Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2366/2020 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso; hechos relevantes para la resolución del litigio, y cuestiones litigiosas.

Se dirige este recurso frente a la resolución del TEAC, -expediente 3551/2018-, de 24 de septiembre de 2020, desestimatoria de la reclamación deducida contra la liquidación, de 29/5/2018, de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por el Impuesto sobre Sociedades (IS) de los ejercicios 2006 a 2015 (inclusive) del Grupo de Consolidación Fiscal 226/06, del que es sociedad dominante.

Esta liquidación concluyó el procedimiento de recuperación de ayudas de estado en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión (UE) 2015/314, de la Comisión Europea, de 15 de octubre de 2014, denominada "Tercera Decisión", relativa a la ayuda estatal S.A. 35550, consistente en la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras.

No es necesario referirse a los elementos de hecho de esta regularización porque figuran extensamente en la liquidación y en la resolución del TEAC, y no han dado lugar a controversia alguna.

Si, en cambio, es necesario resaltar que esta liquidación se basó en la afirmación de que se realizaba "en cumplimiento de lo previsto en la III Decisión de la Comisión de la UE de 15 de octubre de 2014, asunto S.A. 3550 (2014 CR), procediendo la recuperación de las cantidades resultantes de la amortización del fondo de comercio financiero que en los ejercicios 2006 a 2015 minoraron las bases imponibles del contribuyente consecuencia de las dos operaciones llevadas a cabo en febrero de 2006".

La resolución del TEAC, además de resolver otros dos motivos que claramente estaban condicionados por el tercer motivo de la reclamación, resolvió sobre lo alegado por la entidad recurrente de que la tercera decisión estaba impugnada ante los Tribunales europeos, entendiendo que habrá que estarse a lo que resultara de esta impugnación llevada a cabo por España, pero, a los fines de la reclamación, entendió que la tercera decisión, pese a estar impugnada, es de inmediata y obligada aplicación de los Estados miembros, -conforme a las normas de derecho de la Unión que citó (irrelevantes para resolver ahora el conflicto)-, independientemente de que España haya solicitado la anulación de la decisión al Tribunal General de la Unión Europea.

SEGUNDO.- La sentencia de 26 de junio de 2025 del Tribunal de Justicia de la UE, -ECLI:EU:C:2025:487 -, y su repercusión en la presente resolución.

Como hemos dicho, la liquidación y la resolución del TEAC impugnadas se basaron en la obligación que pesaba sobre España de recuperar las deducciones previstas en el artículo 12.5 TRLIS provenientes de las dos operaciones de 2006 (citadas en la liquidación), al haber sido consideradas ayudas de estado incompatibles con el derecho de la UE por la tercera decisión de la Comisión de la UE, de 15 de octubre de 2014 (decisión (UE) 2015/314, relativa a la ayuda estatal S.A. 35550).

Esta tercera decisión, como soporte jurídico de la liquidación que ahora enjuiciamos, fue anulada por cinco sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, de 27 de septiembre de 2023, que han sido confirmadas en casación por la sentencia del TJUE de 26 de junio de 2025.

La Comisión Europea había considerado en 2014 (tercera decisión) que el artículo 12.5 TRLIS 2004, es una ayuda de estado, incompatible con el mercado común a efectos de las ayudas concedidas a los beneficiarios al realizar adquisiciones intracomunitarias, y obligaba a las beneficiarias a su devolución y a España a su recuperación.

El Tribunal General había anulado en 2023 la tercera decisión de la Comisión de la UE, en esencia, porque no se trataba de una ayuda nueva y porque, en relación con los beneficiarios, se habían vulnerado los principios de protección de la confianza legítima, de los actos propios y de seguridad jurídica, doctrina y decisión que ha sido confirmada por el TJUE desestimando los motivos de casación invocados por la Comisión Europea recurrente.

Así las cosas, la liquidación y la resolución del TEAC carecen del necesario soporte normativo y han de ser anuladas, por no ajustarse a derecho.

En fin, no tiene relevancia alguna para la decisión de este recurso el acuerdo de ejecución de procedimiento amistoso MAP 02/20, que se nos trasladó por la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes el 16/1/2023, porque, como sostuvo la Abogacía del Estado, en nada afecta al fondo del asunto de la recuperación de la ayuda de estado, y por tanto a la legalidad de esta decisión, sin perjuicio de la incidencia que pueda tener la anulación de la liquidación y en ella este acuerdo amistoso, lo que excede el ámbito de la ejecución de esta sentencia.

TERCERO.- Costas.

La complejidad del asunto ha venido dada por la existencia de serias dudas de derecho, que se han reflejado en la necesidad de condicionar nuestra decisión a la sentencia del TJUE que resolvió el recurso de casación interpuesto contra anterior sentencia del TGUE, que, a su vez, había examinado el ajuste al derecho de la Unión del régimen jurídico español de amortización del fondo de comercio financiero.

Pues bien, estas circunstancias determinan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1º LJCA, que no se imponga las costas a la parte demandada, que resulta vencida en juicio.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,