Sentencia Contencioso-Administrativo 131/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 398/2022 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.-La resolución administrativa impugnada e identificada en el antecedente de hecho primero de la presente sentencia, resuelve en el sentido indicado al entender no concurrentes los presupuestos determinantes de la eventual aplicación de los Arts. 3 ni de la protección subsidiaria contemplada en los Arts.4 y concordantes de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El actor, nacido el NUM001/2001, con entrada en España el 13/11/2019 y solicitud de asilo el 25/1/2020 considera que ante las circunstancias de hecho que concurren en el caso justificarían la pretensión ejercitada, manifestando que en Venezuela participaba en las marchas contra el gobierno, viéndose amenazado en varias ocasiones por "los colectivos del tren de Aragua" (grupos armados irregulares) resultando que en concreto, el 26/6/2017, fue detenido en el curso de una de esas manifestaciones, donde fue vejado y hostigado las 8 horas que duró la misma. Continúa relatando que el 17/12/2018 se fue a Perú con su padre, llegando a trabajar en un taller y en la construcción, país en el que permaneció hasta que vino a España ante el fenómeno de xenofobia desatado en Perú frente a la comunidad venezolana.

La administración defiende lo razonado y concluido en la resolución administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Merece recordarse en la materia que nos ocupa, la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13/12/2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida cuyo objeto consiste en "el establecimiento de normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida". Igualmente ha de traerse a colación la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26/6/2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional de cuyo Art.10.2 resulta que "Al examinar las solicitudes de protección internacional, la autoridad decisoria determinará en primer lugar si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados y, de no ser así, determinará si son personas con derecho a protección subsidiaria"

Por su parte, ya en el ámbito nacional, dispone el Art.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.". Por su parte el Art.4 de tal norma dispone que "El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley". En fin dispone tal Art.10 que "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

TERCERO.-Debe dejarse expuesto, en primer lugar, que no estima la Sala que concurran los presupuestos determinantes de la concesión de asilo en el caso que nos atañe, en tanto, ceñida la versión del actor a la participación genérica en manifestaciones antigubernamentales con un episodio relatado de detención durante su minoría de edad, en el contexto de arrestos masivos de manifestantes. Tales extremos, en criterio de la Sala, no pueden identificarse con un fundado temor del actor a ser perseguido por sus opiniones políticas, pues la persona del recurrente no se individualiza con entidad propia frente a los integrantes de tales eventuales manifestaciones antigubernamentales, sin por tanto significarse en la organización, liderazgo o comunicaciones ligadas a las mismas y sin vinculación, por lo demás, con un grupo político o partido político con el que los hechos narrados pudieran relacionarse e individualizarse.

CUARTO.-Por lo demás, tampoco se estiman concurrentes los presupuestos determinantes para la pretendida protección subsidiaria peticionada en la demanda, en tanto no concurren los "motivos fundados para creer que si (el actor) regresase a su país de origen" se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate (..) ", bastando recordar como dispone tal Art.10 que "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", lo cual, con evidencia no es trasladable al caso pese a la afirmación que realiza la demanda referida a que "Es indudable y así está reconocido, que existe persecución personal cuando existen torturas físicas, cárceles, y otros medios violentos, que igualmente hacen imposible la permanencia en un territorio de una manera pacífica, es decir de una convivencia estable y regular" pues tal exégesis generaliza sobremanera y desatiende a la individualización necesaria del supuesto, debiendo recordarse que el clima general de inseguridad de un país debe ser ponderado con las restantes circunstancias objetivas y subjetivas del caso, que aquí, insistimos, no se entienden suficientes para constituir los motivos fundados para creer que el actor se enfrentaría, caso de regresar a su país de origen, a los riesgos que han quedado arriba relacionados.

QUINTO.-De conformidad con el art. 139.1 LJCA se imponen las costas a la recurrente, si bien limitadas a la cifra máxima de 1500 €.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de aplicación al caso.

