Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 272/2021 de 23 de diciembre del 2024

PRIMERO.Es objeto de impugnación en este recurso la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 26 de enero de 2021, que desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta nº4486/2018, interpuesta contra el acuerdo de liquidación de 5 de marzo de 2.018, relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2015, dictado por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, y cuantía de 188.901,15 euros.

SEGUNDO.Alega la actora la nulidad de la resolución del TEAC, así como del acuerdo de liquidación que confirma, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo de fecha 30 de noviembre de 2.021, recurso 4464/2020, y la sentencia de esta Sala de fecha 11.12.2020, recurso 439/2017, que reconocen que el derecho a la compensación de las bases imponibles no es una opción de las contempladas en el art.119.3 de la LGT 58/2003, por lo que no se exige que deba ser aplicada en el período de autoliquidación, pudiendo ejercitarse en cualquier momento, incluso cuando se solicita de forma extemporánea, en fase de comprobación.

Y sobre la base de lo anterior, en la demanda se solicita la anulación de la resolución del TEAC impugnada y la del acuerdo de liquidación que deriva.

TERCERO.El Abogado del Estado, debidamente autorizado por la Dirección General de lo Contencioso de la Abogacía General del Estado ha venido a allanarse a la demanda, sin que entienda procedente la condena en costas habida cuenta de que la doctrina jurisprudencial invocada por la actora sobre el art.119.3 de la LGT 58/2003, se halla consolidada.

CUARTO.El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento,el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento,puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado, para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo.

QUINTO.En lo relativo a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, en Sentencias del Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017), seguida en otras posteriores como la de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6979/2019).

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

Pues bien, en el caso de autos la Sala considera que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración, dado que, como se ha visto, se ha producido el allanamientode la Administración demandada, como consecuencia de la nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre la cuestión.