Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 972/2020 de 02 de octubre del 2025

PRIMERO.-Es objeto de impugnación en este recurso la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de fecha 11 de junio de 2.020, RG 4076/2017, que desestima la reclamación económico-administrativa formulada contra los acuerdos de liquidación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes respecto del Impuesto de Sociedades, 2012 a 2014.

SEGUNDO.-Son hechos acreditados en el expediente administrativo los siguientes:

PRIMERO-Con fecha 26-07-2017 tuvo entrada en el TEAC la reclamación económico-administrativa nº 4070/17 interpuesta por la interesada frente a los acuerdos de liquidación de la DCGC de fecha 21-07-2017 respecto de la regularización por operaciones vinculadas y por otros conceptos, respecto de los ejercicios 2012 a 2014.

SEGUNDO.- Con fecha 11.6.2020 dictó el TEAC la resolución (RG 4076/17), impugnada en autos.

TERCERO.-Alega la actora la nulidad de la resolución del TEAC, al entender que el Tribunal Supremo ha resuelto en sentencia de fecha 8 de febrero de 2.021 la cuestión litigiosa, en el sentido de que, los intereses de demora satisfechos por actas de inspección son deducibles. En consecuencia, no procede el ajuste positivo realizado en el ejercicio 2014, único ajuste objeto de discusión en el presente recurso contencioso-administrativo.

El Abogado del Estado, debidamente autorizado por la Dirección General de lo Contencioso de la Abogacía General del Estado ha venido a allanarse a la demanda, sin que entienda procedente la condena en costas, entendiendo que se ajusta lo reclamado al criterio mencionado del Tribunal Supremo, por lo que la resolución del TEAC de 11.6.2020, RG 4076/2017, impugnada en autos no es conforme a derecho en lo que se impugna en este recurso.

CUARTO.-El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado, para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo, por lo que la resolución del TEAC impugnada, y el acuerdo de liquidación en lo que se impugna, deben ser anulados.

QUINTO.En lo relativo a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA .

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

Pues bien, en el caso de autos la Sala considera que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración, dado que, como se ha visto, se ha producido el allanamientode la Administración demandada sin formalizar oposición.

Fallo