Sentencia Contencioso-Administrativo 120/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1091/2023 de 10 de marzo del 2026

PRIMERO.-La resolución impugnada, de fecha 7 de diciembre de 2021, dictada por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por delegación del Ministro de Justicia, deniega la concesión de la nacionalidad española por residencia a la recurrente, por no cumplir el requisito legal de residencia, porque no lleva los 10 años de residencia legal en España exigidos por número 1 del artículo 22 del Código Civil.

SEGUNDO.-En la demanda de este recurso se combate la anterior resolución, alegando que la interesada es apátrida, por lo que debería aplicarse a la misma el plazo reducido de 5 años, tal y como sucede con las personas refugiadas y las personas beneficiarias de la protección subsidiaria. A estos efectos se cita el artículo 3 del Código Civil, en cuanto a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas; Las previsiones vigentes de la normativa internacional sobre apatridia; y las normas sobre extranjería.

La parte recurrente concluye que carece de sentido establecer un plazo de diez años a los apátridas cuando los beneficiarios de protección internacional tienen un plazo de cinco años y existe una clara similitud entre ambas situaciones. Señala la parte que debe incluirse a los saharauis entre los estados y los pueblos con lazos históricos con España para ostentar un plazo menor a efectos de obtención de la nacionalidad. Por el contrario, concluye la actora que dada su condición de apátrida (reconocida por España, siendo beneficiaria del estatuto de apátrida desde 2016) así como su origen saharaui, debe ser aplicado el plazo reducido de dos o cinco años, los cuales cumplía cuando solicitó la nacionalidad.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda, coincidentes con las expuestas en la resolución recurrida.

TERCERO.-Co mo viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Hemos de llamar la atención sobre la exigencia legal ( art. 22.3 CC) de que la residencia debe ser "legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la expresión "residencia legal"procede aplicarla siempre y cuando la residencia se ajuste a las exigencias prevenidas por la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente en cada momento ( STS, entre otras, de 25 de enero de 2005 y 14 de noviembre de 2008). Residencia legal es pues la que está amparada por un permiso de residencia legal. Por ello, no es suficiente la mera permanencia o estancia en España.

El cumplimiento de tal requisito objetivo exige, por tanto, la concurrencia de las tres circunstancias: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjería que vengan establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud. La exigencia de efectividad en la residencia legal significa que el solicitante, para que su residencia en España sea legal a efectos del precepto aplicable ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2004), debe estar amparada "con la correspondiente autorización administrativa", "durante más de diez años en España", o los que correspondan.

Esta Sala se ha pronunciado sobre el requisito de la continuidad en la residencia (St de 11/02/2016 Secc. 3ª, 07/022018 Secc. 5ª), al decir:

"Si bien es cierto (...) que el requisito de la continuidad en la residencia o presencia física no deja de considerarse existente por el hecho de que el interesado haya tenido que realizar, durante el periodo de tiempo contemplado, cortos y esporádicos viajes o salidas al extranjero, tal permisión, a falta de fijación ex lege de un límite a la duración y frecuencia de los mismos, no puede por menos de merecer una interpretación y aplicación restrictiva, que ha de ser ponderada bajo las perspectivas de la accidentalidad o no frecuencia en su realización, de la brevedad en su duración y de la justificación en sus motivos, pues mantener un criterio amplio y permisivo en esta materia, además de ser contrario a la ratio legis del precepto regulador de esta forma de adquisición de la nacionalidad, que, como prueba del ánimo del interesado de integrarse en la comunidad española, exige expresamente que su residencia sea continuada, lo que es sinónimo de no interrumpida, podría suponer la apertura de un peligroso y siempre recusable portillo al fraude de ley.

Así esta Sala viene entendiendo que la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer en el extranjero por razones de trabajo o estudios o por otro motivo justificado".

CUARTO.-Pu es bien, en el presente caso, es claro y así se reconoce por la propia recurrente, no se cumple el requisito de diez años de residencia que sería legalmente exigible. Lo que se pide de la Sala es que realice una interpretación extensiva de los supuestos de excepción al plazo legal de los diez años.

