Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 41/2023 de 11 de marzo del 2025

PR IMERO. Hechos relevantes para la resolución de la alzada.

La sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso ya referida desestimó el recurso interpuesto por el ahora apelante contra la resolución de la Dependencia Especial de la AEAT de Valencia ya referida por la que se inadmite a trámite la solicitud de nulidad de pleno derecho instada por el ahora apelante respecto de los actos dictados en el procedimiento de apremio seguido contra él.

La argumentación de la sentencia apelada para desestimar el recurso es la siguiente:

« (...) la parte actora entiende que se ha incumplido el procedimiento administrativo por defectos en la notificación, sin embargo, no se especifica cuáles han sido los actos que no le han sido notificados y además, los posibles defectos en las notificaciones no afectarían a la validez del acto, sino a su eficacia, por lo que no pueden servir de base a la solicitud de nulidad de pleno derecho, al amparo del artículo 217 de la LGT .

En segundo lugar, se alega la falta de competencia, puesto que el órgano competente para dictar la resolución recurrida sería el Ministro de Hacienda, en lugar del titular del Departamento de Recaudación de la AEAT.

Ta mpoco esta alegación puede prosperar, pues el órgano competente para resolver la resolución impugnada que inadmite a trámite la solicitud al amparo del artículo 217.3 de la LGT , es el titular del Departamento de Recaudación de la AEAT, con arreglo a lo dispuesto en la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre».

SE GUNDO. Motivos del recurso y de oposición.

En desacuerdo con lo decidido en la primera instancia, son tres los motivos esgrimidos en el recurso de apelación:

Primero: El defecto de congruencia de la sentencia recurrida, toda vez que en la demanda se incorpora una estimación distinta de la reclamada por la Administración, que viene avalada por el artículo. 24.1 "in fine" de la Ley 39/2015.

Segundo: La vulneración del principio de jerarquía normativa al justificar la competencia del titular del Departamento de Recaudación de la AEAT en la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre.

Y tercero. Que en el expediente no consta ninguna documentación que ampare el hecho de que el recurrente haya recibido las sucesivas notificaciones o que se haya intentado la notificación.

TE RCERO. El criterio de las Sala sobre las cuestiones planteadas.

Los motivos de apelación no pueden ser acogidos. Veamos por qué:

En cuanto al primero, no existe ninguna clase de incongruencia en la sentencia al no haber entrado en el examen de la eventual diferencia entre las cuantías tomadas en cuenta por la Administración y por el recurrente pues tal cuestión es completamente ajena a la resolución objeto de examen, de inadmisión a trámite de un procedimiento extraordinario de revisión del artículo 217 LGT. Al haberse suscitado tal cuestión en la demanda se había incurrido en desviación procesal.

Por lo que se refiere al segundo motivo, es de notar, ante todo, que los eventuales defectos en la notificación no se especifican. En todo caso, además de que la falta de notificación de la resolución de inadmisión de la solicitud de nulidad no afectaría a la validez del acto, sino a su eficacia, de manera que no podía dar cobertura a la solicitud de nulidad de pleno derecho al amparo del artículo 217 de la LGT, sucede también que los documentos 62 a 120 contienen los acuses de recibos (A.R.) de las notificaciones efectuadas al recurrente. La resolución de inadmisión fue notificada al apelante el 3 de febrero de 2022.

Por lo tanto, a la falta de esfuerzo alegatorio y de fundamentación de la parte ahora apelante cabe añadir una falta de rigor en el examen el expediente administrativo.

Finalmente, reitera la apelante la falta de competencia del órgano autor del acto impugnado, alegando que la Orden Ministerial que regula tal competencia es contraria a la ley. Según el apelante, la competencia para dictar la resolución recurrida corresponde al Ministro de Hacienda, en lugar del titular del Departamento de Recaudación de la AEAT.

Pero olvida el apelante que no nos hallamos ante la resolución de fondo de un procedimiento de revisión de actos nulos ( artículo 217.5 LGT) , sino ante el que decide la inadmisión a trámite de la solicitud en aplicación del artículo 217.3 LGT. La competencia para dictar tal resolución corresponde al órgano competente para la tramitación del procedimiento, según resulta del artículo 4.2 del Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa (real decreto 520/2005) al disponer que «el órgano competente para tramitar el procedimiento podrá dictar acuerdo motivado de inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión en los supuestos previstos en el artículo 217.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria». El órgano de tramitación es el que dictó el acuerdo cuya revisión se pretende y, conforme a la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre (BOE 11-12- 07), por la que se establecen los departamentos de la AEAT y se les atribuyen funciones y competencias, corresponde en este caso dictar tal acuerdo al titular del Departamento de Recaudación.

Así pues, cuanto se viene razonando conduce a la desestimación del recurso de apelación.

CU ARTO. Pronunciamiento sobre las costas.

Al declararse no haber lugar al recurso de apelación, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo 139 antes citado, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por dicha parte recurrida, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cantidad de 2.000 euros por la intervención de la Abogacía del Estado.