PRIMERO.-La resolución administrativa impugnada e identificada en el antecedente de hecho primero de la presente sentencia, resuelve en el sentido indicado al entender no concurrentes los presupuestos determinantes de la eventual aplicación de los Arts. 3 ni de la protección subsidiaria contemplada en los Arts.4 y concordantes de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El actor, nacido el NUM001/2001, con entrada en España el 13/11/2019 y solicitud de asilo el 25/1/2020 considera que ante las circunstancias de hecho que concurren en el caso justificarían la pretensión ejercitada, manifestando que en Venezuela participaba en las marchas contra el gobierno, viéndose amenazado en varias ocasiones por "los colectivos del tren de Aragua" (grupos armados irregulares) resultando que en concreto, el 26/6/2017, fue detenido en el curso de una de esas manifestaciones, donde fue vejado y hostigado las 8 horas que duró la misma. Continúa relatando que el 17/12/2018 se fue a Perú con su padre, llegando a trabajar en un taller y en la construcción, país en el que permaneció hasta que vino a España ante el fenómeno de xenofobia desatado en Perú frente a la comunidad venezolana.

La administración defiende lo razonado y concluido en la resolución administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Merece recordarse en la materia que nos ocupa, la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13/12/2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida cuyo objeto consiste en "el establecimiento de normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida". Igualmente ha de traerse a colación la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26/6/2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional de cuyo Art.10.2 resulta que "Al examinar las solicitudes de protección internacional, la autoridad decisoria determinará en primer lugar si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados y, de no ser así, determinará si son personas con derecho a protección subsidiaria"

Por su parte, ya en el ámbito nacional, dispone el Art.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.". Por su parte el Art.4 de tal norma dispone que "El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley". En fin dispone tal Art.10 que "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

TERCERO.-Debe dejarse expuesto, en primer lugar, que no estima la Sala que concurran los presupuestos determinantes de la concesión de asilo en el caso que nos atañe, en tanto, ceñida la versión del actor a la participación genérica en manifestaciones antigubernamentales con un episodio relatado de detención durante su minoría de edad, en el contexto de arrestos masivos de manifestantes. Tales extremos, en criterio de la Sala, no pueden identificarse con un fundado temor del actor a ser perseguido por sus opiniones políticas, pues la persona del recurrente no se individualiza con entidad propia frente a los integrantes de tales eventuales manifestaciones antigubernamentales, sin por tanto significarse en la organización, liderazgo o comunicaciones ligadas a las mismas y sin vinculación, por lo demás, con un grupo político o partido político con el que los hechos narrados pudieran relacionarse e individualizarse.

CUARTO.-Por lo demás, tampoco se estiman concurrentes los presupuestos determinantes para la pretendida protección subsidiaria peticionada en la demanda, en tanto no concurren los "motivos fundados para creer que si (el actor) regresase a su país de origen" se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate (..) ", bastando recordar como dispone tal Art.10 que "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", lo cual, con evidencia no es trasladable al caso pese a la afirmación que realiza la demanda referida a que "Es indudable y así está reconocido, que existe persecución personal cuando existen torturas físicas, cárceles, y otros medios violentos, que igualmente hacen imposible la permanencia en un territorio de una manera pacífica, es decir de una convivencia estable y regular" pues tal exégesis generaliza sobremanera y desatiende a la individualización necesaria del supuesto, debiendo recordarse que el clima general de inseguridad de un país debe ser ponderado con las restantes circunstancias objetivas y subjetivas del caso, que aquí, insistimos, no se entienden suficientes para constituir los motivos fundados para creer que el actor se enfrentaría, caso de regresar a su país de origen, a los riesgos que han quedado arriba relacionados.

QUINTO.-De conformidad con el art. 139.1 LJCA se imponen las costas a la recurrente, si bien limitadas a la cifra máxima de 1500 €.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de aplicación al caso.