Esta tesis no puede ser aceptada. El legislador establece un plazo general de residencia (diez años) y lo excepciona para determinados supuestos, pudiendo ser de cinco, dos o un año respectivamente en función del caso previsto por la norma. Como se deduce con facilidad del propio planteamiento que esbozamos, la excepción requiere una interpretación restrictiva, de tal forma que la excepción solo puede aplicarse a aquellos supuestos que estén expresamente previstos.

Desde otro punto de vista, la adquisición de la nacionalidad no es un derecho subjetivo, sino que es manifestación de soberanía del Estado. Así, señala esta Sala (entre otras, SAN de 4 de marzo de 2026, recurso 1327/25, Sección 3ª) < art. 21 del Código Civil , puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional>>.

La problemática que se plantea ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 2009, recurso 4293/06, que ante supuesto similar concluye que no cabe aplicación analógica de reducción de plazos:

< art. 22.1 CC . La analogía sirve para colmar lagunas de la ley, no para esquivar la aplicación de ésta buscando una regulación más benigna.

En segundo lugar, no existe identidad de razón entre las condiciones de refugiado y de apátrida. Incluso si puede haber cierta semejanza en el régimen jurídico a que están sometidos los refugiados y los apátridas residentes en España, lo cierto es que las causas de una y otra situación son muy distintas y, por ello mismo, también son diferentes las razones por las que el Estado permite a unos u otros la entrada y permanencia en el territorio nacional. Baste señalar a este respecto que es perfectamente posible carecer de nacionalidad sin ser por ello objeto de persecución; y paralelamente es claro que la persecución que da derecho a obtener la condición de refugiado no ha de obedecer necesariamente a la nacionalidad del perseguido, sino que puede ser también por motivos de raza, religión, sexo, opinión política, etc. No hay ninguna correlación necesaria, en suma, entre las condiciones de refugiado y apátrida.

No es ocioso añadir, en fin, que el deber jurídico-internacional que pesa sobre el Estado de facilitar la asimilación y naturalización de los apátridas no puede ser satisfecho mediante una interpretación forzada de la legislación vigente en materia de nacionalidad, sino que incumbe esencialmente al legislador. Es éste -no los órganos judiciales- quien debe diseñar la regulación de la nacionalidad, adaptándola si es necesario a las exigencias internacionales asumidas por España>>.

Tesis que ha sido seguida por esta Sala, entre otras, en SAN de 8 de mayo de 2019, recurso 16/18, Sección 5ª. Por ello entendemos que, al no acreditarse la residencia legal de diez años, debe desestimarse el recurso.

QUINTO.-En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.500 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La resolución impugnada, de fecha 7 de diciembre de 2021, dictada por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por delegación del Ministro de Justicia, deniega la concesión de la nacionalidad española por residencia a la recurrente, por no cumplir el requisito legal de residencia, porque no lleva los 10 años de residencia legal en España exigidos por número 1 del artículo 22 del Código Civil.

SEGUNDO.-En la demanda de este recurso se combate la anterior resolución, alegando que la interesada es apátrida, por lo que debería aplicarse a la misma el plazo reducido de 5 años, tal y como sucede con las personas refugiadas y las personas beneficiarias de la protección subsidiaria. A estos efectos se cita el artículo 3 del Código Civil, en cuanto a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas; Las previsiones vigentes de la normativa internacional sobre apatridia; y las normas sobre extranjería.

La parte recurrente concluye que carece de sentido establecer un plazo de diez años a los apátridas cuando los beneficiarios de protección internacional tienen un plazo de cinco años y existe una clara similitud entre ambas situaciones. Señala la parte que debe incluirse a los saharauis entre los estados y los pueblos con lazos históricos con España para ostentar un plazo menor a efectos de obtención de la nacionalidad. Por el contrario, concluye la actora que dada su condición de apátrida (reconocida por España, siendo beneficiaria del estatuto de apátrida desde 2016) así como su origen saharaui, debe ser aplicado el plazo reducido de dos o cinco años, los cuales cumplía cuando solicitó la nacionalidad.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda, coincidentes con las expuestas en la resolución recurrida.

