en el pasado fueron regularmente reconocidas por una Administración autonómica como afectados por la talidomida.

Que la recurrente Dª Concepción, con su escrito de solicitud de la ayuda, presentado en fecha 13-7-2023, aportó entre otros, el certificado del grado de discapacidad, reconocido por la resolución dictada en fecha 9-6-2017 por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos de la CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (folios 55 y 57 del expediente administrativo). Entre las patologías que presenta dicha interesada, según el Dictamen Técnico Facultativo emitido en dicha fecha, está la siguiente "2º SINDROME MALFORMATIVO CONGÉNITO POR TALIDOMIDA por AGENESI O DEFIC LONGITUDINAL MIEMBRO SU de etiología CONGÉNITA".

Se señala lo siguiente:

"No obstante, respecto a la obtención de una jubilación anticipada en diez años a través del Real Decreto 1851/2009, en razón de padecer discapacidades por anomalías congénitas secundarias a Talidomida, no se ha acreditado el cumplimiento de dicha condición en el presente asunto. Esto es así, pues aunque en la solicitud de jubilación presentada en fecha 7-9- 2022 se alegara que Dª Concepción tenía una discapacidad del 65 % debido a la Talidomida, sin embargo, en el reconocimiento de la pensión de jubilación por la resolución del INSS de fecha 15-11-2022, no se tiene en cuenta el citado Real Decreto 1851/2009. 8

La sentencia señala a continuación:

"A la vista del dictamen técnico facultativo emitido en fecha 9-6-2017, sobre el grado de discapacidad de Dª Concepción, ninguna duda puede suscitarse respecto a que por esta se cumplen los requisitos para ser beneficiaria de las ayudas reguladas por el citado Real Decreto 574/2023, aunque no figure inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III."

Dado que Dª Concepción tiene reconocido un grado de discapacidad del 65 %, a razón de 12.000,00 euros por cada punto porcentual, el importe de la ayuda sería de 780.000,00 euros, y no costando que haya sido beneficiaria de las ayudas concedidas al amparo del citado Real Decreto 1006/2010, no cabe deducción alguna.

La sentencia añade lo siguiente:

"procede reconocer el abono de los correspondientes intereses legales calculados sobre dicha cantidad, desde la fecha en que se denegó inicialmente la ayuda el día 21-12-2023".

En el suplico del escrito de demanda, la actora solicitaba "Que se tenga por formalizada demanda de recurso contencioso-administrativo y se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de la resolución recurrida y se reconozca el derecho de mi mandante a percibir una ayuda ex RD 574/23 por importe de por importe de 780.000 EUROS, más intereses y costas".

SEGUNDO-.En el escrito de interposición del recurso de apelación, la representación del IMSERSO solicita la revocación de la sentencia impugnada. Se alega falta de motivación de la sentencia en relación con la condena al pago de intereses; que la consecuencia de la falta de motivación es la nulidad de la sentencia por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las partes no pueden conocer las razones de la decisión ni ejercer adecuadamente los recursos. Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las ayudas reguladas en el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985, y ante la ausencia de norma específica, le es de plena aplicación el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria, conforme al cual para que se devenguen intereses moratorios será preciso, primero, que transcurran tres meses desde la notificación de la resolución judicial o desde el reconocimiento de la obligación, segundo, que una vez transcurrido los tres meses se requiera el cumplimiento por parte del acreedor. Sólo en ese supuesto, y fijando como "dies a quo" el de la reclamación de cumplimiento posterior a los tres meses de la notificación, se generarían intereses moratorios a favor de la parte demandante.

TERCERO-.La representación de la apelada presentó escrito de oposición a la apelación.

Alega que la imposición de los intereses legales calculados desde la fecha en que se denegó inicialmente la ayuda es conforme a Derecho.

Con carácter subsidiario, se alega que el devengo del interés legal se produce, en todo caso, y cualesquiera que sean las incidencias de la ejecución, desde la fecha de notificación de la sentencia en primera o única instancia, por lo que una eventual dilación de la Administración no afectará al devengo del interés legal, que nace automáticamente a raíz de una condena al pago de cantidad líquida, sin necesidad de que se solicite por las partes ni de que la resolución judicial lo mencione expresamente.

CUARTO-.El recurso de apelación se limita al pronunciamiento sobre el devengo de intereses de la cantidad determinada a favor de la recurrente en concepto de "ayuda", en su condición de persona afectada por la Talidomida.

Alega la representación del IMSERSO falta de motivación de la sentencia en relación con la condena al pago de intereses. Y ello, efectivamente, es así, pues en la sentencia no se hace razonamiento alguno sobre la procedencia de que la cantidad fijada conforme al RD 574/2023 se vea incrementada en los intereses legales, ni se justifica mínimamente la fijación como dies a quo del devengo "la fecha en que se denegó inicialmente la ayuda, el día 21-12-2023".

El RD en virtud del cual se ha reconocido en sentencia a la recurrente el derecho a recibir la ayuda no contiene previsión alguna en relación con el devengo de intereses de las cantidades correspondientes a la ayuda.

Así pues, se ha de acudir a la norma general del artículo 24 le la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que establece:

"Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

(...)"

El artículo 17 LGP se refiere a "intereses de demora", estableciendo su apartado 2 que "el interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el período de cálculo, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para dichos ejercicios".

En el caso que nos ocupa, en el momento de dictarse la resolución, el apartado c) del artículo 2 del RD 574/2023 -que establecía como requisito para ser beneficiario de la ayuda la inscripción en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III- no había sido anulado por el Tribunal Supremo; de manera que la Administración demandada, ahora apelante, no hizo sino aplicar una norma en vigor. Siendo la anulación de esa norma por STS de 24 y 25 de junio de 2024 la que hizo nacer el derecho de la interesada a se beneficiaria de la ayuda. Y es la sentencia de instancia la que reconoce ese derecho y determina el importe de la ayuda.

Así pues, si se trata de los intereses de demora, se devengarán con arreglo a lo establecido en el artículo 24 de la Ley General Presupuestaria.

Siendo, en todo caso, de aplicación el artículo 106 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que dispone:

"1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. (...)"

Procede, en consecuencia, la estimación del recurso de apelación.

QUINTO:De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no procede hacer imposición de costas.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,