Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1648/2022 de 19 de febrero del 2026

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución presunta del Ministro de Justicia, que desestima solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia.

En el expediente consta resolución de 23 de agosto de 2021, de archivo por desistimiento del procedimiento para la concesión de la nacionalidad española instado por la demandante.

La demanda se amplió a la resolución de archivo.

SEGUNDO.- La demandante, de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española en procedimiento que fue archivado por la resolución que impugna. En contra de la que alega que cumplía todos los requisitos para obtener la nacionalidad española, y que consta que aportó el certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por lo que solicita el dictado de sentencia que conceda la nacionalidad española solicitada o, subsidiariamente, acuerde ordenar a la Administración tramitar el expediente, valorar el certificado de antecedentes penales, y conceder la nacionalidad española.

La Administración demandada se ha opuesto al recurso, por resultar acreditado que no se cumplió el requerimiento efectuado, por lo que la solicitante debía entenderse desistida de su pretensión.

Solicita que se dicte sentencia que desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- La resolución dictada motiva el archivo de la solicitud en que, para resolverla adecuadamente, la solicitante fue requerida para la aportación de documentos, concediéndole para ello un plazo de tres meses, con expresa advertencia de que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistida en su petición. A continuación indica que habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida... procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el art.68.1 de la Ley 39/2015 ,... y el art.10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

El requerimiento consistió en el certificado de antecedente penales del país de origen en vigor, indicando que el certificado que presentó estaba caducado.

No consta en el expediente que la demandante haya aportado el certificado requerido, procediéndose a archivar el procedimiento según se advirtió. La demanda se basa en que aportó el certificado, cumpliendo el requerimiento en plazo, por lo que concurrirían los requisitos para obtener la nacionalidad.

En los términos que se plantea el recurso debe ser desestimado. El motivo del archivo no es tener antecedentes penales, sino no haber cumplido con un requerimiento legalmente previsto:

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21...

La demandante no se opuso al requerimiento ni lo cumplimentó. Con el escrito de interposición, la demanda y, posteriormente, con el recurso de reposición contra el auto de prueba, la demanda ha aportado diversos documentos con los que pretende acreditar haber cumplido el requerimiento. Sin embargo, no consta el certificado de antecedentes penales ni en el expediente administrativo, ni tampoco entre la documental aportada en el recurso contencioso-administrativo, en la que únicamente consta un correo electrónico remitido a la Administración a través del Colegio de Abogados en el que se dice cumplir con el requerimiento, y posteriores solicitudes de continuar con el procedimiento archivado alegando haber cumplido con lo que había sido requerido.

El incumplimiento del requerimiento determina la adecuación a derecho del archivo acordado. Por otra parte, la ausencia del certificado impide analizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad.

Por lo que la resolución de archivo se ajusta a derecho, a la legalidad que cita, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso contencioso-administrativo ( art.70.1 LJCA).

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, han de imponerse las costas a la parte que ve rechazadas sus pretensiones, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 1.000 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.

Por todo lo expuesto

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución presunta del Ministro de Justicia, que desestima solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia.

En el expediente consta resolución de 23 de agosto de 2021, de archivo por desistimiento del procedimiento para la concesión de la nacionalidad española instado por la demandante.

La demanda se amplió a la resolución de archivo.

SEGUNDO.- La demandante, de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española en procedimiento que fue archivado por la resolución que impugna. En contra de la que alega que cumplía todos los requisitos para obtener la nacionalidad española, y que consta que aportó el certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por lo que solicita el dictado de sentencia que conceda la nacionalidad española solicitada o, subsidiariamente, acuerde ordenar a la Administración tramitar el expediente, valorar el certificado de antecedentes penales, y conceder la nacionalidad española.

La Administración demandada se ha opuesto al recurso, por resultar acreditado que no se cumplió el requerimiento efectuado, por lo que la solicitante debía entenderse desistida de su pretensión.

Solicita que se dicte sentencia que desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- La resolución dictada motiva el archivo de la solicitud en que, para resolverla adecuadamente, la solicitante fue requerida para la aportación de documentos, concediéndole para ello un plazo de tres meses, con expresa advertencia de que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistida en su petición. A continuación indica que habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida... procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el art.68.1 de la Ley 39/2015 ,... y el art.10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

El requerimiento consistió en el certificado de antecedente penales del país de origen en vigor, indicando que el certificado que presentó estaba caducado.