TERCERO.-Co mo viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Hemos de llamar la atención sobre la exigencia legal ( art. 22.3 CC) de que la residencia debe ser "legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la expresión "residencia legal"procede aplicarla siempre y cuando la residencia se ajuste a las exigencias prevenidas por la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente en cada momento ( STS, entre otras, de 25 de enero de 2005 y 14 de noviembre de 2008). Residencia legal es pues la que está amparada por un permiso de residencia legal. Por ello, no es suficiente la mera permanencia o estancia en España.

El cumplimiento de tal requisito objetivo exige, por tanto, la concurrencia de las tres circunstancias: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjería que vengan establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud. La exigencia de efectividad en la residencia legal significa que el solicitante, para que su residencia en España sea legal a efectos del precepto aplicable ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2004), debe estar amparada "con la correspondiente autorización administrativa", "durante más de diez años en España", o los que correspondan.

Esta Sala se ha pronunciado sobre el requisito de la continuidad en la residencia (St de 11/02/2016 Secc. 3ª, 07/022018 Secc. 5ª), al decir:

"Si bien es cierto (...) que el requisito de la continuidad en la residencia o presencia física no deja de considerarse existente por el hecho de que el interesado haya tenido que realizar, durante el periodo de tiempo contemplado, cortos y esporádicos viajes o salidas al extranjero, tal permisión, a falta de fijación ex lege de un límite a la duración y frecuencia de los mismos, no puede por menos de merecer una interpretación y aplicación restrictiva, que ha de ser ponderada bajo las perspectivas de la accidentalidad o no frecuencia en su realización, de la brevedad en su duración y de la justificación en sus motivos, pues mantener un criterio amplio y permisivo en esta materia, además de ser contrario a la ratio legis del precepto regulador de esta forma de adquisición de la nacionalidad, que, como prueba del ánimo del interesado de integrarse en la comunidad española, exige expresamente que su residencia sea continuada, lo que es sinónimo de no interrumpida, podría suponer la apertura de un peligroso y siempre recusable portillo al fraude de ley.

Así esta Sala viene entendiendo que la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer en el extranjero por razones de trabajo o estudios o por otro motivo justificado".

CUARTO.-Pu es bien, en el presente caso, es claro y así se reconoce por la propia recurrente, no se cumple el requisito de diez años de residencia que sería legalmente exigible. Lo que se pide de la Sala es que realice una interpretación extensiva de los supuestos de excepción al plazo legal de los diez años.

Esta tesis no puede ser aceptada. El legislador establece un plazo general de residencia (diez años) y lo excepciona para determinados supuestos, pudiendo ser de cinco, dos o un año respectivamente en función del caso previsto por la norma. Como se deduce con facilidad del propio planteamiento que esbozamos, la excepción requiere una interpretación restrictiva, de tal forma que la excepción solo puede aplicarse a aquellos supuestos que estén expresamente previstos.

Desde otro punto de vista, la adquisición de la nacionalidad no es un derecho subjetivo, sino que es manifestación de soberanía del Estado. Así, señala esta Sala (entre otras, SAN de 4 de marzo de 2026, recurso 1327/25, Sección 3ª) < art. 21 del Código Civil , puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional>>.

La problemática que se plantea ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 2009, recurso 4293/06, que ante supuesto similar concluye que no cabe aplicación analógica de reducción de plazos:

< art. 22.1 CC . La analogía sirve para colmar lagunas de la ley, no para esquivar la aplicación de ésta buscando una regulación más benigna.

En segundo lugar, no existe identidad de razón entre las condiciones de refugiado y de apátrida. Incluso si puede haber cierta semejanza en el régimen jurídico a que están sometidos los refugiados y los apátridas residentes en España, lo cierto es que las causas de una y otra situación son muy distintas y, por ello mismo, también son diferentes las razones por las que el Estado permite a unos u otros la entrada y permanencia en el territorio nacional. Baste señalar a este respecto que es perfectamente posible carecer de nacionalidad sin ser por ello objeto de persecución; y paralelamente es claro que la persecución que da derecho a obtener la condición de refugiado no ha de obedecer necesariamente a la nacionalidad del perseguido, sino que puede ser también por motivos de raza, religión, sexo, opinión política, etc. No hay ninguna correlación necesaria, en suma, entre las condiciones de refugiado y apátrida.

