Sentencia Contencioso-Administrativo 237/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1/2025 de 16 de abril del 2026

Primero. Marco de la controversia y límites del recurso.

El objeto del presente recurso se ciñe a determinar si la sentencia de instancia incurre en error al confirmar la resolución administrativa que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de pleno derecho presentada por el ahora apelante, en relación con el acuerdo de prórroga de medidas cautelares de 19 de septiembre de 2022.

Corresponde, pues, examinar si concurren -o no- causas de nulidad de pleno derecho de las previstas taxativamente en el artículo 217.1 de la LGT, pues solo la existencia ostensible y palmaria de una causa de nulidad radical podría justificar la revisión de un acto firme por esta vía excepcional.

Segundo. Sobre la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sostiene el apelante que la falta de notificación en el domicilio que designó en un procedimiento administrativo previo habría impedido su conocimiento formal del acuerdo de prórroga de medidas cautelares.

Sin embargo, tal alegación no puede prosperar por dos razones esenciales:

El procedimiento del que trae causa el acuerdo cuya nulidad se pretende -la adopción y prórroga de medidas cautelares tributarias- es un procedimiento iniciado de oficio, en el que el artículo 110.2 de la LGT permite válidamente la práctica de notificaciones en el domicilio fiscal del obligado tributario o en otros lugares adecuados a tal fin.

Así lo recuerda el Abogado del Estado al oponerse a la apelación, enfatizando que la AEAT actuó conforme al régimen de notificación propio de procedimientos de oficio.

El juzgado de instancia constató, con base en el expediente, que los intentos de notificación se realizaron tanto en el domicilio fiscal como en el domicilio obrante en el padrón municipal, sin éxito por causas no imputables a la Administración, lo que habilitaba la notificación por edictos, conforme a los artículos 112 y siguientes de la LGT.

No se aprecia, por ello, la existencia de un supuesto de indefensión material que integre una vulneración constitucional determinante de nulidad radical.

Tercero. Sobre la invocada causa de nulidad por prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido.

El apelante sostiene que la AEAT "prescindió absolutamente" del procedimiento legal de notificación al no intentarla en el domicilio que indicó en un recurso de reposición previo.

Sin embargo, a diferencia de los procedimientos iniciados a instancia de parte, en los procedimientos de oficio la Administración no está obligada a ceñirse al lugar designado por el interesado, sino que debe atender a lo dispuesto en el artículo 110.2 LGT, tal como razonó el juzgado de instancia y sostiene el abogado del Estado.

La actuación administrativa fue diligente, acumulando intentos en dos domicilios distintos -fiscal y de padrón- antes de acudir a la notificación por comparecencia, cuya validez no se desvirtúa con la mera alegación de que el aviso de retirada no fuera conocido por el recurrente.

Por consiguiente, aun de apreciarse alguna irregularidad formal, no nos hallaríamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho, sino, en su caso, ante una eventual causa de anulabilidad que debió hacerse valer en sede administrativa u económico administrativa ordinaria, y no en revisión excepcional.

Por otra parte, el recurrente invoca resoluciones de otros juzgados centrales que estimaron recursos interpuestos por él mismo en litigios semejantes.

Ahora bien, como advirtió el abogado del Estado, las circunstancias fácticas y jurídicas de aquellos procedimientos no son necesariamente coincidentes con las que concurren aquí; la existencia de un pronunciamiento estimatorio previo no convierte la cuestión debatida en un caso de nulidad radical automático en el resto de procedimientos del interesado; y, en todo caso, la nulidad de actuaciones por defectos de notificación requiere siempre un examen individualizado de cada expediente.

Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.

Cuarto. Pronunciamiento sobre costas.

Al declararse no haber lugar al recurso de apelación, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo 139 antes citado, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por dicha parte recurrida, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cantidad de 1.500 euros por la intervención del Abogado del Estado.

Primero. Marco de la controversia y límites del recurso.

El objeto del presente recurso se ciñe a determinar si la sentencia de instancia incurre en error al confirmar la resolución administrativa que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de pleno derecho presentada por el ahora apelante, en relación con el acuerdo de prórroga de medidas cautelares de 19 de septiembre de 2022.

Corresponde, pues, examinar si concurren -o no- causas de nulidad de pleno derecho de las previstas taxativamente en el artículo 217.1 de la LGT, pues solo la existencia ostensible y palmaria de una causa de nulidad radical podría justificar la revisión de un acto firme por esta vía excepcional.

Segundo. Sobre la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sostiene el apelante que la falta de notificación en el domicilio que designó en un procedimiento administrativo previo habría impedido su conocimiento formal del acuerdo de prórroga de medidas cautelares.

Sin embargo, tal alegación no puede prosperar por dos razones esenciales:

El procedimiento del que trae causa el acuerdo cuya nulidad se pretende -la adopción y prórroga de medidas cautelares tributarias- es un procedimiento iniciado de oficio, en el que el artículo 110.2 de la LGT permite válidamente la práctica de notificaciones en el domicilio fiscal del obligado tributario o en otros lugares adecuados a tal fin.

Así lo recuerda el Abogado del Estado al oponerse a la apelación, enfatizando que la AEAT actuó conforme al régimen de notificación propio de procedimientos de oficio.

El juzgado de instancia constató, con base en el expediente, que los intentos de notificación se realizaron tanto en el domicilio fiscal como en el domicilio obrante en el padrón municipal, sin éxito por causas no imputables a la Administración, lo que habilitaba la notificación por edictos, conforme a los artículos 112 y siguientes de la LGT.

No se aprecia, por ello, la existencia de un supuesto de indefensión material que integre una vulneración constitucional determinante de nulidad radical.

Tercero. Sobre la invocada causa de nulidad por prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido.

