Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 2014/2021 de 05 de febrero del 2025

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la entidad European Telemedicine Clinic S.L. contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación formulada el día 12 de agosto de 2020 ante el Tribunal Económico-Administrativo Central contra acuerdo de liquidación provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido de fecha 17 de junio de 2020, correspondiente al ejercicio 2019.

SEGUNDO.-Para la adecuada resolución del presente recurso han de tenerse en cuenta los siguientes datos que resultan del expediente administrativo así como de las actuaciones seguidas ante esta Sala:

- Con fecha 12 de agosto de 2020 la recurrente presentó ante el Tribunal Económico-Administrativo Central reclamación económico-administrativa contra el acuerdo de liquidación provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2019.

- Por acuerdo de 14 de mayo de 2021 el Tribunal Económico-Administrativo Central dictó resolución acordando declinar la competencia para conocer de dicha reclamación económico-administrativa, con remisión del expediente al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que estima competente al considerar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, la cuantía de la reclamación es inferior a 150.000 euros.

- Mediante escrito fechado el 7 de junio de 2020 la entidad aquí recurrente presentó ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, tras la notificación de la anterior resolución de 14 de mayo de 2021, escrito de alegaciones relativo a cuestión de competencia, solicitando que dicho órgano "se declare incompetente, puesto que la competencia corresponde al TEA Central".

- Con fecha 19 de julio de 2021 el Abogado del Estado-Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña dictó acuerdo declarando competente a dicho Tribunal para la resolución de la reclamación económico administrativa, con notificación del acuerdo a la reclamante.

TERCERO.-En el escrito de demanda -en el que no se efectúa consideración alguna sobre los acuerdos anteriormente reseñados, y que obran en el expediente administrativo remitido a la Sala- se aduce sustancialmente que la empresa ha considerado que su actividad estaba sujeta a IVA y no exenta, apoyándose para ello en numerosas consultas de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, y que idénticas reclamaciones referidas a ejercicios anteriores fueron impugnadas ante esta Sala que, por sentencias de 2 de marzo y 19 de octubre de 2020 y 6 de octubre de 2021, han reconocido el derecho de la demandante a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado, sentencias las dos primeras que han devenido firmes.

Por su parte, la Administración demandada aduce que, a la vista del expediente administrativo, resulta que la reclamación económico-administrativa presentada el 12 de agosto de 2020 sí tuvo respuesta por parte del Tribunal Económico-Administrativo Central que, en concreto, resolvió mediante acuerdo de 14 de mayo de 2021 "Declinar la competencia para conocer de la presente reclamación que será remitida al órgano señalado en el último fundamento de Derecho."

Destaca las alegaciones que la actora formuló ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña en escrito fechado el 7 de junio de 2021, mostrando su disconformidad con el referido criterio competencial, así como el acuerdo de 25 de junio del mismo año en el que el Secretario de dicho Tribunal da traslado al registro del órgano para iniciar la reclamación.

Prosigue, en síntesis, que ello tiene importantes consecuencias pues se observa que la parte actora recurre un acto inexistente, tal como es la "desestimación presunta"por parte del Tribunal Económico-Administrativo Central de su reclamación, siendo claro -dice- que, por un lado, lo único que podría recurrirse es una actuación por parte del TEAR de Cataluña, para cuyo conocimiento no resulta competente esta Sala, y, por otro lado, que no ha transcurrido el año previsto para la tramitación de la reclamación.

Tras lo cual, y conforme a lo así expuesto, plantea en primer lugar la falta de competencia de esta Sala para el conocimiento del presente procedimiento en la medida en que, no existiendo una desestimación presunta por parte del Tribunal Económico- Administrativo Central, como se aduce de adverso, nos encontraríamos en todo caso ante una desestimación presunta por parte del TEAR de Cataluña, con la consiguiente falta de competencia objetiva que se aduce de conformidad con los artículos 10.1 d) y 14.1 Primera de la LJCA.