No consta en el expediente que la demandante haya aportado el certificado requerido, procediéndose a archivar el procedimiento según se advirtió. La demanda se basa en que aportó el certificado, cumpliendo el requerimiento en plazo, por lo que concurrirían los requisitos para obtener la nacionalidad.

En los términos que se plantea el recurso debe ser desestimado. El motivo del archivo no es tener antecedentes penales, sino no haber cumplido con un requerimiento legalmente previsto:

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21...

La demandante no se opuso al requerimiento ni lo cumplimentó. Con el escrito de interposición, la demanda y, posteriormente, con el recurso de reposición contra el auto de prueba, la demanda ha aportado diversos documentos con los que pretende acreditar haber cumplido el requerimiento. Sin embargo, no consta el certificado de antecedentes penales ni en el expediente administrativo, ni tampoco entre la documental aportada en el recurso contencioso-administrativo, en la que únicamente consta un correo electrónico remitido a la Administración a través del Colegio de Abogados en el que se dice cumplir con el requerimiento, y posteriores solicitudes de continuar con el procedimiento archivado alegando haber cumplido con lo que había sido requerido.

El incumplimiento del requerimiento determina la adecuación a derecho del archivo acordado. Por otra parte, la ausencia del certificado impide analizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad.

Por lo que la resolución de archivo se ajusta a derecho, a la legalidad que cita, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso contencioso-administrativo ( art.70.1 LJCA).

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, han de imponerse las costas a la parte que ve rechazadas sus pretensiones, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 1.000 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.

Por todo lo expuesto

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución presunta del Ministro de Justicia, que desestima solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia.

En el expediente consta resolución de 23 de agosto de 2021, de archivo por desistimiento del procedimiento para la concesión de la nacionalidad española instado por la demandante.

La demanda se amplió a la resolución de archivo.

SEGUNDO.- La demandante, de nacionalidad cubana, solicitó la nacionalidad española en procedimiento que fue archivado por la resolución que impugna. En contra de la que alega que cumplía todos los requisitos para obtener la nacionalidad española, y que consta que aportó el certificado de antecedentes penales de su país de origen.

Por lo que solicita el dictado de sentencia que conceda la nacionalidad española solicitada o, subsidiariamente, acuerde ordenar a la Administración tramitar el expediente, valorar el certificado de antecedentes penales, y conceder la nacionalidad española.

La Administración demandada se ha opuesto al recurso, por resultar acreditado que no se cumplió el requerimiento efectuado, por lo que la solicitante debía entenderse desistida de su pretensión.

Solicita que se dicte sentencia que desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- La resolución dictada motiva el archivo de la solicitud en que, para resolverla adecuadamente, la solicitante fue requerida para la aportación de documentos, concediéndole para ello un plazo de tres meses, con expresa advertencia de que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistida en su petición. A continuación indica que habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida... procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el art.68.1 de la Ley 39/2015 ,... y el art.10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

El requerimiento consistió en el certificado de antecedente penales del país de origen en vigor, indicando que el certificado que presentó estaba caducado.

No consta en el expediente que la demandante haya aportado el certificado requerido, procediéndose a archivar el procedimiento según se advirtió. La demanda se basa en que aportó el certificado, cumpliendo el requerimiento en plazo, por lo que concurrirían los requisitos para obtener la nacionalidad.

En los términos que se plantea el recurso debe ser desestimado. El motivo del archivo no es tener antecedentes penales, sino no haber cumplido con un requerimiento legalmente previsto:

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21...

La demandante no se opuso al requerimiento ni lo cumplimentó. Con el escrito de interposición, la demanda y, posteriormente, con el recurso de reposición contra el auto de prueba, la demanda ha aportado diversos documentos con los que pretende acreditar haber cumplido el requerimiento. Sin embargo, no consta el certificado de antecedentes penales ni en el expediente administrativo, ni tampoco entre la documental aportada en el recurso contencioso-administrativo, en la que únicamente consta un correo electrónico remitido a la Administración a través del Colegio de Abogados en el que se dice cumplir con el requerimiento, y posteriores solicitudes de continuar con el procedimiento archivado alegando haber cumplido con lo que había sido requerido.

El incumplimiento del requerimiento determina la adecuación a derecho del archivo acordado. Por otra parte, la ausencia del certificado impide analizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad.

Por lo que la resolución de archivo se ajusta a derecho, a la legalidad que cita, debiendo en consecuencia desestimarse el recurso contencioso-administrativo ( art.70.1 LJCA).

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, han de imponerse las costas a la parte que ve rechazadas sus pretensiones, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 1.000 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.

Por todo lo expuesto