Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 2241/2021 de 29 de octubre del 2024

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se impuso la comunidad recurrente una multa de 77.308 euros como responsable de una infracción grave del art. 116.3. a), c) y g) del Texto Refundido de Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 1/2001, de 20 de julio y la obligación de indemnizar los daños producidos al dominio público hidráulico, cuantificados en 20.192,33 euros.

SEGUNDO.-La demandante solicita que anule la resolución de 24 de septiembre de 2021 atendiendo a la inexistencia de infracción alguna, al encontrarse autorizada la derivación de aguas sancionada por resolución de 25 de mayo de 2015 prorrogada expresamente por la Administración; por imputarse la responsabilidad de la Comunidad de Regantes cuando ha obrado de buena fe amparada en la misma actuación de la Administración que le reconoce expresamente el derecho a derivar aguas para el riego del olivar, cuyo volumen no se ha sobrepasado; así como por existir errores en la tipificación de la infracción y en la cuantificación de la multa impuesta.

En defensa de su pretensión alega que desde 2011 tiene inscrito un aprovechamiento de riego tradicional de la Vega de Deifontes, con una superficie de 89,25 has, un caudal máximo de 78,54 litros/segundo y un volumen anual de 785.400 m3. En 1995 solicitó de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la modificación de la superficie regable de la comunidad para ampliarla en 1.674,75 Ha de olivar regado por goteo, para lo que se solicitaba un caudal de 121 litros/segundo; su solicitud fue informada favorablemente en 1996; el 20 de septiembre de 2001 la Comisaría de Aguas propuso el otorgamiento de la concesión de 121 litros/segundo; el 8 de mayo de 2015 la Comunidad solicitó autorización temporal para obtener esos caudales complementarios, tal y como había indicado la CH Guadalquivir en una resolución de 29 de septiembre de 2014, siéndole otorgada la autorización el 25 de mayo de 2015, por un volumen total de 2.512.125 m3 anuales. En 2016 la oficina de Planificación Hidrológica se volvió a mostrar favorable al otorgamiento de una concesión por un volumen máximo anual de 1.898.748 m3 y, desde esa fecha la CH les ha venido notificando las liquidaciones del canon de regulación directa del embalse de Colomera de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, por el riego de 1.674,74 Ha de olivar, además de dirigirles oficio recordándoles que deben respetar el caudal máximo autorizado de 120 litros/segundo y el volumen máximo anual al que tienen derecho de 1.898.748 m3; las posteriores solicitudes de autorización temporal fueron acumuladas al expediente de concesión, por considerar la Administración que la autorización de 2015 se encontraba prorrogada. De este modo, durante veintitrés años ha venido regando con los 120 litros/segundo, autorizados por la CH, con pleno conocimiento de este organismo y sin exceder el volumen máximo anual. A pesar de ello se le notifica el acuerdo de 7 de octubre de 2020 de incoación del expediente sancionador por derivar más caudales de los autorizados y se les impone una sanción y una obligación de indemnizar, pese a que la Comunidad de Regantes siempre ha obrado en la fundada creencia de que la derivación de riego para las 1671 Ha de olivar se efectuaba con la autorización expresa del organismo de cuenca o, al menos, con su pleno conocimiento y anuencia.

Fundamenta sus alegaciones en la inexistencia de infracción de la Ley de Aguas ya que el exceso de derivación mencionado en la resolución está amparado en la autorización temporal de 2015, cuyos efectos han sido prorrogados de manera expresa por la Administración; considera que la resolución infringe el principio de responsabilidad recogido en el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre ya que no existe dolo ni culpa en la actuación de la Comunidad; por último, considera infringido el principio de confianza legítima que la Comunidad de Regantes tenía en relación con la actuación que se espera de una Administración que le ha recordado por escrito que no debe de sobrepasar el caudal de 1.898.794 m3 y que le ha notificado el Canon y Tarifa de Riegos correspondiente a ese consumo, para que proceda a su abono. Por otra parte, considera que se ha vulnerado su derecho de defensa en el procedimiento administrativo, causándole indefensión, al denegarle la práctica de las pruebas propuestas, pese a su relación directa con los hechos objeto de sanción. Finalmente, estima errónea la calificación de la infracción como grave y la consideración de daños al dominio público por importe superior a 15.000 euros y la fijación del importe de la sanción en 67.308 euros.

