Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 70/2022 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.-El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la desestimación presunta de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios en la finca Malabrigo por lluvias ocurridas el 17 de marzo del 2019 y desbordamiento del arroyo el Salado.

Se ha dictado resolución expresa durante la tramitación de este proceso, desestimatoria de una de las reclamaciones, el 22 de diciembre del 2023, por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en contra del dictamen del Consejo de Estado.

SEGUNDO.-Sobre la competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se pronunció la SAN de 21 de julio del 2017, en relación a una reclamación por responsabilidad patrimonial por inundaciones ocurridas en la misma finca en el año 2010, considerando que dicho organismo no podía ser considerado responsable. En ese momento la competencia para la limpieza del cauce de los ríos de la cuenca había sido materialmente asumida por la Junta de Andalucía.

Pero las inundaciones de que aquí se trata ocurrieron en el 2019 cuando ya se había ejecutado la STC 30/2011 sobre declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Luego la Confederación había recuperado las competencias para la vigilancia y mantenimiento de los cauces de la cuenca del Guadalquivir.

TERCERO.-En un informe del Servicio de Actuaciones en Cauces obrante en el expediente administrativo se señala que "en el mes de marzo de 2018 se produjo una precipitación de 317,8 mm, muy superior a lo registrado en meses posteriores y anteriores. Este hecho pudo provocar la crecida del Arroyo Salado a su paso por el T.M. de Montilla. Se trata pues de una situación extraordinaria que puede ser considerada como causa de fuerza mayor."

Como señala el dictamen del Consejo de Estado debe atenderse al volumen de precipitaciones ocurrido en el día en el que se produce la inundación -49,20 mm- y no puede considerarse inusual ni fuerza mayor un volumen que es inferior a las precipitaciones tomadas en consideración por esta Audiencia Nacional en la SAN de 8 de octubre del 2010 (recurso nº 109/2009) y 21 de julio del 2017 (recurso nº 273/2012) para rechazar que las inundaciones producidas en 2007 y 2010 en la misma finca fueran debidas a fuerza mayor.

CUARTO.-En la resolución expresa denegatoria de la reclamación se dice que "la zona en cuestión está identificada como Área de Riesgo Potencialmente Significativa de Inundación (ARPSI), siendo una zona muy llana, con muy poca pendiente y gran arrastre de sedimentos, que reducen la sección hidráulica del cauce. Como zona ARPSI, es una zona prioritaria de actuación por parte de este Organismo de cuenca, quien ha realizado numerosas actuaciones con grandes inversiones, encontrándose en marcha otras medidas ya recogidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Efectivamente, en el año 2009, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizó una actuación en el Arroyo Salado, aguas arriba y aguas debajo de la zona afectada, de mejora de su capacidad hidráulica. Igualmente, durante los años posteriores, de 2013 a 2016, se han realizado diferentes actuaciones en la cuenca del Arroyo Salado. Y desde julio de 2019, hasta la fecha, se han invertido 1.400.872,41 euros a lo largo del Arroyo Salado, desde su desembocadura en el río Genil, hasta el término municipal de Montalbán, sobre un total de 13.285 ml del cauce. Con dichos trabajos se ha recuperado el cauce del Arroyo Salado, habiendo mejorado su capacidad hidráulica, mediante la ampliación de su cauce y la retirada de motas y la demolición de obras de paso, que obstaculizaban el normal discurrir de las aguas".

Sobre las características de la zona como inundable también se pronuncia el estudio de elevaciones y modelización hidráulica del flujo de arroyo salado en la zona de influencia del puente sobre el camino rural de Jarata, aportado por el Ayuntamiento de Montilla, que concluye diciendo que "El tramo del Camino Rural de Jarata que soporta el paso de las aguas del Arroyo Salado así como el puente construido en él por el Ayuntamiento de Montilla, se encuentran a una cota (elevación sobre el nivel del mar) inferior al punto de menor elevación de las parcelas de los reclamantes, siendo del todo imposible y contrario a la física que puedan constituir un obstáculo capaz de embalsar agua hasta una elevación que pueda afectar a dichas parcelas. En consecuencia, la afectación por la inundación de las parcelas de los reclamantes no guarda relación con el Camino Rural de Jarata ni con el puente construido sobre él a 1,3 km de la carretera CO-4207 (...) En la actualidad las parcelas de las reclamantes incluidas en la zona de estudio se ven afectadas por las aguas del Arroyo Salado ante cualquier evento ordinario de lluvia. Esta situación se ha acentuado en los últimos años por cambios topográficos del lecho fluvial, pudiendo ser estos cambios originados por la propia dinámica fluvial (...) Ante eventos pluviométricos de gran magnitud como los que corresponden a una probabilidad estadística de 500 años de período de retorno, las parcelas de la zona estudiada se ven ampliamente afectadas por la inundación, sin que esta circunstancia haya cambiado sensiblemente en los últimos 18 años. Las parcelas de la zona de estudio se encuentran en zona inundable, como así muestran las modelizaciones hidráulicas realizadas, cuyo perímetro coincide esencialmente con la cartografía publicada por la Administración hidráulica (Área de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) Llanos de Malabrigo MG004 - Arroyo Salado".