No es ocioso añadir, en fin, que el deber jurídico-internacional que pesa sobre el Estado de facilitar la asimilación y naturalización de los apátridas no puede ser satisfecho mediante una interpretación forzada de la legislación vigente en materia de nacionalidad, sino que incumbe esencialmente al legislador. Es éste -no los órganos judiciales- quien debe diseñar la regulación de la nacionalidad, adaptándola si es necesario a las exigencias internacionales asumidas por España>>.

Tesis que ha sido seguida por esta Sala, entre otras, en SAN de 8 de mayo de 2019, recurso 16/18, Sección 5ª. Por ello entendemos que, al no acreditarse la residencia legal de diez años, debe desestimarse el recurso.

QUINTO.-En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.500 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-La resolución impugnada, de fecha 7 de diciembre de 2021, dictada por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por delegación del Ministro de Justicia, deniega la concesión de la nacionalidad española por residencia a la recurrente, por no cumplir el requisito legal de residencia, porque no lleva los 10 años de residencia legal en España exigidos por número 1 del artículo 22 del Código Civil.

SEGUNDO.-En la demanda de este recurso se combate la anterior resolución, alegando que la interesada es apátrida, por lo que debería aplicarse a la misma el plazo reducido de 5 años, tal y como sucede con las personas refugiadas y las personas beneficiarias de la protección subsidiaria. A estos efectos se cita el artículo 3 del Código Civil, en cuanto a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas; Las previsiones vigentes de la normativa internacional sobre apatridia; y las normas sobre extranjería.

La parte recurrente concluye que carece de sentido establecer un plazo de diez años a los apátridas cuando los beneficiarios de protección internacional tienen un plazo de cinco años y existe una clara similitud entre ambas situaciones. Señala la parte que debe incluirse a los saharauis entre los estados y los pueblos con lazos históricos con España para ostentar un plazo menor a efectos de obtención de la nacionalidad. Por el contrario, concluye la actora que dada su condición de apátrida (reconocida por España, siendo beneficiaria del estatuto de apátrida desde 2016) así como su origen saharaui, debe ser aplicado el plazo reducido de dos o cinco años, los cuales cumplía cuando solicitó la nacionalidad.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda, coincidentes con las expuestas en la resolución recurrida.

TERCERO.-Co mo viene diciendo de forma reiterada esta Sala, los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Hemos de llamar la atención sobre la exigencia legal ( art. 22.3 CC) de que la residencia debe ser "legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la expresión "residencia legal"procede aplicarla siempre y cuando la residencia se ajuste a las exigencias prevenidas por la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, vigente en cada momento ( STS, entre otras, de 25 de enero de 2005 y 14 de noviembre de 2008). Residencia legal es pues la que está amparada por un permiso de residencia legal. Por ello, no es suficiente la mera permanencia o estancia en España.

El cumplimiento de tal requisito objetivo exige, por tanto, la concurrencia de las tres circunstancias: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjería que vengan establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud. La exigencia de efectividad en la residencia legal significa que el solicitante, para que su residencia en España sea legal a efectos del precepto aplicable ( Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2004), debe estar amparada "con la correspondiente autorización administrativa", "durante más de diez años en España", o los que correspondan.

Esta Sala se ha pronunciado sobre el requisito de la continuidad en la residencia (St de 11/02/2016 Secc. 3ª, 07/022018 Secc. 5ª), al decir:

"Si bien es cierto (...) que el requisito de la continuidad en la residencia o presencia física no deja de considerarse existente por el hecho de que el interesado haya tenido que realizar, durante el periodo de tiempo contemplado, cortos y esporádicos viajes o salidas al extranjero, tal permisión, a falta de fijación ex lege de un límite a la duración y frecuencia de los mismos, no puede por menos de merecer una interpretación y aplicación restrictiva, que ha de ser ponderada bajo las perspectivas de la accidentalidad o no frecuencia en su realización, de la brevedad en su duración y de la justificación en sus motivos, pues mantener un criterio amplio y permisivo en esta materia, además de ser contrario a la ratio legis del precepto regulador de esta forma de adquisición de la nacionalidad, que, como prueba del ánimo del interesado de integrarse en la comunidad española, exige expresamente que su residencia sea continuada, lo que es sinónimo de no interrumpida, podría suponer la apertura de un peligroso y siempre recusable portillo al fraude de ley.