TERCERO.-La representación de la Administración demandada, por su parte, opone que la resolución recurrida es conforme a derecho, ya que, en cuanto a la infracción, el propio servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que formuló las denuncias, se ratificó en las mismas en informe de 12 de marzo de 2021, en el que queda patente que el título que ampara la concesión de la recurrente es el AN 2278 y en el mismo se otorga un volumen concesional de 785.400 m3 para riego de 89,2501 has y un caudal de 78,54 l/seg, siendo todo lo demás expedientes en tramitación, autorizaciones provisionales (para un año) y oficios desde la Dirección Técnica. La calificación de infracción como grave se ha realizado de conformidad con el art. 317 RDPH, en relación con lo establecido en el art. 117 TRLA, al superar los daños y perjuicios producidos al DPH los 15.000,01 euros, quedando fijados en 20.192,33 euros y para el cálculo de la sanción se ha respetado igualmente el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que el art. 117 TRLA, para las infracciones graves establece un tramo de 50.000,01 a 500.000,00 euros, por lo que la sanción calculada en 67.308 euros se considera perfectamente proporcional a la gravedad de los hechos imputados. Por todo lo anterior solicita la desestimación del recurso.

CUARTO.-La resolución impugnada recoge los hechos del acuerdo de incoación del expediente de 6 de octubre de 2020 a partir de denuncias del Servicio de control y vigilancia del dominio público de 7 y 28 de septiembre anterior, que son calificados como una infracción grave del art.116.3. a), c) y g) del texto refundido de la Ley de Aguas; tales hechos consisten en "Haber procedido al incumplimiento de la Resolución de inscripción del derecho adquirido por acta de notoriedad al exceder el volumen máximo autorizado en 196.042 m3, en el sitio denominado parque El Nacimiento del T.M. de Deifontes (Granada)". En la demanda se exponen con mayor detalle los hechos, que se han recogido resumidamente más arriba.

La comunidad demandante alega que no existe infracción pues el exceso imputado está amparado en la autorización temporal de 2015, cuyos efectos han sido prorrogados de manera expresa por la Administración, por lo que no ha actuado de forma dolosa o negligente pues el caudal utilizado no supera el autorizado.

De la prueba practicada en el presente recurso, consistente en el informe emitido por distintas áreas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, resulta que la derivación de agua total realizada por la demandante fue de 1.743.258 m3; que el 28 de diciembre de 2020 el Presidente del organismo aprobó el canon de regulación del embalse de Colomera de 2021, en la que se menciona como beneficiaria directa y sujeta al canon de regulación del embalse mencionado a la demandante, por un importe de 33,23 euros por hectárea, aplicable a 1674,75 Ha; en cuanto al título o autorización que ampara el que se incluya el riego de las 1.674 Ha de olivar señala que la Dirección técnica de la CHGq, en informe de 25 de noviembre de 2022, tiene en consideración esa superficie en base al informe favorable de la Oficina de Planificación Hidrológica sobre la compatibilidad de la modificación por características de referencia M-775/1995 de 12 de enero de 2016, conforme al cual se permite el riego de 1674 Ha de olivar con dotación limitada (un máximo anual de 1.898.748 hm3 [sic, debería decir m3] del manantial de Deifontes, que exige compensaciones con aguas reguladas del embalse de Colomera y deberá considerarse beneficiaria de estas obras de regulación, condiciones que fueron aceptadas por escrito del Presidente de la comunidad de regantes de 6 de mayo de 2016; en cuanto a si se había excedido esa dotación en septiembre de 2020, la Dirección técnica de la Confederación informa, con detalle del consumo mensual que el total del año 2020 fue de 1.743.258 m3 y, por tanto no había sobrepasado el máximo anual aunque, precisa, entre junio y julio de 2020 se tuvo constancia de una avería en el caudalímetro, por lo que parte de los datos son estimados.

En vista de lo anterior hay que concluir que la infracción sancionada no ha quedado acreditada; la demandante, tras un prolongado discurrir administrativo ante la Confederación, obtuvo una primera autorización para el riego de 89,25 ha; en 1995 solicitó la modificación de la superficie regable para ampliarla al riego por goteo de 1.674,75 Ha de olivar, que fue informada favorablemente por el organismo de cuenca, aunque no se ha llegado a dictar resolución; en 2015 obtuvo una autorización provisional para ese riego, durante esa anualidad, que le fue concedido, y lo mismo hizo en los años sucesivos en que sus instancias fueron acumuladas al expediente de concesión en trámite, cuya resolución aún no consta. Por otra parte, consta por la documentación aportada con la demanda el pago del canon anual de esos años, calculado para la superficie ampliada, así como que en 2020 no se excedió el consumo expresado para esa superficie, que se mantuvo en 2021.

En conclusión, la demandante actuó correctamente al solicitar la ampliación del riego, que le fue concedido y por el que pagó el canon correspondiente, los informes técnicos son favorables a la ampliación y no excedió el máximo autorizado, por lo que no cabe apreciar culpabilidad alguna en su actuación, como exige el artículo 28.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre ni, por tanto, la existencia de la infracción sancionada.

QUINTO.-Po r todas las razones anteriores procede la estimación del recurso y, en aplicación del art. 139.1. de la Ley de esta Jurisdicción, imponer las costas a la Administración demandada.