Añade que, a mayor abundamiento de lo expuesto, el recurso ha de ser inadmitido por ausencia de actividad administrativa impugnable ex artículo 69 c) de la Ley de la Jurisdicción, tras lo cual se opone, con carácter subsidiario, a las pretensiones de la parte recurrente por las razones que al efecto expone.

CUARTO.-Por evidentes razones de lógica jurídico-procesal ha de comenzar analizándose la alegación del representante de la Administración de falta de competencia de esta Sala para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo, al entender que corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de conformidad con los artículos 10.1 d) y 14.1 Primera de la LJCA.

Sin embargo, en la medida en que el recurso jurisdiccional se dirige contra la desestimación presunta por parte del Tribunal Económico-Administrativo Central de la reclamación formulada ante el mismo contra el acuerdo de liquidación provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio 2019, la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala de conformidad con las previsiones del artículo 11.1.d) de la vigente Ley Jurisdiccional, siendo cuestión distinta la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo, como posteriormente se analizará.

En cualquier caso, han de efectuarse dos puntualizaciones en relación con las alegaciones formuladas por la entidad recurrente y el Ministerio Fiscal en el traslado conferido a efectos de tal competencia.

Así, el Ministerio Fiscal aduce que consta en el expediente administrativo la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 14 de mayo de 2021 resolviendo la reclamación económico-administrativa y acordando declinar la competencia, por lo que considera que lo que se está impugnando es dicha resolución expresa.

Argumentación que no resulta admisible en la medida en que tal resolución de 14 de mayo de 2021 es anterior en el tiempo al escrito de interposición del presente recurso jurisdiccional, que se presentó el día 1 de septiembre de 2021; escrito que, por lo tanto, pese a haberse dictado ya la referida resolución, se dirigió expresamente contra la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa formulada el 8 de agosto de 2020.

Por otra parte, en el escrito presentado por la parte recurrente se sostiene la competencia de esta Sala para conocer del recurso, señalando que, en relación al ejercicio 2019, el Tribunal Económico-Administrativo Central ha tratado de desviar la competencia hacia la vía alternativa del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; intento de desvío de competencia que -dice- la empresa ha rebatido en todo momento, careciendo de motivación suficiente y resultando contrario a todos los procesos anteriores, argumentando seguidamente dicha parte recurrente sobre la cuantía de la reclamación a tales efectos.

Alegaciones que tampoco resultan admisibles desde el momento que en el presente procedimiento no se impugna por la actora resolución alguna declinando el Tribunal Económico-Administrativo Central la competencia por razón de la cuantía de la reclamación, sino la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa anteriormente referida, por lo que los alegatos relativos a la cuantía de la misma y la correlativa falta de competencia apreciada resultan ajenas al ámbito del presente proceso.

Por consiguiente, sentado lo anterior, se ha de concluir que, de acuerdo con los propios términos del escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, la competencia corresponde a esta Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

QUINTO.-Ahora bien, como ya se ha adelantado, cuestión distinta es la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo, solicitando a este respecto la Administración demandada su inadmisión "por ausencia de actividad administrativa impugnable".

Y es que, efectivamente, en línea con lo antes expuesto, cuando el presente recurso jurisdiccional se interpone no existe actividad administrativa impugnable en los términos del artículo 25 de la Ley Jurisdiccional, pues ya se había dictado la resolución de 14 de mayo de 2021 por la que el Tribunal Económico-Administrativo Central declina la competencia para conocer de la reclamación.

Es más, a fecha 1 de septiembre de 2021 el Abogado del Estado-Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña ya había dictado acuerdo declarando competente a dicho Tribunal para la resolución de la reclamación económico administrativa formulada por la entidad recurrente, por lo que, cuando se interpone el presente recurso, no existe la desestimación presunta contra la que se dirige el mismo o, como señala la Abogacía del Estado, se recurre un acto inexistente, lo que ha de determinar, sin necesidad ya de ninguna consideración sobre el curso o devenir de tal reclamación ante Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, la declaración de inadmisibilidad del presente recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

SEXTO.-En aplicación del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandante.

Por todo lo expuesto,