Así esta Sala viene entendiendo que la efectividad y continuidad de la residencia deriva de la fijación real de domicilio en España y la vinculación al territorio en cuanto al medio de vida, desarrollo de las relaciones personales, familiares, sociales, administrativas y demás que conforman el régimen de vida del interesado, que no se desvirtúan por el hecho de que, sin desvincularse de tal relación con el territorio, haya de permanecer en el extranjero por razones de trabajo o estudios o por otro motivo justificado".

CUARTO.-Pu es bien, en el presente caso, es claro y así se reconoce por la propia recurrente, no se cumple el requisito de diez años de residencia que sería legalmente exigible. Lo que se pide de la Sala es que realice una interpretación extensiva de los supuestos de excepción al plazo legal de los diez años.

Esta tesis no puede ser aceptada. El legislador establece un plazo general de residencia (diez años) y lo excepciona para determinados supuestos, pudiendo ser de cinco, dos o un año respectivamente en función del caso previsto por la norma. Como se deduce con facilidad del propio planteamiento que esbozamos, la excepción requiere una interpretación restrictiva, de tal forma que la excepción solo puede aplicarse a aquellos supuestos que estén expresamente previstos.

Desde otro punto de vista, la adquisición de la nacionalidad no es un derecho subjetivo, sino que es manifestación de soberanía del Estado. Así, señala esta Sala (entre otras, SAN de 4 de marzo de 2026, recurso 1327/25, Sección 3ª) < art. 21 del Código Civil , puede ser denegado por motivos de orden público o interés nacional>>.

La problemática que se plantea ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de diciembre de 2009, recurso 4293/06, que ante supuesto similar concluye que no cabe aplicación analógica de reducción de plazos:

< art. 22.1 CC . La analogía sirve para colmar lagunas de la ley, no para esquivar la aplicación de ésta buscando una regulación más benigna.

En segundo lugar, no existe identidad de razón entre las condiciones de refugiado y de apátrida. Incluso si puede haber cierta semejanza en el régimen jurídico a que están sometidos los refugiados y los apátridas residentes en España, lo cierto es que las causas de una y otra situación son muy distintas y, por ello mismo, también son diferentes las razones por las que el Estado permite a unos u otros la entrada y permanencia en el territorio nacional. Baste señalar a este respecto que es perfectamente posible carecer de nacionalidad sin ser por ello objeto de persecución; y paralelamente es claro que la persecución que da derecho a obtener la condición de refugiado no ha de obedecer necesariamente a la nacionalidad del perseguido, sino que puede ser también por motivos de raza, religión, sexo, opinión política, etc. No hay ninguna correlación necesaria, en suma, entre las condiciones de refugiado y apátrida.

No es ocioso añadir, en fin, que el deber jurídico-internacional que pesa sobre el Estado de facilitar la asimilación y naturalización de los apátridas no puede ser satisfecho mediante una interpretación forzada de la legislación vigente en materia de nacionalidad, sino que incumbe esencialmente al legislador. Es éste -no los órganos judiciales- quien debe diseñar la regulación de la nacionalidad, adaptándola si es necesario a las exigencias internacionales asumidas por España>>.

Tesis que ha sido seguida por esta Sala, entre otras, en SAN de 8 de mayo de 2019, recurso 16/18, Sección 5ª. Por ello entendemos que, al no acreditarse la residencia legal de diez años, debe desestimarse el recurso.

QUINTO.-En virtud de las previsiones del artículo 139 LRJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. Haciendo uso de la facultad que otorga al tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 1.500 euros por todos los conceptos, el importe de las costas.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,