Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 801/2020 de 27 de junio del 2025

1. Sobre el objeto del recurso.

El presente recurso contencioso-administrativo se dirige frente a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 3 de septiembre de 2019, que acordó "DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del presente recurso".

El acto originariamente impugnado fue la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León de 19 de diciembre de 2018, que resolvió la reclamación interpuesta contra sendos acuerdos dictados por el Inspector Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla y León por los que se practicó liquidación provisional por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010 y contra el acuerdo de imposición de sanción, por importes respectivos de 26.281,66 € y 10.835,50 €.

La resolución que ahora se impugna fundamenta la inadmisibilidad decretada en que el acto impugnado no sobrepasa la cuantía establecida en el artículo 36 del RD 520/2005, "por lo que, de acuerdo con el artículo 229 de la Ley, contra el mismo no cabe recurso de alzada sino recurso contencioso administrativo, como indica la propia resolución recurrida, lo cual conlleva la aplicación del art. 239.4 a) de aquella Ley que establece la inadmisibilidad del recurso cuando se impugnan actos no susceptibles de recurso en vía económico administrativa"(FD CUARTO).

En consecuencia la resolución impugnada acuerda declarar la inadmisibilidad del recurso.

2. Posición de las partes.

Comencemos por decir que en la demanda nada se alega acerca de la inadmisibilidad apreciada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en la resolución que ahora se impugna. Únicamente se refiere la parte a los aspectos relativos al fondo de la regularización practicada.

Así se alega, en primer término, sobre la procedente deducibilidad fiscal de la pérdida, por importe de 143.310,82 €, materializada como consecuencia de la transmisión de la participación en la entidad LEON ACTIVOS AERONÁUTICOS, S.L.; y, en segundo término se refiere la demanda a la improcedencia de los actos de imposición de sanciones en caso de ausencia de dolo o culpabilidad, en particular cuando éstos no estén motivados, así como a la apreciación de una interpretación razonable de la norma.

Nada, como decimos, acerca de la decisión administrativa objeto del recuso.

Sólo en un momento posterior, tras la contestación a la demanda del Abogado del Estado, presentó escrito formalizando una ampliación de demanda, refiriéndose a la estrecha relación entre este procedimiento y el tramitado ante esta misma Sala bajo el nº 593/2020 y aduciendo que es lo que le llevó a que se interpusiera el presente recurso teniendo en cuenta la cuantía conjunta de ambos procedimientos.

Al respecto se alega que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no debe ser obstáculo para su tramitación y es por ello por lo que entiende la demandante que la Sala debe entrar a analizar el fondo del asunto.

El Abogado del Estado en su contestación a la demanda analiza la inadmisibilidad del recurso decretada por el TEAC en la resolución que es objeto de este procedimiento aduciendo que, tal y consta en la resolución recurrida -y se admite por el recurrente cuando fija la cuantía del pleito- la liquidación provisional objeto de litigio tiene un importe de 26.281,66 € y la sanción de 10.835,50 €.

Por ello, con arreglo al artículo 35 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por RD 520/2005, la cuantía de la reclamación se fijó por el Tribunal Regional de Castilla y León en 26.281,66 €, importe del acuerdo de liquidación, acto de mayor cuantía de los dos reclamados (liquidación y sanción). Y, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Revisión el recurso de alzada procede cuando la cuantía de la reclamación supere los 150.000 €, por lo que el recurso de alzada fue correctamente inadmitido y solicita por ello la desestimación del presente recurso.

3. Inadmisibilidad procedente.

Con carácter previo a cualquier análisis sobre el fondo del asunto debemos resolver sobre la inadmisibilidad apreciada en la resolución objeto de la presente impugnación. Y así, partiendo de la cuantía de la reclamación, debemos analizar si el procedimiento en la vía económico-administrativa debió tramitarse como de doble instancia -como por la recurrente se pretende- y, por tanto, cabría recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central o si, por el contrario, correspondía tramitarse en única instancia, de modo que la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional pusiera fin a la vía administrativa, tal y como se entendió en la resolución administrativa impugnada.

Pues bien, está fuera de duda que en este caso la cuantía de la reclamación, incluso aun cuando se considerara la suma del importe de la liquidación y de la sanción conjuntamente, no alcanza la cantidad de 150.000 € que exige el artículo 36 del Reglamento de Revisión Tributaria aprobado por Real Decreto 520/2005 que establece:

"De acuerdo con el artículo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , sobre las competencias de los Tribunales Económico-Administrativos, podrá interponerse recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la reclamación, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, supere 150.000 euros..."

La fijación de tal cuantía fue conocida desde el primer momento por la recurrente, en la medida en que la propia resolución dictada por el Tribunal Regional así se lo indicó, señalando consecuentemente que el procedimiento se tramitaba como "reclamación única instancia general",e indicándose en el pie de recurso que:

"Contra la presente resolución puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de esta notificación. Sin perjuicio del recurso de anulación previsto en el artículo 241 bis de la LGT ..."

Por lo demás, la fijación de esa cuantía coincide con la que se hace en la propia demanda, en que se fija la cuantía de la liquidación en 26.281,66 € y la de la sanción en 10.835,50 €, fijándose la cuantía total del recurso en 37.117,16 €.Es decir, aun sumando ambos importes, la cuantía no llega al umbral de 150.000 € que permiten el recurso de alzada / segunda instancia administrativa.

Por lo tanto, hemos de concluir que el recurso de alzada fue correctamente inadmitido, pues el recurrente debió acudir -como así se le indicó- no en alzada ante el TEAC, sino a la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Castila y León, sede en Valladolid. Sin que en nada pueda obstar a lo anterior la existencia de otras resoluciones de reclamaciones conexas o relacionadas con la que es objeto de la actual impugnación en las que sí se interpuso recurso de alzada al ser su cuantía superior a 150.000 € y a la que se refiere la demandante al invocar otra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central que precisamente fue objeto de otro recurso ante esta misma Sala y Sección, PO nº 593/2020, supuesto en el que, allí sí, se recurrió correctamente en alzada ante el TEAC y que fue resuelto mediante nuestra SAN de 8 de octubre de 2024.

De lo anterior deriva la desestimación del recurso al haber sido el recurso de alzada correctamente inadmitido, sin que proceda entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada.

4. Sobre las costas.

Las costas se impondrán a la parte recurrente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de LJCA.