En contra de estas conclusiones se manifiesta el informe pericial de la demandante que señala "4º) la construcción del puente del camino del Jarata o de la Monclova se ha realizado de tal manera que acelera el depósito y acumulación de barros en el cauce. Por lo tanto, la infraestructura constituida por el camino del Jarata o de la Monclova y su puente sobre el Arroyo Salado está construida de manera que ejerce la función de una represa que retiene las aguas en los Llanos de Malabrigo, facilitando la acumulación de barros y la colmatación del cauce. 5º) Las deficiencias de construcción del puente del camino del Jarata o de la Monclova sobre el Arroyo Salado resultan en el incumplimiento de la normativa legal vigente en el momento de su construcción, en el año 2007, ni las prescripciones técnicas del organismo de cuenca derivadas de las anteriores. Es decir, si el puente del camino del Jarata o de la Monclova sobre el Arroyo Salado se hubiera construido cumpliendo la normativa legal vigente, así como las prescripciones técnicas del organismo de cuenca, derivadas de las anteriores, no ejercería de represa reteniendo las aguas en el cauce del Arroyo Salado y en los Llanos de Malabrigo, y el proceso de colmatación del cauce del Arroyo Salado no se vería agravado como sucede actualmente. Todo ello, unido al hecho de que el camino del Jarata o de la Monclova se encuentra elevado sobre el terreno circundante, sin que se haya realizado ninguna obra de fábrica para permitir el desagüe del agua de un lado al otro de camino, configuran un conjunto de elementos que constituyen una presa para las aguas que circulan por el cauce del Arroyo Salado, dificultando su circulación y provocando la aceleración de la colmatación 6º) El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación, perteneciente al Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir, establece claramente que el tramo fluvial de la zona de la finca "Malabrigo", situada en ambos márgenes del Arroyo Salado, está catalogada como muy alta peligrosidad de inundaciones, individualizada con el código ES050_APSFR_MG004-01. Por lo tanto, esto significa que la Administración debe realizar un especial esfuerzo en estas zonas de riesgo conocido de inundación, para establecer las medidas necesarias para la restauración fluvial, conducentes a la recuperación del comportamiento natural de la zona inundable, así como la mejora del drenaje de infraestructuras lineales y la adaptación de otras infraestructuras que supongan un grave obstáculo al flujo, según se contempla en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, Anexo. Parte A.I.h) Sin embargo, hasta la fecha la Administración no ha puesto en marcha ninguna medida, encontrándose el cauce del Arroyo Salado a su paso por la llanura de Malabrigo en estado de abandono".

Las conclusiones de este informe son las aceptadas por este tribunal en otros procesos relativos a inundaciones sobre la misma finca.

La Confederación autorizó el paso sobre el arroyo, por lo que es responsable de las consecuencias que se producen en este punto relativas a estrechamiento del cauce del arroyo y retención de pluviales ocasionados por el puente.

No se acreditan trabajos de limpieza en este punto. Se alegan actuaciones en otros puntos del cauce, pero no en lo que concierne al punto donde se encuentra la finca reiteradamente afectada por las inundaciones.

El Ayuntamiento de Montilla fue el promotor de la construcción del puente, por más que para su ejecución recibiera la colaboración de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.

En consecuencia, la responsabilidad por los daños debe ser imputada al 50% entre el Ayuntamiento de Montilla y la Confederación Hidrológica del Guadalquivir.

QUINTO.-El informe pericial aportado por la compañía aseguradora perita los daños en 77.780,53 euros, por no considerar justificado gastos reparación de depósito de gasóleo, reposición de muro de mampostería, que ya se encontraba previamente dañado, valor estimado de cosecha no afectada, depreciación por antigüedad de enseres y otros gastos no justificados.

Las objeciones a la valoración de daños contenida en el informe pericial aportado por la demandante nos parecen razonables y debió proponerse un informe pericial que resolviera la contradicción, carga de la prueba incumplida por el demandante, por lo que aceptamos la valoración de daños reconocida en el informe de la codemandada.

La franquicia de 3.000 euros solo será oponible a la compañía aseguradora, respondiendo las administraciones demandadas del importe total de los daños.

La indemnización fijada devengará intereses legales desde la reclamación en vía administrativa.

SEXTO.-No haremos especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección primera, ha dictado el siguiente

Fallo