Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 336/2022 de 16 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Ministerio de Justicia de fecha 26 de Julio de 2021 de archivo por desistimiento de su petición de adquisición de la nacionalidad española; posteriormente, se dictó resolución de fecha 12 de Mayo de 2023 por la que se desestima expresamente el recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución.

La resolución de archivo por desistimiento contiene como único razonamiento que "Con el fin de resolver adecuadamente la solicitud, se le requirió la aportación de determinados documentos al expediente, concediéndole para ello un plazo de tres meses y con expresa advertencia de que de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistido en su petición.

Habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida, procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia".

La resolución que desestima el recurso de reposición se limita a afirmar que: "Comprobado que la documentación no ha sido aportada al expediente en los términos en que le fue requerida, esta Dirección General HA RESUELTO: DESESTIMAR el recurso de reposición y confirmar la resolución recurrida."

SEGUNDO.- La parte recurrente afirma que recibió un primer requerimiento de documentación con fecha 30 de Julio de 2019 que fue respondido el día 29 de Octubre de ese mismo año

Posteriormente, recibió otro requerimiento de información de fecha 26 de Noviembre y que, sin embargo, fue respondido el día 22 de Febrero de 2021.

Afirma que la tardanza en la presentación del escrito de subsanación, ha respondido a la imposibilidad de aportarlo "como consecuencia de la inadmisible lentificación de la burocracia venezolana así como también de los efectos derivados de la pandemia por COVID19, motivos por los cuales, su aportación ha sido verificada en su momento posterior al término del emplazamiento impuesto por el requerimiento y previo al del acuerdo de archivo, no pudiéndose colegir por ello, una conducta renuente al cumplimento de lo solicitando ni tampoco presumido el abandono de la solicitud adquisición la nacionalidad española por residencia".

El Abogado del Estado solicita la desestimación de la demanda sobre la base del siguiente argumento: En el presente caso, resulta acreditado que no se cumplió el requerimiento efectuado por lo que el recurrente debe entenderse desistido de su pretensión.

TERCERO. -En el caso presente, del análisis del expediente administrativo resulta que la recurrente, con su escrito de solicitud de nacionalidad española aportó su tarjeta de residencia, el certificado de nacimiento y los antecedentes penales de su país.

Posteriormente, aportó su pasaporte y el certificado de haber superado la prueba de conocimientos socioculturales expedido por el instituto cervantes

Se le dirigieron dos requerimientos, el de fecha 30 de Julio de 2019 (que contestó el día 20 de Octubre) y el de fecha 26 de Noviembre de 2019 que contestó en fecha 22 de Febrero de 2021 aportando su tarjeta de residencia española y el certificado de nacimiento de su país debidamente apostillado y diligenciado.

No se puede compartir el criterio de la resolución que desestima el recurso de reposición que se limita a afirmar que "Comprobado que la documentación no ha sido aportada al expediente en los términos en que le fue requerida". Es cierto que el requerimiento de información fue contestado fuera de plazo pero eso no justifica que se archive su petición cuando el retraso está justificado por la tardanza de la autoridades venezolanas y las complicaciones derivadas del COVID.

CUARTO. -De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ,las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente hasta el límite de 1.000 euros.

Fallo