El apelante sostiene que la AEAT "prescindió absolutamente" del procedimiento legal de notificación al no intentarla en el domicilio que indicó en un recurso de reposición previo.

Sin embargo, a diferencia de los procedimientos iniciados a instancia de parte, en los procedimientos de oficio la Administración no está obligada a ceñirse al lugar designado por el interesado, sino que debe atender a lo dispuesto en el artículo 110.2 LGT, tal como razonó el juzgado de instancia y sostiene el abogado del Estado.

La actuación administrativa fue diligente, acumulando intentos en dos domicilios distintos -fiscal y de padrón- antes de acudir a la notificación por comparecencia, cuya validez no se desvirtúa con la mera alegación de que el aviso de retirada no fuera conocido por el recurrente.

Por consiguiente, aun de apreciarse alguna irregularidad formal, no nos hallaríamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho, sino, en su caso, ante una eventual causa de anulabilidad que debió hacerse valer en sede administrativa u económico administrativa ordinaria, y no en revisión excepcional.

Por otra parte, el recurrente invoca resoluciones de otros juzgados centrales que estimaron recursos interpuestos por él mismo en litigios semejantes.

Ahora bien, como advirtió el abogado del Estado, las circunstancias fácticas y jurídicas de aquellos procedimientos no son necesariamente coincidentes con las que concurren aquí; la existencia de un pronunciamiento estimatorio previo no convierte la cuestión debatida en un caso de nulidad radical automático en el resto de procedimientos del interesado; y, en todo caso, la nulidad de actuaciones por defectos de notificación requiere siempre un examen individualizado de cada expediente.

Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.

Cuarto. Pronunciamiento sobre costas.

Al declararse no haber lugar al recurso de apelación, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo 139 antes citado, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por dicha parte recurrida, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cantidad de 1.500 euros por la intervención del Abogado del Estado.

Primero. Marco de la controversia y límites del recurso.

El objeto del presente recurso se ciñe a determinar si la sentencia de instancia incurre en error al confirmar la resolución administrativa que declaró inadmisible la solicitud de nulidad de pleno derecho presentada por el ahora apelante, en relación con el acuerdo de prórroga de medidas cautelares de 19 de septiembre de 2022.

Corresponde, pues, examinar si concurren -o no- causas de nulidad de pleno derecho de las previstas taxativamente en el artículo 217.1 de la LGT, pues solo la existencia ostensible y palmaria de una causa de nulidad radical podría justificar la revisión de un acto firme por esta vía excepcional.

Segundo. Sobre la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sostiene el apelante que la falta de notificación en el domicilio que designó en un procedimiento administrativo previo habría impedido su conocimiento formal del acuerdo de prórroga de medidas cautelares.

Sin embargo, tal alegación no puede prosperar por dos razones esenciales:

El procedimiento del que trae causa el acuerdo cuya nulidad se pretende -la adopción y prórroga de medidas cautelares tributarias- es un procedimiento iniciado de oficio, en el que el artículo 110.2 de la LGT permite válidamente la práctica de notificaciones en el domicilio fiscal del obligado tributario o en otros lugares adecuados a tal fin.

Así lo recuerda el Abogado del Estado al oponerse a la apelación, enfatizando que la AEAT actuó conforme al régimen de notificación propio de procedimientos de oficio.

El juzgado de instancia constató, con base en el expediente, que los intentos de notificación se realizaron tanto en el domicilio fiscal como en el domicilio obrante en el padrón municipal, sin éxito por causas no imputables a la Administración, lo que habilitaba la notificación por edictos, conforme a los artículos 112 y siguientes de la LGT.

No se aprecia, por ello, la existencia de un supuesto de indefensión material que integre una vulneración constitucional determinante de nulidad radical.

Tercero. Sobre la invocada causa de nulidad por prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido.

El apelante sostiene que la AEAT "prescindió absolutamente" del procedimiento legal de notificación al no intentarla en el domicilio que indicó en un recurso de reposición previo.

Sin embargo, a diferencia de los procedimientos iniciados a instancia de parte, en los procedimientos de oficio la Administración no está obligada a ceñirse al lugar designado por el interesado, sino que debe atender a lo dispuesto en el artículo 110.2 LGT, tal como razonó el juzgado de instancia y sostiene el abogado del Estado.

La actuación administrativa fue diligente, acumulando intentos en dos domicilios distintos -fiscal y de padrón- antes de acudir a la notificación por comparecencia, cuya validez no se desvirtúa con la mera alegación de que el aviso de retirada no fuera conocido por el recurrente.

Por consiguiente, aun de apreciarse alguna irregularidad formal, no nos hallaríamos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho, sino, en su caso, ante una eventual causa de anulabilidad que debió hacerse valer en sede administrativa u económico administrativa ordinaria, y no en revisión excepcional.

Por otra parte, el recurrente invoca resoluciones de otros juzgados centrales que estimaron recursos interpuestos por él mismo en litigios semejantes.

Ahora bien, como advirtió el abogado del Estado, las circunstancias fácticas y jurídicas de aquellos procedimientos no son necesariamente coincidentes con las que concurren aquí; la existencia de un pronunciamiento estimatorio previo no convierte la cuestión debatida en un caso de nulidad radical automático en el resto de procedimientos del interesado; y, en todo caso, la nulidad de actuaciones por defectos de notificación requiere siempre un examen individualizado de cada expediente.

Así pues, cuanto se lleva razonando conduce a la desestimación del recurso.

Cuarto. Pronunciamiento sobre costas.

Al declararse no haber lugar al recurso de apelación, procede imponer a la parte recurrente las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo 139 antes citado, atendiendo a la índole del asunto y a la actividad desplegada por dicha parte recurrida, procede limitar la cuantía de la condena en costas a la cantidad de 1.500 euros por la intervención del Abogado del Estado.