PRIMERO.-La resolución administrativa impugnada e identificada en el antecedente de hecho primero de la presente sentencia, resuelve en el sentido indicado al entender no concurrentes los presupuestos determinantes de la eventual aplicación de los Arts. 3 ni de la protección subsidiaria contemplada en los Arts.4 y concordantes de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

El actor, nacido el NUM001/2001, con entrada en España el 13/11/2019 y solicitud de asilo el 25/1/2020 considera que ante las circunstancias de hecho que concurren en el caso justificarían la pretensión ejercitada, manifestando que en Venezuela participaba en las marchas contra el gobierno, viéndose amenazado en varias ocasiones por "los colectivos del tren de Aragua" (grupos armados irregulares) resultando que en concreto, el 26/6/2017, fue detenido en el curso de una de esas manifestaciones, donde fue vejado y hostigado las 8 horas que duró la misma. Continúa relatando que el 17/12/2018 se fue a Perú con su padre, llegando a trabajar en un taller y en la construcción, país en el que permaneció hasta que vino a España ante el fenómeno de xenofobia desatado en Perú frente a la comunidad venezolana.

La administración defiende lo razonado y concluido en la resolución administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Merece recordarse en la materia que nos ocupa, la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13/12/2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida cuyo objeto consiste en "el establecimiento de normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida". Igualmente ha de traerse a colación la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26/6/2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional de cuyo Art.10.2 resulta que "Al examinar las solicitudes de protección internacional, la autoridad decisoria determinará en primer lugar si los solicitantes reúnen los requisitos para ser refugiados y, de no ser así, determinará si son personas con derecho a protección subsidiaria"

Por su parte, ya en el ámbito nacional, dispone el Art.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o de identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.". Por su parte el Art.4 de tal norma dispone que "El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley". En fin dispone tal Art.10 que "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

TERCERO.-Debe dejarse expuesto, en primer lugar, que no estima la Sala que concurran los presupuestos determinantes de la concesión de asilo en el caso que nos atañe, en tanto, ceñida la versión del actor a la participación genérica en manifestaciones antigubernamentales con un episodio relatado de detención durante su minoría de edad, en el contexto de arrestos masivos de manifestantes. Tales extremos, en criterio de la Sala, no pueden identificarse con un fundado temor del actor a ser perseguido por sus opiniones políticas, pues la persona del recurrente no se individualiza con entidad propia frente a los integrantes de tales eventuales manifestaciones antigubernamentales, sin por tanto significarse en la organización, liderazgo o comunicaciones ligadas a las mismas y sin vinculación, por lo demás, con un grupo político o partido político con el que los hechos narrados pudieran relacionarse e individualizarse.

CUARTO.-Por lo demás, tampoco se estiman concurrentes los presupuestos determinantes para la pretendida protección subsidiaria peticionada en la demanda, en tanto no concurren los "motivos fundados para creer que si (el actor) regresase a su país de origen" se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate (..) ", bastando recordar como dispone tal Art.10 que "Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", lo cual, con evidencia no es trasladable al caso pese a la afirmación que realiza la demanda referida a que "Es indudable y así está reconocido, que existe persecución personal cuando existen torturas físicas, cárceles, y otros medios violentos, que igualmente hacen imposible la permanencia en un territorio de una manera pacífica, es decir de una convivencia estable y regular" pues tal exégesis generaliza sobremanera y desatiende a la individualización necesaria del supuesto, debiendo recordarse que el clima general de inseguridad de un país debe ser ponderado con las restantes circunstancias objetivas y subjetivas del caso, que aquí, insistimos, no se entienden suficientes para constituir los motivos fundados para creer que el actor se enfrentaría, caso de regresar a su país de origen, a los riesgos que han quedado arriba relacionados.

QUINTO.-De conformidad con el art. 139.1 LJCA se imponen las costas a la recurrente, si bien limitadas a la cifra máxima de 1500 €.

VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de aplicación al caso.