Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 54/2020 de 14 de mayo del 2025

PRIMERO.-El recurso Contencioso-Administrativo se interpone contra la desestimación presunta por la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Sevilla de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas de la muerte por ahogamiento en la dársena del puerto de Sevilla del joven Juan Alberto, hijo de los demandantes.

El Ayuntamiento de Sevilla inadmitió la reclamación por acuerdo la Junta de Gobierno de 8 de abril del 2019, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 28 de junio del 2019.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- 25 de junio del 2019- había igualmente inadmitido la reclamación por no gestionar el embarcadero ni el parque DIRECCION000

Luego se amplió la demanda a la resolución de 22 de septiembre del 2021 dictada por la Junta de Andalucía que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial, y se pidió que se declarara a la Junta, a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y a Allianz responsables solidarios, junto a las demás administraciones demandadas.

SEGUNDO.-La concesión del embarcadero adyacente al parque DIRECCION000 era gestionada por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Luego el daño solo puede ser imputado a la administración autonómica y a su organismo autónomo.

Allianz Seguros y Reaseguros sí fue demandada con ocasión de la ampliación de la demanda efectuada a raíz de la acumulación de procedimientos acordada, por lo que no puede invocar falta de legitimación pasiva.

TERCERO.-El joven Juan Alberto, que contaba con quince años, se tiró al río desde un pantalán del embarcadero adyacente al parque DIRECCION000 a pesar de que no sabe nadar. Este hecho no es discutido por los demandantes. De allí que deba determinarse sí la muerte accidental es culpa exclusiva de la víctima.

El embarcadero al que accedió junto a un grupo de amigos tenía las puertas de acceso abiertas. En el exterior se había colocado un cartel bien visible que prohibía el acceso a personas no autorizadas para el uso de instalaciones. La finalidad del embarcadero era facilitar el acceso al río a los practicantes de deportes acuáticos, principalmente remeros en todas sus variantes.

El río en esa zona no fluía, sino que conformaba la dársena del puerto de Sevilla, al haberse desviado el cauce. El agua allí está prácticamente embalsada y no hay corrientes. Rige en todo el puerto una prohibición de baño, que es recordada en carteles situados en el parque DIRECCION000, pero no en el embarcadero. Esto no era necesario, porque en este lugar regían unas normas de uso que eran conocidas por los usuarios autorizados. El público en general tenía prohibido el acceso a las instalaciones.

Un embarcadero es una instalación que modifica la ribera de un río. El propósito principal es facilitar el acceso al agua de embarcaciones y a tal fin se allana el paso. Uno de los efectos de las instalaciones portuarias es que accediendo a ellas alejan al usuario de la orilla, de manera que la profundidad del agua aumenta. El acceso al río desde el embarcadero se produce en una zona de mayor profundidad.

El joven, al saltar al agua abrumado por el calor que le produjo el ejercicio físico, pudo no percatarse de este hecho y verse sorprendido al no hacer pie. Esta es la única explicación que puede encontrarse al hecho de que saltara al agua sin saber nadar y sin advertir a sus amigos para que le auxiliaran, o sin adoptar cualquier otra prevención como agarrarse de un elemento de la estructura de la instalación portuaria.

Según las declaraciones de los testigos, el joven permaneció un minuto aproximadamente en el agua, sobresaliendo solo la coronilla. Cuando uno de sus amigos se lanzó al auxilio, Juan Alberto se revolvió agitando su cuerpo y extremidades violentamente, lo que impidió al amigo asirle, hundiéndose finalmente Juan Alberto en el río.

Los acontecimientos descritos son típicos de un ahogamiento en el que la víctima, inicialmente, entra en shock al percatarse de que no puede manejar la situación, porque se apercibe de que no da pie, y luego entra en pánico. En esta tesitura el rescatador tiene que mantener la calma y saber como actuar, pues de lo contrario también está en peligro su propia vida. Si no tiene esta experiencia previa en salvamento, agravada esta carencia por el hecho de una complexión física similar entre víctima y rescatador, que impide que haya superioridad para controlar a quien se ahoga, es en extremo difícil el auxilio.

En tales casos, determinado material de salvamento- en concreto todo tipo de flotadores- puede dar una ventaja a quien acude al rescate, a la vez que puede contribuir a que la víctima se calme, al apercibirse de la presencia de un artilugio donde hacerse firme.

El embarcadero carecía de aros salvavidas. La cláusula décima del pliego de condiciones técnicas de la concesión administrativa exigía que el embarcadero dispusiera de aros salvavidas en disposición de ser utilizados inmediatamente. Esta cláusula fue citada en un informe técnico del expediente de la Junta de Andalucía, pero el incumplimiento de esta medida de seguridad fue minimizado.

En concreto la cláusula estaba redactada en estos términos:

"Por el titular de la concesión se deberán adoptar todas las medidas de seguridad que resulten procedentes mientras las rampas se encuentren en uso, debiendo disponer específicamente de aros salvavidas dispuestos para su uso inmediato y adoptando igualmente las medidas necesarias para mantener inaccesibles las rampas en los períodos u horarios en que no se ejerzan actividades en las mismas".

La administración autonómica defiende la irrelevancia del incumplimiento de la obligación de disponer de aros salvavidas, porque las instalaciones no tenían actividad en el momento del accidente y porque la entrada estaba vedada a personas no autorizadas.

Pero si las instalaciones no tenían actividad, la concesionaria estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para mantener inaccesible el embarcadero. Para esto no basta con colocar un letrero que prohíba el paso a personas no autorizadas, porque las instalaciones portuarias generan un riesgo adicional, al modificar la configuración de la ribera del río, del que determinadas personas pueden no ser conscientes, como los menores. Así que, si no se adoptaron medidas razonables para impedir el paso, cobra relevancia la ausencia de material de salvamento.

La ausencia de los aros de salvavidas privó a la víctima de una oportunidad eficaz de ser salvado, porque el hundimiento no fue inmediato y esto fue advertido por sus amigos, que acudieron en su auxilio, pero se vieron superados por la situación. Tales artilugios hubieran reforzado las posibilidades de rescate y ayudado al rescatador a controlar la situación y sacar a su amigo del agua.

El incumplimiento de las medidas de seguridad es imputable a la administración autonómica- que actuaba a través de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía- y determina que concurra con la víctima en la causa del daño. Desde luego que la culpa de la víctima, con suficiente capacidad de discernimiento, pese a ser menor de edad, es preponderante, pero no exclusiva. Se perdió una oportunidad de salvamento porque no se adoptaron medidas efectivas para impedir la entrada a personas no autorizadas durante los períodos de inactividad en las instalaciones y éstas no contaban con material de salvamento.

La concurrencia de culpas debe distribuirse en un 80% imputable a la víctima y un 20% imputable a la administración autonómica. De ahí que la indemnización la fijemos prudencialmente en 15.000 euros para cada progenitor, partiendo de los valores que se proponen en la demanda y que no han sido controvertidos.

La indemnización devengará intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.

CUARTO.-En atención a la estimación parcial de la demanda, no haremos especial imposición de costas a ninguna de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección primera, ha dictado el siguiente

Fallo